Hace unos días en la región de Tarapaca, la población de la capital se movilizó de manera importante en contra de la situación de inseguridad social que vive la región, siendo señalada la inmigración irregular, como la principal causa del desorden y hacinamiento que se expresa en las calles céntricas, los espacios públicos, y los principales lugares de recreación de la ciudad .

De acuerdo con las cifras de población extranjera en el país, las regiones de Arica -Parinacota, Tarapaca y Antofagasta concentraban hasta diciembre del 2020 el 13,8 % del total de la población extranjera. Sin embargo, el año 2021 el flujo migratorio hacia Chile, a través de las regiones del Norte Grande se aceleró, teniendo como causa principal el efecto amplificador que ha tenido la pandemia sobre la condiciones básicas de vida de una numerosa población que reside en países afectados por catástrofes políticas, económicas, sociales y climáticas.

El efecto amplificador de la pandemia sobre la crisis migratoria transformó la situación en crisis humanitaria, por la forma masiva e irregular de los ingresos, por la ausencia de canales institucionales, políticas públicas, recursos y consensos básicos que permitieran abordar la catástrofe bajo principios civilízatorios. La crisis se expresó en masivos ingresos irregulares y casi total ausencia de espacios de acogida, lo que determinó que el flujo de población migrante fuera descontrolado y canalizado hacia las calles de los principales centros urbanos.

La crisis migratoria, es un drama humanitario que se expresa con particular fuerza en las urbes de tamaño medio del norte de Chile. Enfrentar el fenómeno a partir del próximo gobierno, implicará construir cifras y datos oficiales, políticas públicas con enfoque de derechos humanos, infraestructura mínima de acogida, capacidades estatales eficaces de control, regulación y fiscalización del ingreso de personas al país, lejos de la retórica de construir murallas o zanjas en la frontera.

Desarrollar una política pública migratoria eficaz para tiempos extraordinarios , requiere incorporar los elementos y recursos que la actual normativa vigente desde abril 2021 no consideró .Probablemente, uno de las primeros desafíos que deberá abordar el nuevo gobierno será el deber de combinar los principios humanitarios con la necesidad de políticas de acogida e integración ordenada .

El 1 de febrero venció el plazo para presentar una Iniciativa Popular de Norma Constitucional, la cual debía ser patrocinada por un número determinado de firmas, para acceder a la discusión en la comisión respectiva y luego aprobada por 2/3 de los convencionales para ser incluida en la nueva Carta Magna a ser plebiscitada. En el plazo indicado se presentaron 2.456 iniciativas, de las cuales solo 78 cumplieron con las firmas exigidas. En total participaron en este proceso 980.332 ciudadanos.

El listado estuvo compuesto por un verdadero arcoíris de propuestas tendientes a satisfacer, defender, proteger, promover, etc., todo tipo de principios, valores, necesidades, intereses, preocupaciones, anhelos, carencias, etc. El mosaico postulado cubría de lo humano a lo divino, por decirlo de alguna forma. Dentro de él, sin duda había temas de amplio interés ciudadano, sin embargo, otros no pasaban el cedazo del mínimo criterio ni del espectro atingente a una constitución.

Una de las iniciativas que superaron las firmas requeridas corresponde a la "Nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, litio y oro". Indudablemente el fondo de la señalada propuesta implica, al menos, hacernos la siguiente pregunta ¿contamos con los recursos suficientes para pagar el justo valor de una empresa que ha rentabilizado óptimamente una explotación minera? Si no optamos por un criterio lógico, tanto técnico como económico, estaríamos actuando al borde de una vulgar expropiación, al no cumplir con tratados internacionales y con todos los efectos negativos para la imagen del país y la inversión extranjera. Paralelamente la Comisión de Medioambiente de la Convención aprobó en general la nacionalización de empresas de explotación minera, sin lugar a indemnización. Estimo que esta propuesta, difícilmente superará el piso de los 2/3 de los convencionales necesarios para su aprobación.

Ahora bien, si se quiere obtener una mayor contribución del sector minero, que a mí me parece razonable, el royalty, que ha estado rondando por la cabeza de muchos parlamentarios y sectores políticos por mucho tiempo, es una herramienta de fácil implementación, aceptada universalmente y que no provoca éxodo de capitales extranjeros que son necesarios en proyectos de alta inversión. En todo caso soy de aquellos que aspiran a que, si se aprueba un royalty minero, dicho tributo, mayoritariamente se destine a las comunas en las cuales se extrae el mineral, con el propósito que éste sea invertido en planes de desarrollo locales. Recordemos que existió la Ley del Cobre cuya recaudación favorecía a las localidades en que se explotaban los recursos mineros. Esta Ley fue derogada en el gobierno militar. Un royalty como el señalado vendría a compensar en parte, el perjuicio provocado por la revocada Ley.

Recientemente la Fundación Recrea dio a conocer que un grupo de siete estudiantes que participaban de su programa "Casa de la Juventud" lograron acceder a la educación superior. A través de orientaciones y cursos de formación en distintas áreas la Fundación busca orientar y apoyar a jóvenes que viven en campamentos de Antofagasta y Calama en sus estudios secundarios y, en lo posible, la prosecución de estudios superiores.

La alegría para las familias -en su mayoría migrantes- resulta difícil de cuantificar, mucho más aún cuando en casi todos los casos se trata de estudiantes que son la primera generación de sus respectivas familias, en ingresar a la educación superior con altas probabilidades de acceder a la gratuidad de sus estudios.

Un logro inmenso, sin duda, pero que en el análisis global debería llamar a autoridades y actores de la educación a un mayor debate. Son 7.200 familias las que viven en campamentos. Más de 5 mil estudiantes que, durante más de dos años, han debido lidiar con enormes dificultades para completar sus programas de estudio. Entre los estudiantes que fueron apoyados por la organización se reiteraban los problemas más recurrentes para tener clases telemáticas. Los continuos cortes de energía y la falta de disponibilidad de red de internet en estos sectores. El problema se profundiza si se piensa que para clases presenciales, muchos de ellos deben lidiar con la falta de transporte público y largos traslados.

Y es que pese a los esfuerzos por mejorar la conectividad y el acceso a clases a distancias de la autoridad pública durante la emergencia sanitaria, la extensión del confinamiento, parecen haber profundizado la brecha entre establecimientos públicos y privados a nivel regional. A la espera de las evaluaciones del proceso, se puede indicar como aproximación que del total de 15 máximos puntajes regionales, solo uno correspondió a un establecimiento público de la región.

Tanto expertos como autoridades del sector, coinciden que la presencialidad del aula resulta irremplazable en el proceso pedagógico.

Es de esperar que esos acuerdos y el horizonte de un nuevo pacto social, sirvan de orientadores a la hora de construir las condiciones que permitan a estudiantes acceder a una mejor educación, independiente de su origen y condición social