José Franciso Montecino L.

El 2 de mayo, durante la noche, el padre Felipe Berríos abandonó el barrio transitorio La Chimba, lugar donde residía desde el 2015, y en donde logró convertirse en un activo vocero en contra de la desigualdad social.

En paralelo, le había comentado a su círculo más cercano la situación: se había dado curso a una investigación canónica en contra del jesuita, por "hechos de connotación sexual", a raíz de una denuncia presentada por una mujer adulta. Los sucesos habrían ocurrido cuando la persona era menor de edad.

Su "círculo de hierro" es hermético para entregar antecedentes. Dos fuentes comentaron fuera de micrófono que al momento de la notificación, Berríos estaba "muy mal", sorprendido por el tenor de la denuncia.

"Estaba muy choqueado con la situación", comenta una de las personas consultadas.

Al día siguiente, el 3 de mayo, la Compañía de Jesús hizo público los hechos, a través de un comunicado en su página web oficial. El texto dice que "el jueves 28 de abril se recibió una denuncia de una mujer adulta en contra del jesuita Felipe Berríos por hechos de connotación sexual".

Por consiguiente, se añade en la declaración, "en forma inmediata se activó el protocolo establecido por el Centro de Prevención de Abusos y Reparación (CPR) de la institución", y que "el Provincial de la Compañía de Jesús en Chile, P. Gabriel Roblero SJ, con fecha 2 de mayo decretó la apertura de una investigación previa canónica, nombrando a la abogada laica María Elena Santibáñez a cargo de esta investigación".

Santibáñez es abogada de la Universidad Católica. Cuenta con un magíster en Derecho LLM en la misma casa de estudios, además de contar con diversos diplomados en el área penal. Fue escogida en 2017 como la mejor abogada penalista del país por la revista Capital. Es académica de su alma máter, ejerciendo las cátedras del área penal y delitos sexuales.

La abogada comentó a este diario que "estoy bajo secreto pontificio. La investigación es reservada. Yo ya comencé las diligencias investigativas desde el miércoles. He estado todos estos días tomando declaraciones".

Y mientras se desarrolla, se dispuso la suspensión de Berríos del ejercicio público del ministerio sacerdotal.

Reacciones

La información comenzó a hacer eco rápidamente en los medios locales y nacionales. Berríos, por medio de una escueta declaración pública, manifestó. "He tomado conocimiento de la denuncia en mi contra que ha sido informada a través de un comunicado de la Compañía de Jesús". Añadió que "no he sido informado de nada distinto de lo que dice ese comunicado. Haré todo lo que sea necesario por conocer y aclarar los orígenes de esta denuncia y me he puesto, desde ya, a disposición de la Compañía para esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible".

Por lo pronto, Berríos se encuentra en Santiago.

Después de informarles de la acusación, el sacerdote no ha vuelto a tomar contacto con sus más cercanos. Desde Fundación Recrea, la organización que creó para desplegar trabajo social en campamentos, su directora ejecutiva, Alejandra Stevenson, comenta que seguirán trabajando "con toda la comunidad de la zona de La Chimba, en los programas que tenemos, y en el modelo del barrio transitorio".

El viernes, según consignó el vespertino La Segunda, la mujer denunciante ya habría prestado declaraciones, pero se desconocen detalles.

De igual forma, el mismo diario consignó que Berríos será representado por Julián López, penalista conocido por haber sido la defensa de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, en el caso Penta. Sin embargo, el denunciado no tendría vínculos con el abogado: según informó el medio citado, su elección se debió a que no presenta conflictos de interés con este caso ni otros relacionados a la iglesia.

Investigación canónica

María Elena Pimstein, profesora de Derecho Canónico de la U. Católica, explica que, para este tipo de casos, la norma "establece que se debe iniciar una investigación canónica previa, cuando aparece una noticia verosímil de la existencia de un delito. Esta investigación previa es una etapa anterior a un proceso propiamente tal, y tiene por objeto indagar los hechos, las circunstancias en que estos habrían ocurrido, y la eventual imputabilidad de quien aparece como acusado".

Si bien se pueden recabar antecedentes -como declaraciones de la parte denunciante, del denunciado y de testigos, -, la académica aclara que no es el momento de rendir pruebas. Una vez concluida esta etapa, la información es entregada a quien ordenó la investigación. En este caso, el superior de los jesuitas.

En el contexto actual, al ser considerado como uno de los delitos más graves del ordenamiento canónico -una infracción al sexto mandamiento, efectuada por un clérigo y con menores de 18 años-, Pimstein argumenta que estos casos "son conocidos por la Congregación para la Doctrina de la Fe (de la Santa Sede, ubicada en el Vaticano), que como tribunal los conoce y falla o determina lo que se debe hacer".

"Hay distintos caminos: una opción es que determine 'nosotros aquí, en la Congregación para la Doctrina de la Fe, vamos a conocer y fallar a través de un proceso administrativo o judicial'. Una segunda alternativa es que dicha Congregación remita los antecedentes para que el proceso -administrativo o judicial- se realice en Chile', argumenta.

Sin embargo, la experta recalca que no hay forma de predecir cuánto tiempo puede tomar este proceso, puesto a que no existen plazos predeterminados. "En relación a la investigación previa, ni siquiera se establece un plazo, se indica que debe ser 'con prontitud y en el menor tiempo posible pero muchas veces esto demora'".

Pimstein precisa que la Congregación para la Doctrina de la Fe es un dicasterio compuesto por pocos miembros, y que el organismo "recibe este tipo de investigaciones previas de sacerdotes del mundo entero", lo que exige que dominen infinidad de idiomas. "Entonces, por eso es muy difícil predecir los tiempos. No tienen esos plazos de investigación que tienen las fiscalías de 60, 90 o más días, que son prorrogables. Aquí no hay plazos fatales como para desarrollar el trabajo que tienen que hacer".

Las penas, dentro del derecho canónico, en casos como estos podrían ser de tipo expiatorias. Estas, señala Pimstein, "buscan restablecer la justicia y reparar el escándalo". Dentro de ellas, está el mandato o prohibición de residir en un lugar determinado, Se prohíbe o se priva de desempeñar ciertos cargos, oficios; la restricción del ejercicio del ministerio; la participación en distintas instancias, y la prohibición de usar el traje eclesiástico".

"La más radical es la expulsión del estado clerical", agrega.La académica enfatiza que, "sea cual sea el proceso, la decisión que lo resuelva es apelable ante la Congregación".

Justicia civil

La académica de la UC comenta que la persona denunciante siempre tiene derecho acudir a la justicia estatal para que conozca los hechos, los juzgue y sancione. La autoridad eclesiástica debe colaborar con la justicia, pero no tiene obligación legal de denunciar. A menos, detalla Pimstein, de que el conocimiento del delito lo tenga en cuanto jefe o profesor de un establecimiento educacional de cualquier nivel, como lo establece el Código Procesal Penal.

De todas formas, Pimstein dice que "la autoridad eclesiástica actualmente está tendiendo a denunciar para poner los antecedentes en manos de la justicia estatal". Lo anterior teniendo en cuenta que los delitos investigados sean también considerados ilícitos en la justicia ordinaria.

"Estoy bajo secreto pontificio. La investigación es reservada. Yo ya comencé las diligencias investigativas desde el miércoles. He estado todos estos días tomando declaraciones".

María Elena Santibáñez, Abogada a cargo de la, investigación

"Esta investigación previa tiene por objeto indagar los hechos, las circunstancias en que estos habrían ocurrido, y la eventual imputabilidad de quien aparece como acusado".

María Elena Pimstein, Profesora de Derecho Canónico