Colombia extenderá su Plan Nacional de Vacunación contra covid-19 para incluir "a las personas que transitan por Colombia en zonas fronterizas, indistintamente de su estatus migratorio", según el Ministerio de Salud.

El director de Epidemiología y Demografía de la cartera de Salud, Julián Fernández recordó que los migrantes "con vocación de permanencia", como los casi dos millones de venezolanos que viven en Colombia, ya estaban incluidos en el Plan de Vacunación.

Pero ahora "permite incluir a estos migrantes que se internan en el país transitando hacia otras regiones del continente o que cruzan de manera intermitente a lado y lado de la frontera por razones económicas, por buscar servicios de salud o porque tienen familias binacionales", dijo Fernández.

Según el Gobierno, esta medida, que busca evitar brotes en zonas de frontera, es importante "dadas las bajas coberturas de vacunación que tiene Venezuela, país con el que se comparte la mayor extensión de frontera".

Entre Colombia y Venezuela hay ocho pasos formales de personas, por los que pasan entre 7.000 y 70.000 personas al día, dependiendo la zona.

Además de en los pasos con Venezuela, también habrá puestos de vacunación en las fronteras con Brasil, Ecuador y Perú.

Según las últimas cifras, en Colombia el 50,5% de la población cuenta con el esquema completo de vacunación.

Protestas y pronóstico

En paralelo, unas 20.000 personas protestaron este sábado en Viena contra las restricciones impuestas por covid-19 y la vacunación obligatoria que entrará en vigor en febrero.

Anoche finalizó el confinamiento general, pero la medida continuará para los no vacunados, por lo que acusan una "dictadura" sanitaria.

En tanto, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres difundió un estudio epidemiológico que predice entre 25.000 muertes, en el escenario más optimista, y 75.000, en el más pesimista, por el impacto de la variante ómicron de covid-19 en los próximos cinco meses en Reino Unido, si no se adoptan restricciones más duras.

8 pasos fronterizos hay entre Colombia y Venezuela por donde pasan hasta 70.000 personas al día.

El juez peruano Rafael Martínez resolvió en la última jornada, tras casi tres meses de una audiencia maratónica, abrir un proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por el caso de las esterilizaciones forzadas cometidas durante su mandato a más de 1.300 mujeres, en su mayoría pobres e indígenas.

En la decimoquinta sesión de la audiencia de lectura de resolución, que comenzó el 14 de septiembre, el titular del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional reveló finalmente su fallo y terminó con la incertidumbre de las víctimas, que llevan 25 años a la espera de Justicia.

Martínez decidió investigar en sede judicial a Fujimori y a sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, quien actualmente es congresista del partido fujimorista Fuerza Popular, como autores mediatos (con dominio del hecho) del delito contra la vida, el cuerpo y la salud; lesiones graves, seguidas de muerte, en un contexto de grave violación de derechos humanos.

Para que se inicie el proceso penal contra Fujimori, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Chile tiene que aceptar primero la ampliación de los cargos de la extradición aprobada en 2005, después de que el exmandatario fuese detenido en suelo nacional

La Fiscalía de Perú ya anunció que presentará la solicitud de extradición, y mientras se concreta la respuesta de Chile, el juez ordenó la suspensión del proceso en el caso exclusivo de Fujimori y dio un plazo de 120 días para las diligencias del caso.

Un "HITO"

En la sesión del sábado, Martínez leyó los más de 1.300 nombres de las mujeres a las que se les practicó ligaduras de trompas en contra de su voluntad, quienes celebraron a través de las redes sociales "este primer gran hito en el camino de justicia para las víctimas".

En anteriores audiencias, el magistrado consideró que en las esterilizaciones forzadas hubo responsabilidad de los altos funcionarios involucrados y reiteró que, fruto de estos hechos, se violaron derechos humanos en una estrategia de salud que causó por lo menos cinco muertes, entre ellas la de Mamérita Mestanza, la cara más emblemática del caso.

Según la denuncia fiscal, Fujimori sería el máximo responsable por impulsar las esterilizaciones como un método sistemático de reducción de la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad.

El exmandatario, de 83 años, ya cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad como autor mediato del asesinato de 25 personas en las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas a cargo del grupo militar encubierto Colina.

300.000 esterilizaciones

Las esterilizaciones forzadas ocurrieron durante la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, donde se incrementó ostensiblemente la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), como se les denominó a las ligaduras de trompas y vasectomías.

Durante ese periodo fueron esterilizadas casi 300.000 personas, entre ellas más de 272.000 mujeres y unos 22.000 hombres, según los reportes del Ministerio de Salud recogidos por la Defensoría del Pueblo, pero en la actualidad aún se desconoce cuántas de ellas fueron forzadas.

Por ahora, hay un poco más de 8.000 víctimas inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), que fue abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y funciona desde el año 2016.

Miles de personas salieron ayer a las calles de Buenos Aires para rechazar el acuerdo que el Gobierno argentino negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar multimillonarias deudas con ese organismo.

La manifestación, integrada por más de 100 organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales, ambientales y de derechos humanos, partió desde la céntrica avenida 9 de julio y se dirigió a Plaza de Mayo, en donde se encuentra la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo nacional.

La dirigente nacional del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Cele Fierro, justificó la movilización porque el futuro acuerdo con el FMI, afirmó, se pagará "con el hambre del pueblo".

"La deuda es una estafa completa", reclamó.

Argentina negocia desde el año pasado con el FMI refinanciar deudas que actualmente rondan los 43.300 millones de dólares, derivadas de un acuerdo de auxilio financiero firmado en 2018 entre el organismo y el entonces Gobierno del expresidente Mauricio Macri.

De acuerdo con lo pactado hace tres años, el país debería pagar al FMI, entre capital e intereses, 19.020 millones de dólares el próximo año, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024, compromisos que el Gobierno de Fernández asegura que su país, con serios desequilibrios macroeconómicos, no está en condiciones de afrontar.

El FMI destacó este viernes haber logrado "avances" en las reuniones que durante cinco días un equipo del organismo mantuvo con representantes del Ministerio de Economía y del Banco Central argentino.

Ese mismo día, el presidente argentino, Alberto Fernández, manifestó que "la Argentina del ajuste es historia".

"No somos los que no queremos pagar deuda, tampoco somos los que la tomamos: somos los que tenemos que hacernos cargo de la deuda que nos dejan a nosotros", clamó Fernández en la celebración de 38 años de democracia.