No hace mucho la ministra de Minería Marcela Hernando comentaba que en el desarrollo de la industria no veía conveniente llenar nuestras costas de plantas desaladoras aplicando a sus palabras una mirada ecológica y de mejor aprovechamiento de los espacios. Hasta el momento la presencia de este tipo de tecnología para contar con suministro de agua potable se vislumbra como la más propicia y se entiende que se deba lidiar con las externalidades propias de su funcionamiento.

Claramente a lo que apuntaba la secretaria de Estado era a que es necesario crear las sinergias necesarias para que las desaladoras sean utilizadas por más de una faena minera. Al estilo de las megaplantas que logran una alta producción y pueden surtir a muchas empresas y también para el consumo humano.

Y tal vez ese es el punto el que hoy debiéramos analizar producto de la sequía que afecta a la zona centro y sur del país y que las tiene a las puertas de un racionamiento en varias comunas. Un escenario impensado pero que se hizo presente más pronto de lo esperado.

Sabemos que Chile tiene más de cuatro mil kilómetros de costa y debiera analizarse un plan de desarrollo de desaladoras en todo el territorio, con mayor énfasis en las zonas más pobladas, con mayor desarrollo agrícola y con amenaza permanente de escasez.

En nuestra región la experiencia ha sido positiva en el rubro minero y también para el consumo humano. De hecho, dos comunas se abastecen 100% para el consumo humano con esta modalidad y la capital regional está sobre un 80%, y este año supo de una larga restricción para el sector que utiliza agua de cordillera por un fenómeno climático.

La desalación es una solución viable y es necesario tratarla como una política de Estado destinada a resolver la sequía en grandes zonas urbanas, principalmente en el centro del país donde la estrechez hídrica es grave.

Es el momento para analizar y definir una política sobre la desalación antes que la urgencia haga cumplir el temor de la actual ministra de Minería. Definiciones sobre ubicación, extensión, impacto ambiental y como tratar sus externalidades como el tratamiento de salmueras propias del proceso.

Ya no tiene que verse como algo lejano porque el clima está cambiando y habrá que replantear las estrategias sobre obtención y utilización del recurso hídrico.

El pleno de la Convención Constitucional (CC), lleva aprobado 58 artículos que dicen relación con Formas de Estado y Gobierno, presentados a través de 3 informes sucesivos. En el primer informe, se aprobaron las normas que dicen relación con el Estado Autónomo Regional. El segundo informe, presentó al pleno las reglas que configuran el régimen de los gobiernos locales. Finalmente, el tercer informe se concentró en los principios que regulan el régimen financiero de los entes autónomos.

De acuerdo a lo señalado, de las 58 normas aprobadas se desprenden sustantivos avances en descentralización y democratización, en cambio, otro conjunto de normas no innova con el régimen actual, y finalmente otro conjunto de principios caen en el plano de lo debatible.

Las normas que significan avances hacia un estado autónomo regional, son la incorporación del principio de no tutela, esto es ninguna entidad podrá establecer subordinación sobre otro ente territorial; la que establece que las competencias se distribuirán priorizando lo local sobre lo regional y esta última sobre el centro; también destaca, que las transferencias de competencias deberán estar acompañadas por personal y recursos. En el borrador, se estableció que las regiones gozarán de autonomía económica, legislativa y fiscalizadoras, las cuales estarán reglamentada por un Estatuto Regional. A la región autónoma, se le transfiere expresamente la autonomía para organizar el gobierno regional, la planificación y las políticas de vivienda, salud, educación, transporte, obras públicas, deporte, turismo, y creación de empresas públicas.

El segundo informe, significó un cierto avance al establecer a la comuna autónoma como la unidad básica del Estado autónomo regional. Garantiza a los gobiernos locales recursos suficientes para un equitativo desarrollo comunal. Para el cumplimiento de sus funciones, podrá definir sus plantas, órganos y unidades que conforman su estructura. También, contará con un Estatuto Comunal que le permitirá establecer las potestades y funciones para el autogobierno, un avance desde los entes administrativos actuales a gobiernos locales.

En cambio, en otro conjunto de normas no hay avances en relación con la realidad actual, me refiero solo a dos temas. Un aspecto sustantivo, que diferencia el Estado Autónomo del Estado Unitario es la competencia legislativa, la propuesta constitucional aprobada no contempló esta atribución, salvo el poder dictar reglamentos o estatutos de tercer rango. En segundo lugar, la competencia financiera es limitada, no establece un estatuto de rentas regionales, la nueva Constitución prohíbe expresamente en su tercer informe el derecho de establecer tributos o beneficios especiales.

Finalmente, hay un conjunto de normas aprobadas que son debatibles. En primer lugar, la creación del Consejo Territorial es una figura controvertida, porque significó quitar la autonomía legislativa de la Asamblea Regional para trasladarla a un ente centralizado, un órgano que aún no está claro si evolucionará a una representación territorial, o una figura más parecida al Senado. En segundo lugar, la nueva carta establece un periodo de 4 años de duración con posibilidad de reelección para las autoridades unipersonales y colegiadas, un aspecto discutible que un periodo tan reducido permita los incentivos para priorizar proyectos y políticas de horizontes superiores. En tercer lugar, la norma mantiene un régimen centralizado de distribución de recursos, al cual solo le señala que deberá propender a que una parte significativa del gasto público sea ejecutado por las escalas subnacionales.

A fines de la década del ochenta una delegación de investigadores israelíes de la Universidad Ben-Gurion visitó la región, invitados por el Instituto del Desierto de la Universidad de Antofagasta. Los temas que interesaba tratar con dichos expertos eran el desierto y el agua. En una de las diversas reuniones que se tuvo con los especialistas foráneos, uno de estos expresó sorprendido "cómo era posible que en el desierto más árido del mundo se perdiera el agua". Se refería a las descargas de aguas servidas al mar sin un tratamiento adecuado, para al menos reutilizarlas en agricultura.

Es muy probable que el cambio climático global que nos está afectando, no sea tan grave en países como Israel, que hace muchas décadas han adoptado políticas serias, tecnificadas y constantes en el tiempo, independiente de los cambios de gobierno. Allí es fácil observar, a cada costado de carreteras, una tubería de agua potable y otra de agua tratada. Además, todas las viviendas deben regar sus jardines a través de riego por goteo, esto mismo se utiliza en áreas verdes y parques. Israel trata el 90% de las aguas servidas y Chile solo el 3%.

La escasez de nieve y lluvia que ha afectado a gran parte del país en más de una década, se aprecia en un retroceso generalizado en las reservas hídricas que presentan los principales embalses del país. Consecuencia de ello es que la desertificación avanza inexorablemente. Estudios indican que el Desierto de Atacama irrumpe hacia el sur ¿hasta dónde? ¿Cómo detener su avance?

Ya se anticipan restricciones de agua en varias comunas de Santiago. La pregunta es ¿qué estamos haciendo para mitigar estas emergencias? ¿nos estamos preparando? El sector agrícola en Chile es el mayor usuario de agua consuntiva con un 72%, seguido por el agua potable, consumo industrial y uso minero, con el 12%, 7% y 4%, respectivamente, el 5% restante corresponde al sector pecuario y al uso en generación eléctrica. El riego tecnificado y la desalación de agua en la minería son avances destacables, pero insuficientes.

El tema de la sequía nos está desnudando como país, ya que éste no ha sido considerado seriamente por ningún gobierno, como una preocupación de Estado. Uno esperaría que existieran, al menos, programas de educación ciudadana en el uso racional del agua. A su vez se evidencia falta de legislación y planificación en diversos ámbitos y niveles, tales como: incentivar la reutilización del agua en procesos mineros e industriales, construcción de nuevos embalses, recuperar y ampliar la red de canales y, por supuesto, un nuevo código de agua que evite la especulación y limite el consumo a cultivos masivos, que perjudique a pequeños y medianos agricultores, etc. Sin duda que habrá muchas otras acciones. Nos estamos quedando atrás y sin agua.