La Comisión de Armonización extendió hasta las 22:00 horas de mañana el plazo para entregar su informe sobre las propuestas de normas constitucionales, que vencía ayer. Este grupo de trabajo puede presentar un solo informe al pleno, el cual puede aprobar o definitivamente desechar las propuestas. La gestión rechazada no podría ser reformulada. Mientras, la Comisión de Normas Transitorias tiene hasta el viernes para presentar sus propuestas.
En su primera sesión durante el gobierno de Gabriel Boric, el Comité de Ministros rechazó los dos proyectos "ambientales" que fueron sometidos a votación durante la jornada de ayer.
La primera iniciativa revisada fue el Centro de Manejo Ambiental Ñuble Sustentable, que pretende instalar un relleno sanitario en Chillán Viejo. Su titular es la empresa Inser e involucra una inversión de 4,5 millones de dólares.
El proyecto llegó a la votación con reparos de la Seremi de Salud, los cuales fueron ratificados por el organismo que debía tomar la decisión.
La instancia liderada por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y con participación de representantes de Economía, Salud, Agricultura, Salud y Minería tomó esta determinación tomando en cuenta que el proyecto no contaba con una resolución favorable, pues su Estudio de Impacto Ambiental fue rechazado en 2021 por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Ñuble.
Los ministros también rechazaron el proyecto Andes LNG en la Región de Atacama, que contaba con un terminal gasífero, un gasoducto y una central generadora compuesta por 30 motores de 18 MW cada uno.
La inversión que estaba involucrada en este caso era de 650 millones de dólares y la iniciativa había sido visada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama en 2019.
Sin embargo, en el Comité de Ministros fue imposible descartar impactos significativos severos en especies y ecosistemas marinos en peligro de extinción como la tortuga verde, el chungungo y el pingüino de Humboldt, además de la evaluación de impactos del pasto marino, que juega un rol clave como sumidero de carbono.
Tras este rechazo, los responsables de ambos proyectos pueden recurrir a una instancia de reclamación, que es el Tribunal Ambiental correspondiente a cada zona.
El diputado por La Araucanía Andrés Jouannet (independiente) expresó que no se puede "normalizar" lo que se vive en la Región de La Araucanía, tras conocerse las amenazas de muerte que han recibido al alcaldes de la zona.
La última jornada, la Asociación de Municipalidades de La Araucanía denunció que seis jefes comunales de las provincias de Malleco y Cautín han recibido este tipo de amedrentamientos por parte de organizaciones criminales de la zona.
Jouannet, ex intendente de La Araucanía, dijo a radio Cooperativa que "es extremadamente grave la denuncia de los alcaldes. Esta amenaza que grupos violentos de delincuentes, de terroristas, han infundido sobre ellos. No podemos normalizar; no podemos mexicanizar ni colombianizar nuestra política".
"No es primera vez: hay cuatro fiscales, según el Ministerio Público, que también han sido amenazados el último tiempo, hay parlamentarios que están siendo amenazados", añadió.
Ante estas situaciones, la ministra Camila Vallejo aseguró que el Ejecutivo ya se puso en contacto con los alcaldes de la Macrozona Sur que denunciaron haber sido víctimas de amenazas: "Nos tomamos con harta responsabilidad cada uno de estos acontecimientos y por eso el Ministerio del Interior, respecto a las amenazas".
Añadió que la idea es actuar "de manera coordinada con los alcaldes respetando sus decisiones y lo que consideramos que sea más correcto para todos. Por eso, lo más importante para el Ministerio del Interior es poder definir una ruta común respecto a estas amenazas".
Ayer se produjeron dos nuevos ataques en la zona, uno en la comuna de Lumaco, donde fueron quemados una torre de madereo y un container perteneciente al fundo La Aurora de la Forestal Mininco, hecho adjudicado por una célula de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
A esto se suma la quema de maquinaria en la comuna de Vilcún, donde Carabineros halló "dos lienzos alusivos a la reivindicación territorial".
A partir de ayer los extranjeros que ingresan a Chile gozan de una flexibilización en la homologación de sus vacunas contra el covid-19, medida anunciada por el Gobierno para facilitar la reactivación del turismo.
Dicha homologación será en dos días (hasta ahora eran 10) lo cual se llevará a cabo con un Pase de Movilidad Temporal que dura 96 horas y que es renovable mientras dure el trámite.
Además, se aceptan los esquemas del país de origen y se exime de esta homologación a los menores de 18 años, claro que pese a que no es obligatoria al ingreso, sí se requiere el Pase de Movilidad para a transporte, hoteles o restaurantes.
Ayer el Minsal informó que hay 1.985.744 de pases bloqueados, reportó 6.533 nuevos contagios de covid-19, 18 fallecidos y casi 40 mil activos.
Ayer se inició el juicio oral contra 16 personas acusadas de formar parte de la "primera línea" y causar desórdenes en marzo de 2020 en el contexto del estallido social, trámite que se desarrolla en el Cuarto Tribunal Oral de Santiago. La Fiscalía acusa que el 3 de marzo de ese año, cerca de las 17:30 horas, los acusados generaron desórdenes en la esquina de las calles Ramón Corvalán y Carabineros de Chile, comuna de Santiago, en medio de manifestaciones. En ese lugar utilizaron elementos contundentes como piedras, fierros, palos, adoquines, resorteras y tornillos para "turbar gravemente la tranquilidad del lugar". Además, interrumpieron el libre tránsito de personas y vehículos por dichas calles, lanzaron proyectiles a funcionarios de Carabineros y dos uniformados resultaron lesionados.
Redacción
La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, insistió ayer en la visión del Ejecutivo expresada durante la jornada previa por el ministro de Segpres, Giorgio Jackson, quien manifestó que "si gana el Rechazo (a la nueva Constitución) hay reformas del Gobierno que no se podrán llevar a cabo".
En un punto de prensa en La Moneda, la vocera apuntó que "nosotros somos el Poder Ejecutivo, tenemos un programa de Gobierno, y el proceso constituyente tiene que avanzar en lo que le corresponde, que es cerrar el proceso para contar con una propuesta de nueva Constitución y que el 4 de septiembre logremos tener a los ciudadanos y ciudadanas ante una alternativa concreta bien dibujada".
Acerca de los dichos de Jackson, apuntó que "es obvio, y así también lo señaló el presidente de la República. El pueblo de Chile, la ciudadanía, nuestros compatriotas bien saben todas las dificultades que tuvimos durante décadas de empujar cambios profundos en nuestro país por los límites constitucionales. Es una obviedad decir que los grandes anhelos de cambios profundos en nuestro país tuvieron como principal limitación la Constitución del 80 y por eso estamos donde estamos hoy día".
"El programa de Gobierno, su profundidad, depende también en gran medida de lo que pase el 4 de septiembre" en el plebiscito de salida, añadió la secretaria de Estado en un día en que se conoció un emparejamiento de las opciones para votar la nueva Constitución: según Cadem, el Apruebo subió a 42% y el Rechazo sumó 45%.
Sin embargo, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, se mostró en desacuerdo con vincular el trabajo de dicho órgano con el éxito o fracaso del Gobierno.
En radio Cooperativa, el médico manifestó que "son cosas que andan por carriles separados, una cosa es el Gobierno y la aprobación que este tenga y otra es la Convención, y personalmente no me parece razonable vincular necesariamente a uno con el otro. La mayoría que estamos allí no pertenecemos al Gobierno de Gabriel Boric, ni siquiera al Frente Amplio".
"Esta Constitución es de largo plazo y vincular la discusión constituyente o el contenido de la Constitución a un gobierno es jibarizar una realidad que debiera ser por los próximos cinco o diez gobiernos", recalcó.
Desde la oposición, la presidenta de Evópoli, Luz Poblete, indicó que el éxito del Gobierno y en que gane el Apruebo "hay una correlación". Sin embargo, insistió en tener un "plan b", ya que según su colectividad, "la Constitución vigente muere, es un barco que ya zarpó".
Desde el Socialismo Democrático, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), afirmó que el ministro Jackson "se equivoca rotundamente: comete un error garrafal al indexar el resultado de la aplicación del programa de gobierno a el resultado del plebiscito".