Hoy la Convención Constitucional inicia una visita a la Región de Antofagasta que tendrá relevancia histórica, pues será acá, en nuestro territorio, donde se entregará la propuesta de nueva Constitución Política de la República que la ciudadanía deberá aprobar o rechazar el próximo 4 de septiembre.

Durante esta semana los convencionales realizarán una serie de actividades con distintas agrupaciones de la sociedad civil, con el fin de dar a conocer los principales ejes del texto constitucional, en un despliegue que valoramos profundamente, porque es muy importante que la ciudadanía conozca el resultado del trabajo de la convención y pueda votar informada.

Tenemos la convicción que la participación ciudadana es la base de una democracia sana, por eso nuestra Universidad ha estado y está disponible a colaborar en todo lo que sea necesario, para promover un diálogo participativo y amplio, a través del cual se puedan aclarar dudas de primera fuente, de manera de no dar cabida a la desinformación en algo que resulta tan importante para el país.

En este proceso, como Universidad de Antofagasta hemos estado presentes, primero con nuestra académica y constituyente, Cristina Dorador, quien impulsó la creación de una comisión de conocimiento, cultura, ciencias, tecnología, artes y patrimonio, incluyendo por primera vez estas áreas tan relevantes como ejes fundamentales de una nueva Carta Magna; pero no sólo eso, también apoyamos, como parte del Consorcio de Universidades Estatales, CUECH, una serie de iniciativas tendientes a fortalecer la educación pública, las que fueron aprobadas y estarán presentes en el borrador.

Desde esta tribuna, sostenemos que la participación ciudadana es clave en el Chile actual y del futuro. Y acorde con esto es que hace pocos días nuestra Universidad y la Gobernación Regional firmamos un acuerdo donde nos comprometemos a avanzar, de manera conjunta, en la promoción de más y mejores espacios de democratización y vinculación con la ciudadanía.

Este acuerdo considera, en primera instancia, el fortalecimiento de la sociedad civil, para lo cual la Universidad de Antofagasta prestará asesoría, asistencia técnica y colaboración en materias de participación ciudadana. Asimismo, nos comprometimos a incentivar en nuestras aulas la investigación en temáticas como gobernanza y derechos humanos, y estamos disponibles para suscribir nuevos convenios en aspectos más específicos con distintos actores de la sociedad civil, para así fortalecer la democracia.

El descontento social que nos condujo al actual proceso constituyente, demostró lo necesarias que son las instancias de participación, donde los ciudadanos y ciudadanas sean protagonistas responsables en la construcción de una nación más inclusiva y justa. Por eso hoy saludamos con entusiasmo el arribo a la región de nuestras y nuestros convencionales constituyentes, convencidos que, en definitiva, su trabajo refleja precisamente aquello que más deseamos para Chile: participación y democracia.

Esta tarde el país -y especialmente nuestra región- será testigo de un hecho histórico cuando se concrete la entrega del borrador con las 499 normas que componen el texto de la nueva Constitución efectuada tras un arduo trabajo de los convencionales. El lugar escogido será el emblemático Monumento Nacional de la Ruinas de Huanchaca en la comuna de Antofagasta, el que desde ese momento pasará a convertirse en un ícono de la democracia nacional.

Ante tan magno evento se han hecho todas las coordinaciones necesarias para asegurar que todo funcione a la perfección. Desde habilitar un espacio en la explanada con todas las comodidades para la sesión histórica y también para que pueda seguir desde todos los puntos del país en señal streaming.

Se definió a Antofagasta, como región, para que fuera el epicentro de esta recta final de la Convención Constitucional en un claro mensaje descentralizador y regionalista que han impulsado amplios sectores desde el interior de esta importante asamblea.

El norte otrora visto solo como fuente productiva de riqueza toma la notoriedad que se merece con esta visita, la que incluirá desplazamientos a las nueve comunas y un trabajo focalizado de las tres comisiones de cierre del proceso: armonización, artículos transitorios y preámbulo.

No es sólo un simbolismo, también tendrán que sesionar y avanzar en las tareas restantes. Por ello, la visita es mucho más que el compromiso descentralizador intrínseco entre los constituyentes.

En consecuencia, será una ardua semana y fundamental para conocer todo lo que se ha aprobado y que estará definitivamente en el instrumento que será sometido a plebiscito el próximo 4 de septiembre.

Es el momento para interiorizarse y también para exigir explicaciones que puedan clarificar dudas que hoy rondan principalmente en los electores de la región. Por ejemplo, en temas sensibles como migración, minería de gran y menor escala, educación y pensiones.

Un buen momento para que los habitantes de este norte tantas veces olvidado den un ejemplo de civismo y compromiso con el futuro del país.

La migración es un fenómeno de movilidad social que llegó para quedarse, por tanto debemos avanzar en poder tener normas claras y asegurarnos de que estas se cumplan. La migración debe ser ordenada, segura y regular, no sólo para Chile, sino también para los inmigrantes que han venido a aportar. Sin embargo las erradas decisiones o las omisiones nos tienen viviendo una crisis migratoria y humanitaria. Años costó tener una ley de migración, me tocó incluso interpelar al ministro de interior de la expresidenta Bachelet logrando un día antes de esta fiscalización ingresaran el proyecto y se sometiera a discusión en el Congreso. Tenía la esperanza que la Convención Constitucional pudiera tomar buenas decisiones y al menos en este punto - que a mi juicio es uno de los mayores problemas que enfrenta el país - decidiera de manera transversal o mayoritaria, pero no fue así. Al contrario, las normas aprobadas en materia migratoria son un perjuicio para el norte del país y nuestra región de Antofagasta. Pasaré a mencionar lo que a mi juicio son los nudos más críticos que ya se encuentran en el texto final:

1.- La Convención permite una migración descontrolada, el gobierno se transforma en un mero espectador del ingreso y salida de inmigrantes, sin tener ningún tipo de poder para regular el flujo, priorizar o prohibir ingresos al país. Fue el pleno el que ratificó lo despachado por la comisión de Derechos Fundamentales, en la sección de libertad personal ambulatoria la que estableció, en su artículo 11, lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a trasladarse, residir y permanecer en cualquier lugar del territorio nacional, así como a entrar y salir de éste. La ley regulará el ejercicio de este derecho". Es decir, cualquier inmigrante, independiente de si tiene antecedentes penales o cumple con los requisitos tiene el derecho a entrar y salir de Chile. Y la ley no podrá impedir que lo haga, ya que iría en contra de este derecho constitucional. Esta es una norma irresponsable, el Gobierno de Chile debe tener las herramientas para decidir quién puede entrar y salir del país. Es más, la Convención no fue capaz de establecer al menos como requisito no tener antecedentes penales para ingresar, con el texto de nueva constitución un delincuente podría hacerlo.

2.- La Convención omitió el rol de control de fronteras y de expulsiones a quienes no respeten nuestras leyes.

Dos indicaciones fueron rechazadas en esta línea. La indicación 27, que definía que "Todo inmigrante que ingrese clandestinamente al país; esté en condición de ilegal o comenta un delito, será expulsado de manera inmediata a su país de origen, de residencia y de tránsito", y la indicación 28, que proponía que "Es deber del Estado proteger la integridad y seguridad de los territorios y comunidades fronterizas. En cumplimiento de dicho deber, el Estado deberá fortalecer y supervigilar los pasos fronterizos, y asegurar la presencia militar en ellos". Con el rechazo de ellas se garantizar el libre tránsito, se renuncia a que Chile pueda resguardar sus fronteras y expulsar a los extranjeros que no aportan y no respetan las leyes. Esta medida es irresponsable con los municipios y las regiones, en especial en el norte. Golpea, además, a los sectores más vulnerables.

3.- La Convención ignora el abuso al refugio y asilo para evitar expulsiones por cometer delitos en Chile.

La indicación 33 que fue rechazada, planteaba que "Toda solicitud de refugio fraudulenta ameritará la expulsión al país de residencia o de tránsito".

Buscaba que extranjeros a punto de ser expulsados o reembarcados, con antecedentes penales o que ingresaron por pasos clandestinos, no abusaran de la legítima necesidad de solicitar protección del Estado.