Alejandro Ahumada R.

En una verdadera bomba de tiempo se convirtió el preinforme entregado por la Contraloría Regional respecto al análisis de la serie de contratos directos que el Servicio de Salud de Antofagasta realizó con la consultora Adytum SpA HRA y que involucrarían directamente la gestión, del ex subdirector de las personas, Rodrigo Sánchez Alvarez.

La investigación -a la que tuvo acceso este medio- ahondó en las denuncias presentadas por el gremio de la Fenpruss en agosto del 2021 y que cuestionaban la contratación de estudios y servicios al interior de la institución que carecieron de respaldo técnico o que, directamente, no habrían sido prestados.

Y el análisis del órgano contralor resultó demoledor.

De acuerdo a las conclusiones, la contratación de Adytum evidenció una serie de inconsistencias en la fundamentación de la necesidad de los servicios, en el respaldo técnico del trabajo realizado e incluso, en informes que fueron pagados pero que resultaron copia integral de otros estudios, uno de ellos, realizado por la unidad de salud ocupacional del mismo SSA.

Las indagaciones de la Contraloría abordaron siete contratos de asesorías: "Estudio de la red asistencial", "Complemento contratación estudio de la red", "Asesoría en la elaboración de procedimientos administrativos", "Gestión para los procesos de sistema de cometidos sistematizado", "Compra de servicios para implementación de programa y acciones para 56 puestos de trabajo" y "Compra de módulo ticket de atención cometido funcionario". Todas las contrataciones sumaron $163.391.100 y la mayoría fue cursada entre los meses de abril y noviembre del 2020, en pleno periodo de pandemia.

"De confirmarse estos hallazgos esperamos que la autoridad vigente tome todas las medidas del caso, en particular respecto a la contratación de directivos. Creemos que esto es un triste ejemplo de personas que ingresan al servicio pensando en intereses personales más que en la salud pública", señaló María Flora Castillo, presidenta del gremio de la Fenpruss SSA.

Asesorías anónimas

Una de las principales conclusiones que estableció la CRR apunta a la falta de control sobre la supervisión de los contratos, en particular, sobre el pago de informes de avance que no contaban con respaldo o que no contaban con el visto bueno de las unidades que deberían haber sido contrapartes técnicas en esos estudios.

Así por ejemplo, subraya graves faltas en la supervisión del estudio de la red asistencial - por un monto total de 1.749 UF, cerca de $50 millones- que permitiría proyectar las necesidades del sector para los próximos cuatro años, el que no fue visado por la subdirección médica del SSA.

El informe indica que la doctora Yoselyn Castillo, subdirectora de gestión asistencial de la institución, sostuvo que no existieron fundamentos para contratar el estudio de red toda vez que el SSA estaba a la espera de las instrucciones del Minsal para iniciar un nuevo diseño, el cual sería ejecutado por profesionales de su dependencia.

"El informe que entregó la consultora, según indicó Castillo, que se mantuvo fuera del conocimiento de la subdirección de gestión asistencial de la entidad hasta abril de 2021, no cumple con las exigencias técnicas del Ministerio de Salud para diseñar una red asistencial y carece de información relativa a aspectos demográficos, perfil epidemiológico, demanda explícita, demanda insatisfecha, demanda oculta y de otros aspectos relevantes", indicó la Contraloría.

El problema se ahonda por cuanto, a menos de dos meses de solicitado, la subdirección encabezada por Rodrigo Sánchez solicitó a la misma consultora, la ampliación de las horas de trabajo para el estudio, cursando para ello, una orden de compra de complemento por un monto de 875 UF, casi $25 millones.

De acuerdo al análisis de la CRR, no fue posible determinar las circunstancias que justificaran la contratación por cuanto "dicha asesoría disponía en sus términos de referencia los mismos productos y servicios, formas de ejecución, objetivos, metodología de trabajo, descripción del servicio, tipo de compra, plazos y formas de pagos, entre otros aspectos relevantes, detallados en la contratación original".

Copypaste de informes

Los cuestionamientos también apuntan a plagios en algunos de los informes entregados para obtener el pago de estados de avance.

Es el caso del contrato gestionado a fines de abril del 2020, para la optimización del marcaje de colaboradores que prestaron servicios a honorarios durante la pandemia. A través del software Docode, el órgano contralor logró determinar que el informe que permitió el pago de facturas por $27 millones, copió íntegramente párrafos del documento "Lista de verificación para la gestión de los trabajadores de salud en la respuesta a la COVID-19", elaborado por la Organización Panamericana de la Salud.

Los hallazgos de plagio también apuntan a la falsificación de otro informe presentado por Adytum denominado "Informe de Consultoría de Gestión de Persona, Programa de Ergonomía de los funcionarios de la Dirección del SSA" que reprodujo textos y hasta fotografías del "Informe de inspección de condiciones subestándar en puestos de trabajo", elaborado por la unidad de seguridad y salud ocupacional del mismo servicio.

Solo por esa operación el SSA pagó cerca de $9 millones.

Facturas judicializadas

Cabe indicar que todas las gestiones para la contratación de la cuestionada consultora fueron responsabilidades de Rodrigo Sánchez, exsubdirector de las personas y Gonzalo Alburquenque, exsubdirector de recursos físicos de la misma.

De acuerdo a las declaraciones de Sánchez los pagos fueron procesados luego del visto bueno de las contrapartes, sin embargo durante la investigación de la CRR no fue acreditado ningún antecedente de supervisión sobre los contratos que respaldaran el pago, salvo las gestiones e instrucciones de ambos funcionarios.

El problema se acrecienta por cuanto, ante las críticas gremiales, el SSA congeló el pago de las facturas que ya habían sido emitidas por Adytum, lo que llevó a la consultora a judicializar el cobro ante el segundo juzgado civil de Antofagasta, el que el 14 de diciembre ordenó el pago de las seis facturas por un monto que supera los $111 millones. Esto pese a toda la evidencia, presentada por el SSA, de servicios no prestados e infructuosos por parte de la consultora.

Fiscalía

Como sea, la situación despertó la alarma del actual equipo directivo del SSA quien ante el cúmulo de irregularidades, decidió enviar los antecedentes del informe a la Fiscalía Regional para solicitar una investigación penal al respecto por delitos asociados a fraude al fisco y enriquecimiento ilícito.

En el oficio, enviado el jueves pasado el director (S) del SSA, Mario Rojas Cisternas, indicó que "siendo obligación de carácter legal el dar cuenta o denunciar la existencia de hechos que podrían ser constitutivos de algún tipo de delito, sumado al importancia de resguardar los caudales públicos y en virtud de los principios de control, probidad y transparencia es que vengo en informar y denunciar estos hechos, a fin de que se pueda iniciar las diligencias de investigación que sean pertinentes para determinar si en la contratación de los servicios de la empresa Adytum, pudiere determinarse responsabilidad penal a alguna persona".