El sostenido aumento en el ingreso de extranjeros al país por pasos no habilitados, una contingencia que se ha agudizado a partir de 2020, se ha situado como parte de los principales desafíos para el gobierno del presidente Gabriel Boric. Una contingencia migratoria que aborda desde diversas aristas, en su primera entrevista con un medio de prensa regional Luis Eduardo Thayer (48), director del Servicio Nacional de Migraciones, además Doctor en Sociología de la U. Complutense de Madrid.

La crisis migratoria en la frontera norte persiste con un alto flujo de migrantes en distintas ciudades, tras haber ingresado por pasos no habilitados al país. ¿Podría la apertura de fronteras terrestres contribuir a contener este flujo migratorio o cuál sería la incidencia de la apertura de fronteras terrestres para regularizar este flujo?

-Uno de los principales motivos por los cuales se produce la migración irregular es por la inexistencia de formas regulares de ingreso. El cierre de la frontera decretado como medida sanitaria supuso una clausura casi total de las posibilidades de ingreso regular al país, ya sea de turistas, personas que buscan trabajo, refugiados, habitantes de zonas fronterizas, etc., lo que dejó al país expuesto a enfrentar una movilidad de personas por vías irregulares. Este cierre, por motivos sanitarios, se vino a sumar a una política en que la tramitación de documentos venía siendo muy ineficiente, con lo cual era muy difícil acceder a un ingreso regular. La normalización de los pasos fronterizos a partir del 1 de mayo ha supuesto que el flujo terrestre se activara en términos generales a través de estos. Ello no implica que aquellas personas que no cumplen con los requisitos establecidos por la Ley, hayan dejado de ingresar por vías irregulares. En atención a esto es que las policías con apoyo de las FFAA están trabajando para evitar que las personas lo sigan haciendo. Por nuestra parte, ya hemos implementado el sistema de solicitudes en línea desde el extranjero, en función de que las personas puedan optar desde sus países a autorizaciones para el ingreso y la permanencia, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

¿De qué forma las autoridades de Antofagasta y en general de la Macrozona Norte podrán contribuir para enfrentar la actual contingencia migratoria?

-En nuestra visita a la macrozona junto a los subsecretarios de Interior Manuel Monsalve y de Desarrollo Regional Miguel Crispi, durante el mes de mayo, nos reunimos con las autoridades de las tres regiones para proponerles un conjunto de medidas concretas en ámbitos de inversión, seguridad y migración, y también para establecer un canal de diálogo y de articulación. Al mismo tiempo he solicitado a las direcciones regionales del servicio que continúen el trabajo conjunto con las autoridades locales y que puedan apoyarlas en todo lo que requieran que esté dentro de las atribuciones del servicio. Por otra parte, la Subsecretaría de Interior está coordinando la mesa de primera respuesta del gobierno, para enfrentar la coyuntura migratoria, de la que forman parte las tres delegaciones regionales del norte más la de la RM, entre otros actores. En este sentido nuestra disposición es total para apoyar y trabajar colaborativamente con las autoridades regionales y locales. Las soluciones a problemas tan complejos tenemos que encontrarlas necesariamente de manera articulada.

Ud. ha reconocido que el actual gobierno priorizará las expulsiones judiciales ¿Existe alguna proyección sobre cuándo podrían iniciarse estos procedimientos y bajo qué condiciones?

-En materia de expulsiones hemos mantenido los criterios que venían aplicándose en la administración anterior: seguimos priorizando las expulsiones judiciales y las administrativas en que las personas hayan cometido delitos y tengan antecedentes penales. En este sentido, no haremos cambios de criterios. Es importante señalar que los procesos de expulsión no se han detenido y que los estamos ejecutando desde el momento en que asumió el gobierno. En los últimos dos meses hemos expulsado con el apoyo fundamental de la PDI a 316 personas, 228 de ellas en marzo y 88 en abril. Si sumamos las 30 personas que se expulsaron en febrero y las 80 de enero, tenemos que en lo que va del año se han concretado 427 expulsiones. Ese es el ritmo que llevamos. Hemos optado por ir realizando las expulsiones de manera individual en vuelos comerciales, dándole curso a dos contratos con agencias de viajes de alrededor de 300 millones de pesos cada uno. Esto permite agilizar el proceso y bajar los costos. Seguiremos expulsando personas, pero no haremos un espectáculo de aquello.

¿Cómo se ha enfrentado la pérdida de datos del sistema B3000 (archivos con antecedentes de residentes extranjeros en el país), esto considerando el rezago en la tramitación de documentos?

-Nuestros equipos han recuperado el total de los datos perdidos en su momento, lo que afectó a solicitudes ingresadas entre el 11 de agosto y el 25 de octubre de 2021. Actualmente, nos encontramos en etapa de revisión y chequeo de toda la información recuperada.

¿Existe alguna opción de retomar la atención presencial? ¿Cuándo si así fuese?

-Creemos que el haber suprimido la atención al público fue un error. Nuestro Servicio debe ser el único a nivel nacional que no cuenta con atención presencial a los usuarios. Una de las primeras decisiones que tomamos fue la de restablecer la atención a público presencial, para lo cual hemos conformado un equipo especial y ya tenemos una propuesta de atención desconcentrada y descentralizada que pondremos en marcha en los próximos meses.

Comenzaremos con una etapa de pilotaje dentro del mes de junio, e iremos desplegándola paulatinamente en todo el territorio nacional. Las direcciones regionales jugarán un rol muy importante en este proceso. Nos parece que retomar la atención presencial para la entrega de información es una política necesaria no solo para mejorar la eficiencia del servicio sino también para tratar con mayor respeto a nuestros usuarios.

Ud habló de un cuello de botella de 500 mil solicitudes ¿Cómo se ha avanzado en la gestión para regularizar procesos migratorios, que en algunos casos muestra una demora de 3 años? ¿Cuál sería la situación de Antofagasta en el caso de los rezagos?

-Nuestra prioridad es destrabar el cuello de botella recibido. Para ello, establecimos un plan y contamos con recursos aprobados en la Ley de Presupuesto para implementarlo. En estos dos meses de gestión hemos resuelto más de 40 mil visas que estaban en la fila. Esperamos que en los próximos tres meses terminemos de tramitar las poco más de 150 mil que están pendientes del último proceso de regularización 2021. Estamos tomando las medidas para destrabar la tramitación de visas y de residencias definitivas, contratando personal, simplificando y automatizando procedimientos, y modificando los criterios para proceder con la tramitación. El proceso de descentralización del servicio va a permitir en el mediano plazo tramitar en regiones, de manera que las solicitudes que se ingresen en cada región puedan tramitarse desde allí.

En su opinión, ¿cómo ha ido avanzando el proceso de reconducción de personas en la frontera para migrantes que ingresaron irregularmente considerando el alto rechazo por parte de Bolivia?

-Más que una opinión, aquí hay hechos. El proceso de reconducción no ha sido efectivo puesto que se inició sin antes preparar las condiciones para que fuera exitoso. Es de toda lógica tener un acuerdo con las autoridades de los países vecinos a los que se reconduce a las personas, pues de otro modo es un paso en falso. Por eso hemos planteado nuestra inquietud al Ministerio de Relaciones Exteriores en función de avanzar en un diálogo con las autoridades bolivianas de cara a facilitar la ejecución de este procedimiento. En el caso de Perú y Argentina sí está funcionando.