Un día después del homicidio de Segundo Catril, trabajador forestal de 66 años baleado en una emboscada cerca de Lumaco (Región de La Araucanía), la ministra del Interior, Izkia Siches, confrontó ayer los extendidos llamados desde diferentes sectores políticos para que se amplíe el Estado de Emergencia "acotado" en la Macrozona Sur más allá de las rutas principales y se entreguen mayores facultades Fuerzas Armadas en la zona.

La jefa de gabinete afirmó que la instauración de un estado de excepción constitucional "es una medida complementaria que se suma al trabajo de nuestras policías en la zona" y aseguró que ha sido desplegada "de la manera que nos parece más táctica y estratégica".

Siches añadió que "esto permite prevenir atentados y ataques en los distintas carreteras para poder llegar con suministros y que también las personas se puedan trasladar. La evolución y evaluación del estado de excepción es continua, pero con ello no va a lograr resolver los problemas de fondo".

"El problema de fondo de las bandas organizadas, del crimen organizado, no se ataca llevando o exponiendo a nuestros carabineros o nuestras Fuerzas Armadas, sino más bien desarticulando las bandas. Eso se hace por medio de las inteligencias, de las investigaciones y de las pericias y también trabajando con las comunidades. Eso es lo que estamos haciendo", sentenció.

Visita de Monsalve

En ese momento la ministra anunció que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, había viajado a la Región de La Araucanía para "acompañar a la familia de Segundo Catril, como también reunirse con Carabineros y la PDI y acelerar las acciones investigativas para encontrar a los responsables de este lamentable hecho".

El subsecretario llegó cerca del mediodía a Temuco y se reunió con autoridades locales, como el delegado presidencial Raúl Allard, y de las policías y luego visitó a la familia del trabajador asesinado en el Servicio Médico Legal, poco antes de que su cuerpo fuera entregado para que lo trasladaran a Tirúa, donde en la tarde se inició su velorio.

Tras sus actividades afirmó que "el Gobierno se comprometió a la seguridad en las rutas y esa instrucción se les dio a las Fuerzas Armadas. Si esta cuestión tiene que modificarse a partir de una evaluación por supuesto que se va a modificar".

Mientras, el gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, afirmó que "aquí lo que falta es que el estado de excepción funcione, porque estos grupos que están operando están con una capacidad de fuego altísima. Hay grupos que están desafiando a la autoridad, están desafiando al Presidente, a la institucionalidad de nuestro país y a la democracia y eso es algo muy complejo que se tiene que tomar con los mayores resguardos y responsabilidad posible".

"Dificilmente predecible"

Otro ministro que se refirió al tema fue Giorgio Jackson, titular de la SegPres, quien en radio T13 afirmó que "tenemos que reconocer que ayer fue un ataque como pocos se había visto en el sentido de la magnitud, la cantidad de personas, pero fue un hecho difícilmente predecible y que difícilmente se podría haber dispuesto con un estado de excepción distinto".

El secretario de Estado apuntó que "las Fuerzas Armadas están cumpliendo un rol para preservar las rutas que es uno de los objetivos que se tenía al momento de invocarlo (...) Hoy día los jefes de zona tienen la facultad para modificar operativamente dentro de lo que está en el decreto y ahí tienen cierto rango de flexibilidad".

Ante las opciones planteadas por el Gobierno, el senador Francisco Huenchumilla (DC), ex intendente en La Araucanía, propuso una posible solución: "El Gobierno tiene que llegar a un acuerdo con los grupos económicos dueños de las forestales, que siempre se han manifestado disponibles para conversar, pero no un par de fundos, sino que una respuesta que satisfaga a ambas partes y con la autoridad presidencial de por medio".

Gremios y víctimas

Desde los gremios llegó una serie de críticas al Gobierno tras el crimen. La Asociación de Contratistas Forestales afirmó que "don Segundo es el cuarto trabajador forestal que es asesinado en 2022 como consecuencia de un Estado ausente, timorato, cobarde e ideologizado que por su inacción es cómplice pasivo de estos grupos terroristas que tienen capturadas a las regiones del Biobío y La Araucanía".

El presidente de la empresa CMPC, Luis Felipe Gazitúa, reclamó que "hay en Chile una deuda evidente con la seguridad pública. El Estado tiene una responsabilidad en esa seguridad y tiene las herramientas para ejercer y entregar esa seguridad a todos nosotros. Se las entregan la ley y la Constitución. Aquí no existe ningún conflicto entre el pueblo mapuche y alguna industria en particular; existe es delincuencia pura y dura que se escuda en demandas históricas y que busca generar el terror".

Jorge Luchsinger Mackay, hijo del matrimonio asesinado en 2013, sacó la voz por las víctimas de la violencia y afirmó que "no creo que (la situación) vaya a marcar un punto de inflexión dada la reacción del Gobierno. No vi empatía, no vi algún gesto de que alguna forma demuestre que hay una disposición a efectuar acciones que modifiquen esta situación. Asesinan a nuestros padres, a familiares, a vecinos y el Estado hace muy poco".