Antofagasta, como Región, fue la que registró el mayor índice de desempleo en el trimestre móvil enero-marzo en el país, lo que representó un retroceso en el camino hacia la reactivación que venía experimentando en los últimos meses. La explicación oficial apunta a la llegada de desempleados de otras zonas, lo que puede ser un factor preponderante, pero que siempre ha existido sin generar grandes desajustes.

Junto a ello se confirmó una realidad país en el sentido que las mujeres han sido la más golpeadas con la ausencia de empleos al momento de querer reinsertarse en el mercado laboral tras los momentos más críticos de la pandemia.

Son dos aspectos que es preciso poner en contexto y detenerse con mayor profundidad, porque claramente hay otros que están provocando un desempleo muy cercano a los dos dígitos, que es la señal más clara de una desaceleración.

No es menor que una de las regiones de mayor impacto en la economía del país, principalmente por la industria minera, tenga esos niveles de cesantía.

Si bien a fines del año pasado las regiones de Antofagasta y Tarapacá eran las que tomaban la delantera en la recuperación de empleos prepandemia, hubo un retroceso que tiene insospechadas implicancias.

En Antofagasta se estima que se perdieron más de 6.800 puestos de trabajo en el trimestre enero-marzo 2022 respecto del trimestre anterior, lo que es preocupante para un territorio económico que siempre ha estado fortalecido en los últimos años.

Tener la mayor tasa de desempleo en el país le resta dinamismo a las economías locales. Hay más personas compitiendo por trabajo, y estos suelen precarizarse debido a que no existe seguridad de mejores índices económicos que repercutan en la inversión y el consumo.

Menos circulante, menor dinamismo, mayor endeudamiento y menos trabajo son factores de una ecuación cuyo resultado siempre será negativo para una zona determinada. Entonces la reacción debe ser inmediata y no caer en una sola explicación que en este caso sería la llegada de mano de obra foránea.

Si la Región que debe tirar el carro de la reactivación pasa por un problema de desempleo, difícilmente podrá cumplir ese rol y necesitará de una intervención más decidida del Estado para salvar la complejidad. De otro modo el futuro no se ve muy promisorio.

José Ramón Valente, exministro de economía del pasado gobierno de Sebastián Piñera, en su columna del diario El Mercurio de Santiago del sábado de la pasada semana, bajo el título "La envidia es una mala consejera", hace un fanático panegírico al crecimiento económico, atribuyéndole, exclusivamente a éste, todo el avance en la calidad de vida de los últimos 250 años de la humanidad.

No existe en su columna, ninguna mención a los avances sociales que dicho crecimiento económico, con un importante componente solidario, ha significado en países que exhiben un alto estándar de vida, como Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca por citar algunos. No está de más señalar que dichas naciones, actualmente son dirigidos por gobiernos de tendencia socialdemócrata.

El exministro acota que, si el país hubiese seguido en los últimos 10 años creciendo al 5% anual, el ingreso per cápita de los chilenos sería 37% mayor al actual. Al respecto, sabemos que considerar sólo el per cápita, como un medidor de la calidad de vida de un país, es una falacia. La explicación es super clara. Veamos: el ingreso per cápita de Chile el 2021 anduvo por los US$ 26.700, o sea equivalente a un ingreso mensual de $1.891.250, al precio actual del dólar. La pregunta surge de inmediato ¿Qué porcentaje de la población tiene una renta promedio similar al guarismo anterior? Obviamente una minoría. Según recientes estudios, el 50% de los trabajadores del país gana menos de $420.000.

Continuemos con la señalada columna. Define frívolamente a la desigualdad como un tema que ha alcanzado "popularidad" en el mundo, denunciada por líderes políticos e intelectuales, que han denunciado a que ésta y no el progreso económico, sea la tarea más urgente de los gobiernos.

Recordemos que la "popularidad" a que se refiere el exministro, fue uno de los reales detonantes que derivaron en la multitudinaria y transversal marcha-protesta del 25/10/2019 y que hasta Piñera después se refirió a ella, como una alerta social legítima. Como es sabido esta manifestación condujo al llamado a redactar una nueva constitución que prontamente será plebiscitada.

Sentencia, además que "quitarles masivamente a unos para darles a otros destruye los incentivos para trabajar y crear y termina por empobrecer a todos" Ante esta afirmación cabe preguntarse ¿Algún sector político serio y mayoritario, ha llegado a plantear este desvarío? Recordemos que el citado exministro es quien recomendó, en una entrevista televisada, invertir en el extranjero. Obviamente el consejo lo deben haber seguido quienes eran capaces de destinar parte de sus ingresos a esta alternativa, mientras la inmensa mayoría de la población se preguntaba ¿en qué país vive este señor? En definitiva, algunos economistas son duchos en macroeconomía, pero como el dicho popular "no saben para donde va la micro".

La actual agenda de gobierno incorpora un ambicioso plan de transformaciones de nuevo cuño para Chile. Una reforma tributaria que viabiliza un nuevo sistema de pensiones, cambios en el acceso a la salud, un ambicioso plan para enfrentar el déficit de casi 600 mil viviendas que enfrenta el país y un programa económico destinado a adaptar la economía chilena a la transición climática. En paralelo, la Convención Constituyente con sus más de 300 artículos aprobados incorpora un amplio abanico de principios que garantizarán el acceso a la población a derechos y bienes públicos.

El New Deal verde que inaugura Chile, es un conjunto de reformas que tienen por objetivo disminuir y superar gradualmente las desigualdades del actual modelo, un esfuerzo por construir una comunidad con fines compartidos, esto es garantizar mínimos sociales, políticos, económicos y ambientales, un esquema de sociedad que pretende superar el individualismo incorporando la equidad, la solidaridad y la sustentabilidad en la relación Estado y Sociedad.

Sin embargo, la agenda de transformaciones impulsadas por el nuevo gobierno y la Convención Constituyente se enfrentan en el actual contexto con un enorme obstáculo, que implica restablecer el orden, la seguridad y la certidumbre que la sociedad y las personas requieren para aspirar a un horizonte de desarrollo y realizar un plan de vida personal. Hace pocas semanas el Subsecretario de Prevención del Delito, prendía las alarmas con un diagnóstico de los últimos años que señalaba que: "desde mi punto de vista creo que Chile está viviendo el peor momento en seguridad, al menos desde el retorno a la democracia…". No solo apuntaba a la violencia que ocurre en el sur de Chile, sino a la masificación del narcotráfico, y al aumento de los crímenes violentos que azotan en particular al norte del país.

En la experiencia comparada, las sociedades que abordan transformaciones destinadas a superar las desigualdades y que experimentan elevados niveles de inseguridad, finalmente las reformas terminan siendo desplazadas a un lugar secundario frente a la demanda prioritaria por restablecer mínimos de orden y certidumbre social. El principal desafío de estos tiempos será enfrentar la inseguridad desde un enfoque de derechos humanos, de lo contrario amplios sectores de la sociedad podrían retroceder en sus aspiraciones de cambio frente al aumento del temor.

Las sociedades más inestables son las menos eficaces, las menos dinámicas y las más conflictivas desde el punto de vista democrático. Las sociedades más estables, son aquellas en las que prevalece un orden entendido como una comunidad de horizonte compartido. Un estado en el cual emergen instituciones que permiten articular a hombres y mujeres libres e iguales, garantizar la buena organización del territorio, garantizar que exista una educación que asegure oportunidades o asegurar una salud pública sin distinciones. En suma, es gracias a este orden es cómo puede nacer una nueva Constitución y un Estado que asuma la misión de desarrollar el conjunto de las fuerzas productivas y sociales del país y la región.