Redacción

Una nueva jornada de violencia se vivió la noche del martes en distintos puntos de la macrozona sur, resultando quemados varios vehículos y propiedades particulares.

En uno de los hechos más graves, un centro turístico ubicado en la ruta entre Victoria y Curacautín, Región de La Araucanía, fue atacado por un grupo de al menos cinco encapuchados. Luego de intimidar a la dueña del recinto con armas largas, incendiaron cinco cabañas que se encontraban desocupadas, además de un camión y un vehículo de menor tamaño. En el lugar se encontraron panfletos alusivos al conflicto mapuche.

El delegado presidencial en la región, Raúl Allard, condenó el hecho calificándolo como "inaceptable". La autoridad afirmó que "vamos a hacernos parte" a través de una querella.

En la Curanilahue, Región del Biobío, desconocidos a rostro cubierto llegaron hasta un predio, amenazaron a los trabajadores y utilizaron acelerantes para quemar dos camiones, una camioneta y una garita.

En la misma comuna, otro predio forestal fue atacado por sujetos que prendieron fuego a una grúa y robaron dos camionetas con las que luego bloquearon la ruta para impedir la llegada de vehículos de emergencia.

En tanto, en Tirúa un grupo de hombres armados que se movilizaba en dos camionetas dispararon contra un retén de Carabineros en Quidico, siendo repelidos por personal policial sin que se registraran heridos.

"buenos resultados"

El seremi de gobierno del Biobío, Eduardo Vivanco, aseguró que se están estudiando los antecedentes para definir acciones judiciales. Pese a la seguidilla de atentados, la autoridad destacó la estrategia implementada por el Ejecutivo. "En términos de tener un mes de gobierno, son buenos resultados", dijo.

Horas después, la Corte Suprema emitió un fallo que cuestiona el actuar del gobierno frente a los sucesivos hechos de violencia en la macrozona sur.

El máximo tribunal acogió un recurso de protección presentado por empresarios y gremios de la Región del Biobío, en el que ordena a la delegada presidencial, Daniela Dresdner, y al delegado provincial de Arauco, Javier Ponce, "implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas o grupos sociales que han visto amagados sus derechos, con miras a evitar el acaecimiento de este tipo de sucesos en su contra".

El dictamen sostiene que "la conducta de los órganos recurridos resulta ser arbitraria", ya que las acciones adoptadas por el gobierno hasta ahora no han dado los resultados esperados. "Los hechos develados en la presente acción de cautela de derechos, demuestran la insuficiencia de las medidas puestas en práctica, toda vez que un grupo considerable de la población continúa viéndose privada o al menos limitada de ejercer las actividades sociales y económicas desarrolladas hasta ese entonces", agrega.

Los diputados de la UDI Sergio Bobadilla, Flor Weisse y Henry Leal, acusaron un actuar negligente por parte de la ministra del Interior, Izkia Siches. "El rotundo silencio que por estos días ha mantenido la ministra que, supuestamente, tiene a cargo la seguridad y la tranquilidad de todos los chilenos, es absolutamente criminal", dijeron. En tanto, los senadores de RN Carmen Gloria Aravena y José García Ruminot oficiaron a la ministra para que informe sobre el decomiso de armas y municiones que realizó la policía argentina el fin de semana y que, según los legisladores, "habrían tenido por destino La Araucanía".

El gobierno, a través del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, admitió que el país vive un momento crítico desde el punto de vista de la seguridad.

"El momento país en el cual nosotros entramos a gobernar, es sin duda, el peor momento para la seguridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia", aseguró la autoridad en conversación con Emol TV.

Como un ejemplo de la "violencia social" que afecta a Chile, Vergara mencionó el incremento de los homicidios. "Vienen aumentando en el país por años, pero es en el año 2019 en comparación con el año 2020, cuando vemos un aumento del 20% a nivel nacional", detalló.

A su juicio, este aumento está relacionado con la mayor presencia de armas de fuego. "Problemas y conflictos que antes se resolvían con lesiones, combos o armas blancas, hoy se están resolviendo con armas. Además, hay un problema cultural asociado a la cultura del crimen organizado y el narcotráfico, donde el poder, particularmente en manos de personas jóvenes, incluso en menores, se mide en base a si tienes o no armas", explicó.

Parte de esta problemática fue abordada también por la ministra del Interior, Izkia Siches, durante una sesión especial del Senado dedicada a analizar la situación de salud mental derivada del narcotráfico.

Allí la jefa de gabinete dijo que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es uno de los pilares del gobierno. "Nuestra cartera se encuentra trabajando en el diseño de una política nacional contra el crimen organizado", indicó Siches, agregando que esta pondrá énfasis en desbaratar los sistemas de financiamiento y las cadenas logísticas de las bandas.

Asimismo, la ministra afirmó que se buscará actualizar el sistema de inteligencia, "generando una nueva arquitectura que permita la integración real de las distintas agencias y unidades de inteligencia bajo el mando y control civil".

El ministerio de Salud (Minsal) salió nuevamente a aclarar las dudas surgidas en los últimos días entre quienes están recibiendo la cuarta dosis contra el covid-19, y que en su mayoría han recibido la fórmula elaborada por el laboratorio estadounidense Moderna.

"Hoy día no contamos solamente con Sinovac o Pfizer, sino que también ha llegado un cargamento de vacunas de Moderna, que son igual de seguras que las anteriores, con el fin de reforzar la vacunación. En esto no hay ningún problema en que estén disponibles estas vacunas, se pueden utilizar como dosis de refuerzo para la población con absoluta seguridad", manifestó el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos.

En efecto, en febrero pasado arribó al país un cargamento de 1,5 millones de vacunas Moderna y si bien siguen llegando dosis provenientes de otros laboratorios, la distribución hacia los municipios se realiza en función de la población a vacunar.

Las fórmulas fabricadas por Pfizer, por ejemplo, están siendo utilizadas preferentemente en menores de edad, mientras que las de Moderna se en mayores de 18 años.

"Todas las vacunas evaluadas por el Instituto de Salud Pública (ISP) y por nuestro país son absolutamente seguras", insistió y llamó a las personas a completar su esquema de vacunación.

El subsecretario hizo hincapié en la inmunización de los niños y niñas, destacando que aproximadamente 53% de los menores de entre 3 y 5 años han recibido las dos dosis de la vacuna contra el covid-19. "Es el grupo etario más rezagado porque fue el último que se incorporó en esta campaña de vacunación", explicó Araos.

Según el Minsal, a la fecha se han administrado más de 51 millones de dosis, y han recibido su esquema completo el 93,64% de los mayores de 18 y el 84,89% de los menores de edad.

Las empresas Cencosud y Tottus fueron sancionadas con millonarias multas en Perú, por infracciones relacionadas con la colusión de precios en la comercialización de carne de pavo.

Tras concluir un proceso iniciado en diciembre de 2020, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de dicho país resolvió aplicar multas que equivalen a US$ 4,6 millones para todos los actores involucrados.

Las empresas chilenas, que operan allí como Cencosud Retail Perú e Hipermercados Tottus, deberán pagar US$ 1,2 millones cada una, aunque ambas reechazaron la medida y anunciaron que apelarán.

"La infracción consistió en la fijación de un precio mínimo del pavo entero San Fernando, respecto del cual las empresas alineaban sus precios para mantenerlos elevados artificialmente durante los meses de diciembre, entre 2009 y 2016", explicó el organismo regulador peruano.

El dictamen también afecta a las cadenas locales Supermercados Peruanos y Makro Supermayorista.

Asimismo, fue sancionada la empresa productora de pavo San Fernando, considerada como "facilitadora del cartel".