La defensa de la exalcaldesa Karen Rojo, quien se fugó del país tras la sentencia que la condenó a cinco años de presidio efectivo por fraude al Fisco, solicitó al Juzgado de Garantía la liquidación de la indemnización que quedó estipulada en la condena.

El monto, que se habló en primera instancia, era de $7.795.685, cifra que debe ser pagada de manera solidaria con el también condenado, Edgardo Vergara Montt, exsecretario ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social.

Lo que solicita la defensa al juzgado, es que éste último haga el cálculo total que considere "el reajuste del índice de Precios al Consumidor entre el mes de junio de 2016 y la fecha de su pago efectivo, más el reajuste del IPC entre junio de 2016 y la fecha de su pago efectivo, más intereses corrientes calculados sobre la cantidad reajustada que se devenguen a contar desde que quede ejecutoriado el fallo y hasta el momento de su pago efectivo".

El texto ingresado al juzgado indica que "atendido que el 23 de marzo del presente año la Corte Suprema confirmó lo resuelto por el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta, solicito proceder a la liquidación del monto total adeudado, considerando reajustes e intereses corrientes para efectos de proceder al pago correspondiente".

Caso

En enero del año pasado, el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a Rojo 5 años y un día de presidio, más inhabilitación perpetua para derechos políticos, por delitos que tuvieron lugar en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la comuna entre el 1 de octubre de 2015 y el 1 de agosto de 2016.

Según la investigación de la Fiscalía de Antofagasta, la exalcaldesa contrató los servicios de José Miguel Izquierdo, de la agencia Main Comunicaciones, para fines personales a pesar que los honorarios se pagaron con recursos del municipio. La máxima autoridad de Antofagasta entre 2012 y 2020 utilizó dineros fiscales para una asesoría de casi $ 24 millones para su reelección de cara a los comicios de 2016. Éstos provenían de fondos de subvenciones escolares y recursos de salud municipal.

Apenas se confirmó que Rojo ya no estaba en territorio chileno, se solicitó orden de detención -en el Juzgado de Antofagasta- y luego se ofició a la PDI que -a solicitud del Ministerio Público- despachó a la Secretaría General de Interpol en Francia que se publicara una notificación roja en contra de la exjefa comunal.

Según se conoció, tenía pasaje de regreso para el 10 de abril. Sin embargo, Rojo permanece prófuga de la justicia.

Tras un aviso de bomba al interior del Colegio Providencia, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y Gope de Carabineros, concurrieron y posteriormente evacuaron a los estudiantes y trabajadores dirigiéndolos hasta calle Valdivia con Condell para alejarlos del eventual peligro y comprobar si había presencia de algún artefacto explosivo.

Posteriormente, fue una fuente al interior del colegio, quien informó a los apoderados que se trató finalmente de una broma de dos estudiantes.

"Resulta que dos jóvenes, llamaron a PDI -pareciera una broma- diciendo que había una bomba en el colegio. Frente a esa situación, se armó un operativo junto con Gope y rápidamente sacamos a todos los estudiantes del establecimiento y nos dirigimos por calle Valdivia, hasta calle Condell, para estar lejos en caso de que el aviso fuera verdad", explicó el funcionario.

Hasta el cierre de esta edición, la PDI, institución que estuvo a cargo del procedimiento, no emitido información oficial.