María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, a la cabeza de la convención, recibieron esta semana la mala noticia: las encuestas señalan que su trabajo no está siendo bien evaluado.

y que no exista un acuerdo de decir que es un tema que merece una mirada sistémica. Se está viendo que se están tratando temas desde las distintas ópticas de cada Comisión sin esa mirada transversal. Estamos viendo además que muchos convencionales vienen de ciertas causas e hicieron campaña en base a esas causas y buscan representarlas en la Constitución, pero llegan al pleno y sus informes tienen altos niveles de rechazo. Hay, además, poca confianza en que la ley o el propio proceso político democrático posterior puedan dejar esas normas adentro y eso lo estamos viendo en todas las áreas. Probablemente vamos a ver mucho esa discusión en las próximas semanas, donde vamos a tener muchos plenos, porque la técnica de diferir cosas al final del debate democrático es una manera de llegar a acuerdos en cuestiones más generales y dejarles los detalles de las cuestiones complejas, que hay muchas, a la ley.

-Puede haber un afán de no dejarle esa al legislador, para que no la modifique o cambie su espíritu.

-El problema es que muchas de esas cosas son cuestiones complejas que requieren detalles y requieren regulación posterior y ponerse de acuerdo en los límites o extensión o los requisitos… pensar que porque se pone en la Constitución significa que se consiguió, es un error. No porque no se haya conseguido, sino que porque de todas maneras cualquier cambio constitucional requiere de mucha dictación de legislación complementaria. Esa disyuntiva es la que estamos viendo, qué le corresponde a la Constitución y qué queremos dejarle a la ley. Yo creo que debiéramos tener una mayor valoración de la ley y del proceso democrático que tiene que venir después.

-¿Qué opina de las normas que ya están aprobadas?

-Es difícil evaluar las normas, porque es una colección en que muchas no convergen entre sí. Pero creo que uno de los cambios que vamos a ver con mayor intensidad y que no hemos experimentado con ella es el cambio en el tipo de Estado a uno regional. Yo pensaba que el gran cambio iba a venir en el sistema político y que íbamos a ver ahí una transformación institucional muy relevante, pero todo parece indicar que no va a ser tan extensiva como se había puesto en la mesa en un momento. Vamos a seguir teniendo un régimen presidencialista, con un Congreso más o menos bicameral, eso está por verse, pero es una estructura no totalmente distinta. Me parece que lo que se ha aprobado de estructura del Estado sí es una reforma sustantiva como no hemos tenido antes, desde la Constitución de 1828, y que va a requerir, si el proceso se aprueba, una transformación institucional de las más grandes que vamos a experimentar en nuestra historia. Nosotros veníamos en un proceso de descentralización en Chile, hicimos una reforma bien relevante en la elección directa de los gobernadores regionales y esa fue una reforma que no habíamos tenido con la figura del intendente desde la Constitución del 33, con un proceso de transferencia de competencias muy complejo. Pero ahora la propuesta que en el fondo ya ha sido en parte ratificada por el pleno, es una reforma sustantiva mayor. Ahí hay un eje súper interesante para el futuro.

-Otra propuesta transformadora es la del sistema judicial. ¿Qué le parece?

-Hay muchos países que tienen pluralismo jurídico, pero quizás la pregunta que me queda es cuáles son los límites y la extensión de ese pluralismo jurídico. Me parece que las disposiciones que están aprobadas son muy genéricas para cuestiones como qué sucede si hay personas de dos pueblos originarios distintos, o un conflicto judicial entre una persona indígena con una que no lo es. Además, no sabemos si se va a extender a todos los tipos de justicia, como la civil, la penal, el derecho de familia, el laboral o si se quiere acotar. Esas definiciones son cruciales. Hay muchas dimensiones que están afectadas por las maneras de acceder a la justicia y es muy importante que exista la certeza de qué es lo que se quiere y por qué, de manera que las leyes complementarias puedan ser guiadas bajo ello. Y, por supuesto, en este caso, como en otros países, el pluralismo jurídico tiene que estar bajo la estructura nacional de una Corte Suprema, porque de otra manera son dos sistemas paralelos y eso abre otro tipo de problemas.

-Varios expertos han dicho que echan de menos los derechos sociales. ¿Usted qué opina?

-Yo creo que la comisión de Derechos Fundamentales partió por los derechos civiles y políticos seguramente para luego llegar a los sociales. Ahí va a conectar o volver a conectar con muchas de las cosas que aparecieron en el estallido social, de donde emanó el acuerdo social que dio inicio al proceso constituyente. Porque si tuvo un hilo conductor fue justamente por los derechos sociales, cuando se hablaba de pensiones, salud, y parece que va a haber una vuelta hacia ellos. Ahora, por la manera en que se ha conducido la Convención, va a haber un listado de derechos muy extenso, pero creo que hay dos cuestiones que hay que observar. Una es el cambio en la titularidad. ¿Van a seguir solamente las personas siendo sujetos de derecho o, como hemos visto en otras propuestas, vamos a tener nuevos titulares como la naturaleza y los animales? Eso es algo que cambia el paradigma que hemos sostenido en las constituciones y en la regulación en general. Además, cuántos de esos titulares van a ser colectivos y no necesariamente personas individuales. Lo otro que creo que va a ser cómo se garantizan esos derechos sociales, que es la clásica discusión, si se garantizan frente a los tribunales, con una acción judicial, un recurso de protección, o mediante una delegación a la ley. Y ligado a eso es ¿qué rol va a tener el sector privado o no estatal en la provisión de los servicios públicos? ¿Va a ser provisión única por parte del Estado o mixta? Creo que va a ser una de las preguntas más difíciles de los derechos sociales, independientemente de cuán largo sea el catálogo de ellos.

-El Presidente Boric y la exmandataria Michelle Bachelet han hecho llamado a transversalizar el proyecto, justo en una semana con encuestas que ponen en duda el triunfo del apruebo. ¿No son suficientes los 2/3 de las normas aprobadas?

-Creo que lo que muestran las encuestas, que miden el momento y no necesariamente predicen, es un llamado de atención respecto de que si aquellas cuestiones que se están discutiendo al interior de la Convención son o no las que la propia ciudadanía espera de su producción. Por supuesto que esto está influido por el nivel de velocidad que ha adquirido en las últimas semanas, pero también sobre cuáles son las cuestiones que la ciudadanía esperaba de este proceso constituyente. Una, por supuesto, la discusión sobre los derechos sociales, pero también hemos visto informes que proponen una gran cantidad de normas y que luego son desechadas. La pregunta es, bueno, ¿cómo usamos el tiempo que nos queda para trabajar en aquellas cuestiones centrales, focales, donde debiéramos hoy agotar las energías considerando que el tiempo avanza inexorablemente? Sobre la transversalidad, creo que es indudable que una Constitución debiera ser un lugar donde todos encuentren un espacio de proyección del proyecto político del país, lo que denominan como la "casa de todos", y eso significa en el fondo que la sociedad es una sociedad plural y pluralista, y por lo tanto las reglas del juego tienen que permitir eso.

Permitir ese pluralismo significa que las distintas concepciones que están en la sociedad sobre el bien, sobre la manera como se quieren desarrollar los proyectos de vida, deben dejar espacio para las autonomías individuales. Establecer sólo un cierto tipo de proyecto de vida empieza a dejar que el resto se sienta ajeno a lo que se está haciendo, y pongo el acento en esto porque me parece que ha habido en algunos casos bastantes ideas de establecer una sola visión sobre un tipo de comunidad política y se deja poco espacio para el pluralismo político, pero también sobre todo para las autonomías de proyectos de vida. Las transformaciones sociales a las que estamos sujetos son enormes y quizás ahí hay un punto que quizás la Convención ni siquiera ha tocado y que tiene que ver por ejemplo con temas como la libertad de expresión. Hay mucho foco en la propiedad de los medios, pero hoy día gran parte de la información se produce a través de redes sociales.

-¿Cree que alcanzarán a terminar?

-Sí. Hubo discusiones por el plazo, pero ya hay fecha y el plazo es el plazo. Y quizás no hay mayor incentivo para ponerse de acuerdo que el que se cumpla el plazo. Ahora, ¿qué significa el plazo para la propia Convención? Creo que es decir bueno, cuál es el meollo del asunto, dónde ponemos la energía.

-¿Qué pasa si hay un resultado estrecho?

-Pongámonos en el escenario de que es aprobada. Vamos a tener en las próximas semanas un debate sobre las normas transitorias, cuestiones que van ahí son qué pasa con las autoridades electas, con los jueces o qué pasa si hay cambios en órganos autónomos como la Contraloría o el Tribunal Constitucional. Hay otra parte que es la dictación de toda la legislación complementaria. Podemos crear nuevas instituciones y eso significa crear toda la institucionalidad acorde; crear nuevos derechos y todo eso implica crear una enorme cantidad de regulación y esa regulación va a ser dictada por el Congreso. Tener un plebiscito de salida con un margen muy estrecho de todas maneras va a impactar en el proceso de transición, especialmente cuando las fuerzas de la Convención, que son súper particulares, no coinciden con las fuerzas que están en el Congreso.

-¿Y si gana el rechazo?

-Si gana automáticamente no parte de nuevo un proceso. La pregunta es si después de todo este proceso y llegara a ganar el rechazo, cuáles son las cuestiones de cambio constitucional que quedan sobre la mesa y que debieran hacerse igual. Me parece que todo lo que hemos visto en el proceso, con todas sus complejidades, sí ha llamado la atención sobre cambios en muchas áreas que son necesarias en cualquier Constitución. Entonces, pensar que si llegara a ganar el rechazo significa status quo, yo creo que no. El desafío es qué significa eso para un futuro, para volver sobre los cambios y qué se querría rescatar o no. En ambos casos, pero sobre todo en el apruebo hacia adelante, pensar que esto se acaba con el plebiscito de salida significa obviar un período que viene y que probablemente no le hemos puesto tanta atención.

"Lo que se ha aprobado de estructura del Estado es una reforma sustantiva como no hemos tenido antes, desde la Constitución de 1828, y que va a requerir, si el proceso se aprueba, una transformación institucional de las más grandes que vamos a experimentar en nuestra historia".

"¿Van a seguir solamente las personas siendo sujetos de derecho o vamos a tener nuevos titulares como la naturaleza y los animales? (...) ¿Qué rol va a tener el sector privado o no estatal en la provisión de los servicios públicos? Será de las preguntas más difíciles de los derechos sociales".