Entre distintas normas que van armando el funcionamiento a nivel macro del país, la Convención Constitucional también ha deliberado artículos que dotan a los gobiernos locales -las municipalidades- de más atribuciones y autonomía, y que actualmente están en el borrador de la propuesta de Constitución, que se plebiscitará el próximo 4 de septiembre.

En efecto, una de estas normas aprobadas la semana pasada fue el artículo 17, que establece la posibilidad de los municipios de crear sus propias empresas públicas.

El escrito define que "las comunas autónomas, previa autorización por ley general o especial, podrán establecer empresas, o participar en ellas, ya sea individualmente o asociadas con otras entidades públicas o privadas, a fin de cumplir con las funciones y ejercer las atribuciones que les asignan la Constitución y las leyes. Las empresas públicas municipales tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio y se regirán por las normas del derecho común".

"Podría ser beneficioso"

Precisamente, uno de los debates que los alcaldes y alcaldesas del país han entablado en el último tiempo, tiene que ver con la posibilidad de generar empresas públicas, como respuesta al alza precios de diversos productos básicos.

El alcalde de Taltal, Guillermo Hidalgo (ind.) opina que, siendo edil "de una comuna de aproximadamente 14. 000 habitantes, una norma como esta podría resultar beneficiosa, en el sentido que, como comunidad pequeña, muchas veces no contamos con todos los servicios que se requieren para el buen funcionamiento de la comuna y una buena calidad de vida".

A lo anterior, el jefe comunal añade que "la ley y los reglamentos que se creen a su propósito deberán ser bastante rigurosos en especificar los casos en que procederá, y cómo será aprobada la creación de una empresa o asociación a esta por parte del municipio".

Desde Mejillones, su alcalde Marcelino Carvajal (PPD) enfatiza: "Creemos que nos dan el clavo. Siempre tenemos problemas de recursos". Y señala que, siendo "ordenado, con cierta cantidad de profesionales", es posible que las casas edilicias constituyan "pequeñas empresas crecientes", permitiendo generar recursos a los municipios.

El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro (FRVS), se declara a favor de la normativa votada en el pleno, argumentando que, "mientras las posibilidades que se generen este tipo de aperturas, donde los municipios puedan proveer servicios básicos, creo que es muy buen escenario para las municipalidades".

El edil precisa que será relevante estudiar el reglamento para desarrollar estas actividades desde los municipios: "Lo que tendríamos que revisar es el reglamento de uso respecto a su proceso de distribución, que ahí hay otros tipos de criterios que influyen con respecto a esto mismo. Por ejemplo, las distribuciones -minoristas o mayoristas- cambian mucho, las logísticas en la zona norte son distintas que en la zona sur, o la zona central".

En tanto, el edil de María Elena, Omar Norambuena (RN) señaló que "en estos territorios es de suma importancia que la municipalidad pueda asociar complementariamente, dentro del marco legal, aquellas acciones que permiten tener una mejor calidad de vida para los vecinos, entendiendo que, como territorios distintos y distantes, hoy tenemos que pagar valores que no están dentro del precio normal, sino que es por fletes hay un valor agregado" y agregó que "si es que hay otras estrategias, claro que estamos dispuestos", con el objetivo de reducir el valor de los productos básicos, como el gas".

Discusión pendiente

Otra mirada sostiene la alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic (ind.). Dice que estaría de acuerdo con lo que permite la norma, pero aclara que "siempre y cuando los controles sean establecidos en forma permanente". Sin embargo, Kurtovic manifiesta que "los municipios necesitamos mejores presupuestos, que se pueden incrementar a través de tributos tanto mineros como portuarios. Es la discusión que se lleva a cabo desde hace por lo menos 10 años en las asociaciones municipales".

La Defensoría Penal Pública designó a Claudia Nievas, defensora local jefe de Antofagasta, como la nueva abogada de la exalcaldesa Karen Rojo, quien se encuentra prófuga de la justicia.

La exedil trató de cambiar el patrocinio, que en ese entonces estaba bajo la firma de Jorge Bofill, a los litigantes Daniel Mackinnon y Felipe Moraga. Sin embargo, el Juzgado le solicitó a Rojo comparecer por videoconferencia para ratificar el nombramiento de los abogados.

Luego de lo anterior, los abogados de Bofill presentaron su renuncia a la representación de la exjefa comunal, condenada a cinco años y un día de prisión efectiva por fraude al Fisco.

Y pese a que Rojo solicitó acoger la firma electrónica avanzada para validar la petición del nuevo patrocinio, el Tribunal lo declaró "no ha lugar", y volvió a pedirle que se comunicara con el Juzgado vía telemática para confirmar a los nuevos defensores.

De todas formas, y mientras eso ocurre - Rojo tiene un plazo de cinco días para contactarse-, el Juzgado solicitó a la Defensoría Penal Pública asignarle un patrocinante a Rojo.

Nievas, al asumir su cargo, manifestó a través de un video que "como defensora penal pública, me toca asumir la representación de todo imputado o condenado que carezca de abogado". Estas fueron las palabras con las que se presentó la defensora local jefe

La abogada explicó el derecho de contar con abogado desde las primeras actuaciones hasta la completa ejecución de la condena. "Es en esta etapa que me ha correspondido representar a la señora Rojo", indicó.

Mencionó que "es claro que no encontrándose ella (Karen Rojo) en el país, hay una dificultad evidente para la ejecución de la sentencia. Me corresponde en lo inmediato tomar conocimiento de todos los antecedentes de la causa e instar por generar un contacto con la representada".

¿Y los otros abogados?

En conversación con SoyAntofagasta.cl el abogado Felipe Moraga aseguró que "el tribunal nos amplió el plazo de otros cinco días más. O sea, tenemos hasta el lunes para generar el contacto".

Moraga aseveró que, "a nuestro juicio, creemos que la decisión es equivocada, porque sí se puede subir el documento de patrocinio a la página con la firma digital. Yo no había visto que era necesaria una ratificación por zoom, pero es lo que está resolviendo el tribunal".