Reducir el Congreso a casi la mitad, pero manteniendo las dos cámaras del parlamento, es el objetivo de la propuesta de norma constitucional ingresada este martes por 8 convencionales de Chile Vamos.

La iniciativa busca que la Cámara de Diputados pase de los 155 integrantes actuales a solo 78, y que el Senado disminuya sus escaños de 50 a 32.

Para la elección de diputados se mantendrían los 28 distritos electorales y se elegiría un mínimo de dos representantes por cada uno de ellos. Los escaños restantes se asignarían proporcionalmente siguiendo criterios demográficos, para lo que se debería dictar una ley orgánica constitucional.

Al igual que en la actualidad, la cámara baja se renovaría por completo cada 4 años.

Para la elección de senadores se plantea que serán dos parlamentarios por región. Tampoco se innova respecto de la duración, ya que el periodo sería de 8 años, renovándose alternadamente cada 4.

"La ampliación de nuestro Congreso no ha sido garantía de nada, por el contrario, la opinión pública y la aprobación del trabajo legislativo en nuestro país están lejos de gozar de su mejor salud. Lo mismo que ocurre con tantas otras instituciones públicas", argumentó el convencional Martín Arrau (Chile Libre), uno de los autores.

"La ciudadanía no quiere más políticos, ni más burocracia, quiere eficacia, quiere trabajo, resultados y el mayor de los cuidados con los recursos públicos que aportan como contribuyentes", agregó.

Rocío Cantuarias, otra de las impulsoras, aseguró que "es necesario que los distintos poderes del Estado actúen con eficiencia y austeridad". A su juicio, "en el Congreso, con la cantidad de parlamentarios que existen hoy, se tramitan proyectos inconstitucionales o no se tramitan normas que son necesarias para satisfacer las necesidades más urgentes de las personas. Es adecuada esta propuesta para fines de eficiencia y austeridad".

Además de ambos convencionales, suscribieron la presentación Margarita Letelier, Teresa Marinovic, Ruth Hurtado, Claudia Castro, María Cecilia Ubilla y Harry Jürgensen.

La propuesta de norma deberá ser discutida por la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía de la Convención Constitucional.

Redacción

El gobierno reiteró su rechazo a la idea de prorrogar por tercera vez la vigencia de la Ley de Servicios Básicos, que impide a las empresas cortar el suministro de luz, agua o gas a los clientes morosos.

La norma surgió en 2020 en medio de la pandemia a partir de varios proyectos de diputados y senadores que apuntaban en la misma línea. Inicialmente contaba con el respaldo del Ejecutivo y en su última modificación se estableció la prohibición de corte hasta el 31 de diciembre de este año.

El ministro de Economía, Lucas Palacios, se manifestó contrario a una nueva extensión del plazo, idea que ya se discute en la Cámara de Diputados. La semana pasada la Sala aprobó en general un proyecto que posterga en un año dicho vencimiento (ver recuadro).

"Ya no estamos en la mitad de la pandemia, así como estábamos el año pasado. Se han habilitado los sistemas de apoyo, las herramientas de apoyo por parte del Estado, y ahora tenemos que ir transitando hacia un nivel de normalidad", aseguró Palacios en radio ADN.

La idea cobró fuerza este lunes luego que algunas empresas decidieran ampliar en 30 días, hasta el 31 de enero, el periodo en que no se podrá suspender el suministro. Así lo anunció Empresas Eléctricas A.G., gremio que agrupa a las distribuidoras de electricidad y la Asociación de Empresas Sanitarias.

"Es muy malo cuando elementos o políticas que son de emergencia se quedan pegadas para siempre, porque finalmente los ciudadanos son los que salen más perjudicados", dijo y agregó que "hay que compensar los distintos objetivos y uno de los objetivos también es hacer que las compañías sean viables y para eso necesitan que se vayan pagando las cuentas".

Según explicó Lucas Palacios, la apuesta del gobierno es lograr la aprobación de otro proyecto de ley que aún no ingresa al Congreso y que propone una fórmula tripartita para saldar las deudas morosas.

"Lo que busca es que esa deuda se cancele con un periodo de tiempo suficiente, 48 meses, que permite hacer el empalme con un pago permanente de las cuentas de los servicios básicos y de esa forma se viabilizarían estas empresas", dijo.

De este modo, las deudas serían prorrateadas en dicho lapso de tiempo, en el que los pagos serán cubiertos por los particulares, el Estado y las mismas empresas, incluyendo además un subsidio para los sectores más vulnerables.