Consejo Minero advierte que con normas que se discuten "no puede haber minería"
CONVENCIÓN. El presidente ejecutivo Joaquín Villarino sostuvo que la Región de Antofagasta, donde 57 mil personas trabajan en el sector, debiera ser la más preocupada por la dirección que toma la discusión.
Se estima que en Antofagasta existen 1.500 empresas proveedoras de la pequeña, mediana y gran minería, unos 57 mil trabajadores directos e indirectos en una industria que además representa el 60% del producto interno bruto (PIB). Antecedentes más que suficientes, a juicio del presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, para que la región esté preocupada por la dirección que ha tomado la discusión en la Convención Constituyente respecto a la minería.
Es que, según aseguró el ejecutivo, la propuesta de nacionalización de los recursos naturales estratégicos no renovables, como el cobre y el litio, es un problema menor en comparación con el grupo de normas constitucionales (algunas ya aprobadas en comisión), que impedirían el desarrollo de la industria. "Con estas normas no puede haber minería", advirtió sobre este proceso el timonel del gremio, que produce el 95% del cobre nacional.
Motivo de alerta
"Los que debieran estar más preocupados debieran ser las miles de personas que viven directa o indirectamente del sector minero y en especial las regiones mineras como Antofagasta. Debieran tener una preocupación relevante porque el conjunto de normas que se están discutiendo en la Convención, algunas de ellas ya aprobadas por la Comisión de Recursos Naturales y Modelo Económico, son normas que en definitiva están llevando a que no pueda haber más minería en el país", sostuvo Villarino sobre el riesgo que a su parecer supone algunas normas.
En este sentido, el ejecutivo dijo que ya no se trata de un tema de nacionalizar o no nacionalizar la minería, pues las normas constitucionales que se discuten "son impedimentos para el desarrollo de la actividad". Es por esto, insistió, que "la preocupación debe estar en las regiones mineras, que tienen una vocación minera histórica, que tiene un ADN vinculado con la actividad minera, en que más del 60% del PIB, en el caso de Antofagasta, y más del 50% de su fuerza laboral, está vinculado con el sector".
Normas que preocupan
En relación a las iniciativas que mayor preocupación genera en el sector, el timonel del Consejo precisó que se trata de tres grupos de norma "que harían imposible el desarrollo de la actividad minera". Entre estas, el debilitamiento del marco jurídico, pues "existen aprobadas disposiciones que tienden a cambiar el régimen de otorgamiento de las concesiones, de exploración y explotación por la vía judicial, a uno de carácter administrativo, poniendo plazos de duración, lo que abre espacios de incertidumbre tremenda", sobre todo en los pequeños y medianos mineros, explicó.
Un segundo grupo de propuestas tiene que ver con el efecto retroactivo de las normas, "esto afecta a toda la industria que está funcionando actualmente, es decir, no es aquello que va a ocurrir, sino lo que ha ocurrido también. De hecho, se aprobó una norma en esta misma comisión de un régimen transitorio y por lo tanto en pocos años van a caducar todos los derechos de exploración y explotación, para pasar a un régimen concesionado, burocrático, administrativo, lleno de incertezas y que requiere una regulación nueva y eso va a significar un parón tremendo para la actividad minera, porque nadie sabrá cuáles van a ser las reglas".
El tercer término figura la caducidad de derechos, al respecto Villarino dijo que está en entredicho los derechos de exploración y explotación, sino que además los de agua. "La minería ha hecho un tremendo esfuerzo por ir mutando desde el consumo de agua continental a agua de mar desalada y sin desalar y de aquí a cinco años el 50% de nuestro consumo va a venir de agua de mar, pero se abre esta nueva incertidumbre, porque todos los derechos caducan", detalló.
Asimismo, están todos los derechos que reclaman los pueblos originarios, y "en el país existe incertidumbre total sobre cuáles son los territorios que le pertenecerían a los pueblos originarios y si todas las concesiones mineras, no solo vuelven al Estado y a todos los chilenos, sino que van a parar a una parte de quienes habitan este territorio, que son los pueblos originarios, y ellos son los que van a tener que determinar a quiénes se les otorgan las concesiones introduces un tercer elemento de incertidumbre que es muy preocupante".
Mayo podría ser muy tarde
Villarino dijo que si bien la Convención sesionará en mayo en Antofagasta, puede ser muy tarde para que la región intente influir en la discusión. Por lo mismo, insistió en que "esto afectará su calidad de vida, su forma de vivir, su fuente laboral. Los habitantes de las regiones mineras debieran ponerse a estudiar y a mirar qué es lo que está aprobando la Convención y exigirle a sus constituyentes responder por qué están aprobando este tipo de normas, que condenarán al subdesarrollo a las regiones mineras".
1.500 empresas proveedoras de bienes y servicios de la minería existen solo en la Región de Antofagasta.
57 mil personas trabajan directa o indirectamente en el sector minero, que además representa el 60% del PIB.