Redacción

El alcalde de Lumaco, Richard Leonelli, advirtió ayer que ante los hechos de violencia que se han vivido en la Macrozona Sur, hay vecinos que se organizan para armarse como una forma de defenderse de eventuales ataques.

Los atentados llegaron a su momento más crítico el lunes cuando personas con armamento de guerra dispararon contra un bus de trabajadores forestales, emboscada que terminó con el homicidio de Segundo Catril (66 años), integrante de la comunidad Lago Lleulleu, quien recibió un balazo en la cabeza.

En Chilevisión, la autoridad municipal reveló que debido a este hecho, el séptimo asesinato en La Araucanía en lo que va del presente año, "la gente se va a armar", al ver que no hay una disminución de asaltos, emboscadas y asesinatos en el sector.

"Tengo información no oficial, pero la gente, debido al abandono, que no queda otra alternativa que tener que defender sus hogares, su patrimonio, que les ha costado tanto tiempo generar. Cuando vemos un abandono como el que tenemos en la comuna de Lumaco, la sensación que hay es que no hay otra alternativa más que armarse. Preocupa que un civil tenga que armarse", afirmó Leonelli.

Afirmó que "si en la comuna de Lumaco se hacen controles en las ruta, les garantizo que este asunto va a disminuir y habrá más seguridad, son puntos claves en la ruta principal, es el sector, la zona, que los grupos radicales defienden".

Leonelli pidió al Gobierno mayor control en seis puntos entre Lumaco y Tirúa, en la Ruta R-90-P. "Nosotros le llamamos la ruta de la muerte, ahí existen muchas faenas forestales".

No al cálculo político

Paralelamente, el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, enfatizó que es necesario un Estado de Emergencia normal en la Macrozona Sur.

En entrevista con Radio Cooperativa, la autoridad enfatizó que "aquí tenemos que ver el bien superior de la región, de las personas; acá no estamos para hacer ningún tipo de cálculo político".

"Aquí necesitamos dar soluciones a un problema real que vive la Región de La Araucanía, que está desbordado, donde están asesinando personas. Las únicas personas que están siendo afectadas hoy día son los trabajadores forestales, los trabajadores agrícolas", detalló Rivas.

"Lo que se necesita aquí son controles y patrullajes que es lo que en realidad se hizo en la primera etapa. Aquí hay que ser bien sincero: no es que el Estado de Excepción va a venir a solucionar todos los problemas que tiene la región hoy día. Sabemos que no van a llegar a cero los atentados, pero no podemos olvidar que tuvimos una mejora importante desde el punto de vista de las usurpaciones (cuando se tomó la medida durante el Gobierno de Sebastián Piñera), los mismos atentados bajaron durante el Estado de Excepción", indicó el gobernador.

Que la descentralización es una deuda pendiente en nuestro país, lo sabemos hace tiempo. Ha habido avances, por supuesto, pero la desigualdad territorial en términos de carencias en servicios públicos o desarrollo e inversión siguen presentes. Por lo mismo, no debe sorprendernos que haya sido un eje protagonista en la discusión constitucional.

Ahora bien, está claro que no da lo mismo cómo avanzamos en descentralizar. Solo un diseño adecuado es necesario para evitar problemas de coordinación que, por ejemplo, puedan obstruir en vez de mejorar el desarrollo local y regional. En esta línea, una de las recomendaciones más importantes que recibimos en el contexto constitucional es que la propuesta de Constitución, para que tenga éxito, debe ser "suficientemente clara, y técnicamente completa y sólida". De esta manera, sería "políticamente viable para que se aplique debidamente y con prontitud tras su adopción", según lo sentenció la Comisión de Venecia. A la luz de este consejo, cabe evaluar el resultado del borrador en esta materia: el Estado Regional.

Como bien sabemos, lo relevante en el texto no es la denominación per se de Estado Regional, sino más bien el conjunto de reglas y normas que configuran dicho tipo Estado. Al respecto, hay algunas buenas noticias. Por ejemplo, la posibilidad de que tanto las regiones como las comunas puedan darse sus propios estatutos regionales respecto a su organización interna entregándoles la capacidad de gestionarse según sus propias particularidades locales, con el contrapeso adecuado de que estos deben ser refrendados por ley. Ahora bien, hay al menos un aspecto por el cual nos debemos preocupar.

En el diseño se crea un entramado de "regiones autónomas", "comunas autónomas", "territorios especiales" y "autonomías territoriales indígenas". Si nos fijamos en cómo se relacionan estas unidades territoriales, salta a la vista que hay una amplia remisión al legislador (es decir, al Congreso) y que, en más de una ocasión, las competencias de las regiones y comunas autónomas se traslapan. Esto es potencialmente problemático, especialmente en un proceso de profundización de la descentralización caracterizado por el concepto de "autonomías".

Veamos algunos ejemplos. A pesar de que existe una regla que señala que en la radicación de competencias se deberá interpretar la priorización de las entidades locales por sobre las regionales y, a su vez, de estas sobre las nacionales, algo tan específico como la promoción y el fomento del deporte, ocio y la recreación, se radica en las regiones autónomas en vez de en las comunidades locales.

Por otro lado, tanto regiones como comunas autónomas se topan en materia de cuidado del medioambiente. Es más, la conservación, protección, resguardo de la naturaleza, el agua, los mecanismos de protección ambiental o inclusive el patrimonio cultural, son nombradas en numerosas ocasiones y de diferentes formas en ambos estatutos. ¿De qué manera estos podrán servir de guía al legislador quien después deberá desarrollar el cómo se ejercerán dichas atribuciones? o ¿cómo se solucionarán las discrepancias en torno a las competencias?

En esto descansa gran parte de la arquitectura del Estado Regional. En este sentido, las directrices a las que se deberá apelar para tomar estas decisiones no parecen ser "suficientemente claras". Así las cosas, se puede anticipar un escenario en el cual la implementación de este diseño podrá generar conflictos entre las diferentes unidades territoriales, o, en su defecto, hacia la inmovilidad. Esperemos que algo de esto pueda ser solucionado en las disposiciones transitorias.