Durante dos meses una vasta extensión de la Provincia El Loa estuvo bajo el Estado de Excepción de Emergencia, que en palabras simples entregó facultades especiales a las Fuerzas Armadas para apoyar el control migratorio en la zona fronteriza. Las autoridades de gobierno conscientes del aumento en el ingreso irregular intervinieron de este modo para ordenar el flujo y no colapsar las principales ciudades de la Región, las que ya presentaban dificultades entre los nacionales y quienes ingresaban de forma irregular.

Para algunos la medida adoptada durante el mandato presidencial de Sebastián Piñera llegó tarde, cuando el problema ya había escalado. No obstante, distintas autoridades de la Región comparten que sirvió para frenar la circulación de foráneos y asistir a los que llegaron en busca de la unificación familiar con parientes instalados en la zona centro.

Ya a los pocos días de la entrada en vigencia de esta excepción se empezó a ver menos gente caminando por las carreteras, en las calles y en terminales de buses. Y, por supuesto, una menor cantidad de extranjeros en las fronteras exigiendo la posibilidad de ingresar.

Ese es un aspecto es positivo y evidente. Por ello no era necesario una extensión de ese estado excepcional, más bien ahora había que enfocar los esfuerzos en ver de qué modo se trabaja con quienes ya están irregulares en el país.

Según cifras entregadas por el gobernador regional, Ricardo Díaz, en reciente entrevista con Soyantofagasta.cl, entre agosto y diciembre del año pasado fueron 45 mil los irregulares que llegaron al país y la mayoría de ellos siguió camino a Santiago. Hubo un número no menor que permaneció en las ciudades costeras, principalmente en Tocopilla, Mejillones y Antofagasta.

Algunos pasaron a engrosar la población de los campamentos y otros aún los vemos en carpas en las zonas de playas y en parques. Viviendo necesidades y con pocos opciones de optar a trabajo por encontrarse indocumentados.

Su presencia causa preocupación y genera inconvenientes en los distintos vecindarios, por lo que se hace urgente intentar ayudar.

La gente en situación de calle aumentó y las políticas de apoyo son insuficientes, lo que obliga a replantear las formas de asistencia a quienes hoy lo necesitan.

La autoridad pública señaló en los últimos días que estamos en presencia de la escasez hídrica más grande en la historia de nuestro país. Aún más, recientemente la Organización Mundial de la Salud sostuvo que para el año 2030, millones de personas en todo el mundo se quedarán sin acceso a servicios de agua potable en sus hogares, a menos que el índice de progreso se multiplicara por cuatro.

En Antofagasta, actualmente existen muchos ciudadanos que no tienen acceso a los servicios básicos de agua potable. La actual ley sanitaria no obliga a las empresas concesionarias, a cubrir la totalidad del área donde residen. Esto produce que el 40 % de las zonas pobladas no reciba agua potable, por no formar parte de la zona de distribución de las empresas sanitarias.

Si consideramos las palabras del exministro Prokurica, quien afirmó que nuestra Región entregaba más del 54% del cobre del país, a lo que se suman múltiples proyectos mineros en desarrollo; entonces, la falta de agua en Antofagasta sí se convierte en un problema de interés regional y nacional. A lo menos, surge la interrogante de cómo solventar dichos procesos productivos ante tal escasez.

Si bien la escasez hídrica afecta a toda la región, lo cierto es que en el caso de Antofagasta y Calama, existen alrededor de 20 mil personas que se encuentran en situación de campamentos en zona urbana, las cuales en su totalidad requieren de servicios de alcantarillado y de red de agua potable, pues el único acceso que tienen al recurso es por vías informales.

Así, tanto las autoridades como empresarios locales han mencionado como unas de las posibles soluciones, generar proyectos urbanos en zonas que no tienen el uso de suelo regularizado; esto es, que no cuentan con agua potable. De esta manera, sería la entidad privada quien tramitaría los servicios de agua y alcantarillado. Otros, han pedido un proyecto sanitario. Finalmente, hay quienes han propuesto que la solución provenga de nuestro propio océano, donde la desalación del agua de mar es una alternativa muy viable, tanto para el consumo humano como para la industria minera.

En este contexto, la tan ansiada opción ambiental de una planta desaladora ha tenido manifestaciones concretas en la Región de Antofagasta, donde una empresa interesada en cubrir las áreas no comprendidas por Aguas Antofagasta, ha intentado ejecutar el proyecto por 3 años, sin lograr que se le otorgue la concesión, pese a cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios.

Parafraseando una antigua y popular canción de los años 80, los habitantes de Antofagasta y Calama son tratados como "ciudadanos de segunda clase", pues se les niega el derecho humano al agua, ampliamente reconocido por nuestra Excma. Corte Suprema.

En consecuencia: ¿Escasez hídrica para los habitantes de la Región de Antofagasta o burocracia de un centralismo imperante en la Nación?

Lester Maxwell

Jefe de Litigios en Claussen&Velasco Abogados

Para desafíos complejos, soluciones integrales. Como un mantra surge esta frase de manera inmediata cuando abordamos los desafíos y ventajas de la presencialidad en la educación. Y el contexto no puede quedar fuera de la discusión: estallido social, pandemia, revolución digital y surgimiento de nuevas enfermedades de salud mental, factores diversos que convergen en un mismo tiempo y espacio. Escenario incierto que requiere de acuerdos mínimos si lo que buscamos es alcanzar un retorno con sentido a las salas de clases.

Pero como en otros ámbitos, el titular le ganó al contenido. El derecho a la presencialidad -elemento indiscutible bajo cualquier análisis- piedra angular en la socialización, desarrollo motriz y aprendizajes profundos, no encontró compañía en otros derechos igual de relevantes que, al unísono, pusieran en la balanza las necesidades educativas de niños, niñas y adolescentes, y al mismo tiempo el acompañamiento pedagógico, emocional y social a educadores y docentes.

Bien lo plantea la académica estadounidense, Linda Darling- Hammond, en su libro "Reiniciar y reinventar la escuela: el aprendizaje en los tiempos del COVID y más allá". La investigadora propone con sentido de realidad un listado de prioridades que abordan los desafíos de la educación actual. Desde el cierre de la brecha digital, el rediseño de las escuelas para lograr relaciones más fuertes, la preparación a educadores como protagonistas de la reinvención escolar, la promoción del aprendizaje auténtico y culturalmente receptivo y la permanente evaluación de las necesidades de los y las estudiantes, entre otras acciones, conforman el decálogo.

Un conjunto de acciones que enfatiza en la generación de aprendizaje auténtico y en equidad, en concordancia a los conocimientos que requiere el siglo actual y el que viene. Una nueva forma de hacer y vivir la educación, que surja desde la pasión por educar y centre su atención en lograr el desarrollo social, emocional, cognitivo, moral y de identidad, y sobre todo, base sus decisiones en la colaboración de estudiantes, equipo docente, familias y comunidad.

Sin duda, la vuelta a clases debe suponer un paso a la normalidad para padres, estudiantes y educadores, pero esa normalidad debe ser deconstruida para volver a crearla y entenderla. Este retorno a clases no puede centrar su argumento en el solo aprender contenidos, cuando la invitación es a desaprender para volver a crear.

Como lo plantea, Christopher Dede, profesor de Tecnologías de Aprendizaje en la Universidad de Harvard: "La educación no volverá a las prácticas antiguas, sino que mantendrá una nueva normalidad de aprendizaje universal, híbrido y personalizado".

Las escenas de violencia vividas las últimas semanas en distintas comunidades educativas del país, debe ser un llamado de atención para todos y todas quienes creemos en la Educación como una pieza clave de las sociedades. Por eso la creación del Consejo Asesor para la Convivencia y la No Violencia, convocada por el Ministerio de Educación, debe dar una señal relevante sobre el aprendizaje emocional como condición indispensable para promover los aprendizajes.

Darling- Hammond, nos propone en su libro reinventar la escuela y no volver a la que conocíamos, a la de siempre, la que existía antes del estallido, la pandemia, la revolución digital y las enfermedades de salud mental.