Municipio enfrenta 23 juicios por tutela e indemnizaciones que superan los 350 millones
EDIL. El complejo panorama judicial representa solo los casos del 2022. Montos por tutelas laborales preocupan a los concejales de la comuna tras nueva demanda de ex administradora.
Los montos por tutelas laborales y la reiteración de los presuntos maltratos en la casa edilicia, son algunas de las preocupaciones de los concejales de la comuna de Antofagasta, ante la reciente demanda que presentó la exadministradora municipal, Yamile Guzmán, quien acusó una serie de malos tratos por parte del alcalde, Jonathan Velásquez.
De acuerdo a la información disponible en el oficina judicial virtual del Poder Judicial, solamente durante el año 2022, la Municipalidad de Antofagasta enfrenta ocho demandas por tutela laboral de distintos funcionarios (entre ellos el ex director jurídico Felipe Ascencio) las que suman más de 250 millones en solicitud de indemnizaciones.
A ellos se suman otros 15 juicios en el juzgado laboral de Antofagasta por nulidad de despido injustificado, los que superan los 100 millones de pesos.
A lo anterior se sumó la querella interpuesta por Yamilé Guzmán, el acoso y maltrato laboral fue constante desde el inicio de la gestión del jefe comunal, lo que resumió en tres episodios. El último de ellos, fue cuando Velásquez criticó la demora en una labor que realizó la exadministradora, lo que según ella, fue el detonante para ordenar su salida.
A lo anterior, la demandante agregó que presenció atentados contra la integridad física y actos vejatorios de naturaleza sexual contra el exasesor jurídico, Marco Ascencio. Además, el texto legal dice que el edil tuvo la intención de renunciar, pero no lo hizo, porque en ese contexto Guzmán hubiera quedado como alcaldesa subrogante.
A su vez, la querellante -quien actualmente es directora de la dirección de servicios traspasados- solicita la reintegración a su cargo anterior (administradora municipal) y una indemnización por daño moral de $36 millones.
Tutelas laborales
El concejal Ignacio Pozo (PR), manifestó preocupación por la gravedad de esta demanda, pero también por la presentada por el exasesor jurídico y las denuncias de otros trabajadores.
"Los profesores están reclamando por personas de su equipo que están generando maltrato, y hay funcionarios que también han acusado a directores por maltratos", añadió.
Frente a esta situación, el edil sostuvo que la administración debe ser cercana y escuchar a los funcionarios, para que "no estemos viendo todos los días estas denuncias".
"Nos llegó un informe por demandas y tenemos millonarios pagos por despido laboral. Y todos fueron -si uno lee las causas- por maltrato de parte de la autoridad edilicia", sentenció Pozo.
En la misma línea, el edil Luis Aguilera (RN) comentó que "me preocupa la cantidad de tutelas laborales que han recaído al municipio este último tiempo, las que podrían constituir un potencial abandono de deberes, más aún si estas generan detrimento al patrimonio municipal".
Por otro lado, Aguilera recordó que los cargos de administración municipal -cargo del que fue removida Guzmán- y el de servicios traspasados, son de exclusiva confianza del jefe comunal, por lo que dentro de sus facultades, está terminar los contratos respectivos.
Aguilera (RN) expresó que "la exadministradora Yamile Guzmán, a mi juicio, técnicamente, nunca estuvo al nivel de profesional que necesitaba el municipio. Sin perjuicio de aquello, hay temas que expone en la demanda que debemos revisar como concejales, como son los viajes fuera de la comuna, con viáticos municipales y con su secretaria, que según ella expone, sería su pareja actual, temas que revisten un carácter de ilegalidad. Como también los temas de maltrato, acoso laboral y sexual, cuyos temas debe investigar el ministerio público y las instituciones que corresponden".
Otra visión mostró la concejala Natalia Sánchez (PTR), quien sostuvo que "durante años entre la concertación y la derecha (y sus candidatos independientes) desfalcaron los recursos municipales. Ahora siguen en la disputa por el botín municipal mediante juicios, cuando el dinero debiese estar destinado a mejorar la educación, la salud, la vialidad y garantizar las necesidades de Antofagasta".
"No negamos el maltrato del alcalde Velásquez contra los trabajadores, denunciado en múltiples oportunidades y que se vería agravado ante una funcionaria embarazada. Bien lo saben los trabajadores de la CMDS, los Cesfam o los mismos profesores en lucha, pero Yamile Guzmán no solo busca denunciar el maltrato de Velásquez. Como buena operadora política de la concertación, también busca sacar las platas del municipio", finalizó Sánchez.
Desde la Municipalidad de Antofagasta, informaron que por ahora, el alcalde no emitirá declaraciones respecto a la denuncia presentada por la exadministradora municipal.