Cristián Venegas M.

La aprobación en general de la norma constitucional para la nacionalización de la minería del cobre, litio y otros minerales, por parte de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, puso en alerta a la industria que rechazó de plano la iniciativa pues supondría, más que la nacionalización de recursos estratégicos que ya pertenecen al Estado, la expropiación de las empresas mineras.

Rechazo que ha sido liderado activamente, entre otros, por el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, gremio que agrupa a 76 empresas de la mediana y gran minería nacional, proveedores, y a más de dos mil pequeños empresarios a través de 38 asociaciones regionales; quien sostiene que una norma de este tipo difícilmente prosperará.

¿Cómo recibe Sonami la norma que nacionalizaría recursos mineros como el cobre y el litio?

- Esto es una iniciativa de norma de ocho convencionales que se presentó en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que fue aprobada por mayoría simple. Es una primera etapa para una iniciativa de ese tipo, después debe ir al pleno y ahí se tiene que aprobar por dos tercios y nosotros creemos que eso difícilmente se pueda aprobar, creo que esa iniciativa probablemente no va a prosperar.

Pero lo grave es la señal que le manda al país, al mercado y los inversionistas, que te dice que es una expropiación, porque en el fondo la Constitución dice que los recursos naturales son del Estado. Entonces no es una nacionalización de recursos, es una expropiación de las empresas que están trabajando y explotando esos recursos.

Es una pésima señal, porque la coyuntura política ya estaba compleja y con mayor razón las empresas van a esperar la nueva constitución antes de pensar en volver a invertir, para ver el tema de la seguridad jurídica y la institucionalidad.

Se ha hablado de "evidentes errores jurídicos" ¿Cuáles son esos desaciertos?

-La Convención tiene que respetar, no muchas cosas, pero cuatro cosas que son fundamentales: que Chile tiene que ser una democracia y una república, respetar los tratados internacionales que el Estado ha firmado; respetar también la cosa juzgada en tribunales y resulta que todos los derechos mineros son otorgados por un juez. Entonces eso sería un error, y lo otro es que se ha dicho que no respetarían los tratados internacionales y el Ciadi, que es el organismo de arbitraje en caso de conflicto internacional de estas inversiones, y ese es un segundo punto que tampoco se respeta, además de no respetar la constitución actual porque se establece un mecanismo distinto por indemnización por el hecho de estar expropiando.

Por todas estas cosas, naturalmente, si llegase a suceder eso habría una serie de juicios contra el Estado de Chile, que el Estado perdería. Entonces no se miden las consecuencias.

Esta norma, que todavía está en una etapa muy prematura ¿Podría alejar o congelar ya las inversiones?

-De todas maneras, es decir, creo que no hay ninguna empresa minera que esté pensando en hacer alguna inversión importante hasta no aclarar todos estos puntos, no tener la nueva constitución y no tener restablecida una seguridad jurídica mínima para poder garantizar las inversiones, o sea, de todas maneras Chile va a perder todo este año en cuanto a inversión minera.

Siempre hay algunas inversiones que las empresas tienen que seguir haciendo, pero son inversiones para poder mantener las plantas, las minas, en funcionamiento, por ejemplo recambio de algunos equipos mineros, ese tipo de cosas.

De aprobarse la nacionalización ¿Chile tiene la espalda suficiente para pagar las indemnizaciones?

-Ninguna y tampoco ninguna necesidad de tener ese tipo de gasto que sería de última prioridad para un gobierno, porque traería puros problemas y no más prosperidad económica en el corto, mediano ni tampoco en el largo plazo

¿Coincide con la futura ministra de Minería, Marcela Hernando, en que Chile ha sido demasiado dadivoso en las condiciones que estableció para la minería y que sus ganancias son estratosféricas?

-Creo que son declaraciones sin haber hecho un análisis de la cifras y de las rentas verdaderas. Chile, después de la nacionalización de 1971, le costó volver a atraer a la inversión extranjera al país y eso se logró a fines de los años 80 a principios de los 90, y para volver a atraer la inversión minera tuvo que haber una institucionalidad reforzada en cuanto a la propiedad minera, el Código de Minería, de manera que le diera seguridad a los potenciales inversionistas.

Además de un fomento para que viniera la inversión, es decir, condiciones especiales de estabilidad tributaria, etc., o sea el país tuvo que hacer un esfuerzo para tener condiciones favorables para que viniera la inversión minera, y en la medida que vino y que fue creciendo paulatinamente el parque productivo, esas condiciones fueron cambiando y haciéndose más estrictas.

Entonces, con lo que está pasando ahora, si alguna de estas normas se materializa, va a volver a pasar lo mismo, se va a ir la inversión extranjera y para volver a traerla van a tener que colocar condiciones especiales, esa es la tragedia de todo esto, porque se está destruyendo todo ese camino andado.

No se puede comparar las condiciones de los años 90 con las condiciones del año 2021, no son las mismas y si ella cree que efectivamente las condiciones de los noventa fueron dadivosas, especiales, no son las que existen ahora.

Hernando postula además que las empresas tienen estrategias para disminuir sus tributaciones.

-Muchos políticos, mucha gente habla, sin hacer ningún análisis, que las empresas pueden trampear, pueden exportar a valores inferiores al valor de mercado y eso no es efectivo. Tenemos controles de Aduana, del Servicio de Impuestos Internos, Cochilco, Sernageomin, es decir, toda la institucionalidad relacionada con la minería y el control de la empresas, que controlan las exportaciones mineras, o sea, esa sí que es una falacia, que las empresas trampean, porque no es así.

El año pasado hicimos, junto con la Universidad de Chile y la Universidad Católica, varios seminarios y uno de ellos fue, justamente, el control de las exportaciones y ahí estuvo un especialista de concentrados, hizo una presentación, estuvo Aduanas, SII y Cochilco, mostrando todos los controles que hacen. Entonces recomendaría que vieran eso y si tienen dudas que vuelvan a preguntar, porque no se pueden tomar medidas como poner una tasa de impuesto más alta para poder compensar lo que perdemos porque trampean, esa no es la manera de solucionar las cosas, la manera es con control y nada más.

"No hay ninguna empresa que esté pensando en hacer alguna inversión importante hasta no aclarar todos estos puntos, no tener la nueva constitución y no tener restablecida una seguridad jurídica". "Esa es una pésima señal, porque la coyuntura política ya estaba compleja y con mayor razón las empresas van a esperar la nueva constitución antes de pensar en volver a invertir". "Con lo que está pasando ahora, si alguna de estas normas se materializa, va a volver a pasar lo mismo, se va a ir la inversión extranjera y para volver a traerla van a tener que colocar condiciones especiales".

01/02 se aprobó la norma que nacionaliza las empresas de explotación y exploración de bienes estratégicos.

1883 fue fundada la Sonami (138 años), que actualmente es presidida por el ingeniero civil Diego Hernández.

76 empresas de la mediana y gran minería, proveedoras y 38 asociaciones regionales, suma la Sociedad.