Alejandro Ahumada R.

Un nuevo informe de la Contraloría Regional de Antofagasta reveló graves deficiencias de control al interior del Servicio de Salud Antofagasta (SSA) en la adjudicación de diversos insumos clínicos y servicios anexos durante la primera ola de la emergencia sanitaria.

Entre las conclusiones del informe final N° 676, el órgano contralor determinó que el SSA contrató, vía directa y sin fundamentos, a diez empresas que carecían de experiencia comprobada en el sector de salud por un monto total que superan los $438 millones.

El hecho reitera la situación evidenciada por la misma Contraloría a principios de noviembre donde concluyó que el Hospital Regional también contrató a proveedores de reciente constitución o que cambiaron su giro durante el primer semestre del 2020.

Empresas no calificadas

Respecto a la contratación de empresas no calificadas, el informe sostiene que la revisión del portal del SII evidenció que dos proveedores modificaron su giro comercial en forma posterior a la emisión de la orden de compra, mientras que ocho empresas cambiaron su giro poco antes de los contratos, lo que pone en duda la decisión del SSA de haber solicitado cotizaciones a dichos proveedores.

Y si bien el SSA, en su respuesta a la Contraloría, no se pronunció sobre los motivos que originaron la selección de dichos proveedores, sostuvo que el proceso de compras fue modificado a principios de agosto del 2020 y permitió asignar funciones al departamento de compras y logística para que validara los antecedentes en las adquisiciones.

La medida, sin embargo fue desestimada por la Contraloría por cuanto pese a lo indicado, se evidenciaron órdenes de compras emitidas a proveedores sin experiencia en el rubro, con posterioridad al 6 de agosto.

"El Servicio deberá, en lo sucesivo, procurar que los proveedores contratados mediante trato directo tengan negocios de naturaleza similar a los que son objeto de la contratación y respecto de los cuales se tenga una cierta expectativa de su interés en participar, dando con ello cumplimiento a lo establecido en los artículos 45 y 47 del decreto Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda", señala el informe.

Para Myrna Palma, secretaria del gremio de la Fenpruss del SSA, el hecho revela la falta de procedimientos actualizados que permitan certificar la experiencia y calidad de servicios ofertados.

"Como dirigentes valoramos el trabajo realizado por la Contraloría en orden de indagar en estos contratos. Nos parece preocupante que se puedan hacer estos tratos directos sin que nadie se haga cargo. Y esto es porque no existen procedimientos vigentes, perfeccionados, que den garantías que sea un proceso transparente y no dirigido", indicó.

Test rápidos

Dentro de los diversos insumos adquiridos en pandemia, el de mayor cuantía correspondió a la compra de 5.800 test rápidos realizado a la empresa "Comercial y Servicios PGCA", por un valor total de $84.894.600. Creada en el 2013 como empresa para actividades recreativas y de esparcimiento, "Comercial PGCA" cambió su giro el 4 de abril del 2020, tres meses antes de recibir la primera -de tres- órdenes de compra realizadas por el SSA y el HRA.

Cabe indicar que de acuerdo a la documentación existente, la representante legal de PGCA, Silvana Herrera, también representa a la empresa Adytum HRA la que se encuentra en una disputa judicial con el SSA luego que presentara una demanda civil por el no pago de diversos servicios de consultoría.

Dichas consultorías fueran criticadas y denunciadas por los representantes gremiales ante la Contraloría por la baja calidad de los estudios entregados y la nula factibilidad de sus aportes.

"Nosotros requerimos que el servicio cuente con unos procedimientos y estándares claros, transparentes que permitan definir los mejores proveedores. No hay que olvidar que se trata de servicios que van en directa relación con la salud de las personas", sostuvo la dirigenta.

Gastos no acreditados

Otra de las conclusiones del informe apunta a gastos que no pudieron ser acreditados por un monto de $70.938.905. La situación se habría originado a raíz que el SSA cursó los pagos tomando en consideración informes de recepción que no detallan las tareas realmente realizadas

"Al respecto, esa repartición pública deberá remitir a esta Sede Regional, los documentos de respaldo por la suma antes indicada que permitan acreditar la efectiva prestación del servicio, en un plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción de este documento", advierte el informe. De no dar respuesta, la CRR anunció que abrirá un juicio de cuentas para los responsables.

Pese a lo requerido por este diario, el SSA no emitió declaraciones al respecto.

Un concejo municipal extraordinario realizó ayer la Municipalidad de Antofagasta, con el objetivo de que los ediles manifestaran su voluntad respecto a la idea de modificar la ordenanza 01/2004, que regula el comercio ambulante en la zona céntrica de la comuna.

En esta sesión, el alcalde de la comuna, Jonathan Velásquez, presentó un video introductorio sobre el comercio informal en el centro, en el cual se afirmó que la situación "está descontrolada" y que solucionar esta problemática se ha vuelto cada vez más difícil.

Respecto a estos cambios, la autoridad comunal comentó que "sabemos que hay tradiciones, no vamos a negar los permisos al señor que vende pilas para relojes, a la señora que comercia papel de regalo afuera de un supermercado, a la familia de "2x100" y un montón de personajes que nunca han molestado a nadie".

Antes, por facebook, el alcalde había compartido un video donde propuso hacer una modificación en la ordenanza que multe a los compradores del comercio ilegal, y, además, consultó a ciudadanos si están de acuerdo o no con la iniciativa, que según mencionó, se ha realizado en otras ciudades del país. "No más comercio ilegal", sentenció en la publicación. "Yo prometí limpiar el centro, he estado trabajando durante todos estos meses en ello, aquí es fundamental que se trabaje en conjunto", mencionó el alcalde.

Y afirmó que "nuestros inspectores municipales y personal municipal ha sido amenazado y amedrentado, además, aquí tiene que haber un rol predominante y preponderante de los organismos de salud para poder fiscalizar".

El director del departamento de Asesoría Jurídica, Marco Ascencio, explicó que "se está buscando y se ha conversado en mesa de trabajo con concejales, hacer una norma mucho más general, abstracta, inclusiva y que regule de mejor manera de acuerdo a la realidad de la comuna, considerando que la ordenanza actual tiene más de 10 años".

El concejal Luis Aguilera, quien tuvo un agitado diálogo con el alcalde Velásquez, señaló que esta situación la sugirió en la mesa de trabajo, pero no fue escuchado. "Mi intención de revisar cada una de las ordenanzas ha estado desde el día uno. Debemos consensuar con los vecinos, organizaciones territoriales, comercio establecido, Cámara de Comercio y masificar para que sea una ordenanza consensuada con todos", agregó.

Por su parte, el concejal Camilo Kong indicó que está dispuesto a efectuar la modificación, mientras se trabaje en conjunto con los demás ediles, porque aseguró que las reuniones para conversar sobre este tema se solicitaron hace mucho tiempo. Los demás miembros del concejo municipal, también estuvieron de acuerdo respecto a modificar la ordenanza 01/2004, que regula el comercio ambulante en Antofagasta.