Ya venían con diferencias, pero fue durante la última semana cuando terminaron de quebrarse pactos entre colectivos de izquierda que habían sido aliados.

Hasta hace un mes, los convencionales de Chile Digno (ligado al PC) tenían una relación estrecha con los de la Coordinadora Plurinacional y los representantes de escaños reservados; y los de Movimientos Sociales Constituyentes veían como un aliado al Frente Amplio. Pero ahora, en la recta final de la Convención, dichas confianzas parecen haberse quebrado y se alzan dos nuevos grandes grupos.

Por un lado está el Bloque Popular conformado principalmente por independientes: Mov. Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente, Coord. Plurinacional y escaños reservados, quienes son vistos como desconfiados de las instituciones y, sobre todo, del actual Congreso.

Por el otro, están los llamados "oficialistas", representantes del Colectivo Socialista, Frente Amplio y Chile Digno, todos ligados a partidos que son parte del Gobierno, a quienes se les acusa de estar buscando una gradualidad en los cambios para no afectar la administración de Boric.

En concreto, lo que rebasó el vaso fue el rechazo del artículo segundo transitorio en el pleno del jueves de la semana pasada que decía que "toda la normativa dictada con anterioridad a la actual Constitución que sea necesaria para la continuidad de la actividad del Estado y sus servicios y el debido aseguramiento de los derechos fundamentales mantendrá su vigencia mientras no sea expresamente derogada, modificada o sustituida, o bien, mientras no sea declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional".

Desde el Frente Amplio y el Colectivo Socialista apuntan a que el Bloque Popular incumplió el acuerdo al que habían llegado para aprobar dicha norma, pero estos últimos señalan que eso no había sido pactado y que rechazaron o se abstuvieron de esa votación porque el artículo no permite que la propuesta rija in actum.

Como para los oficialistas esa propuesta era intransable, desde ese momento se desmoronaron todos los acuerdos y se produjo lo que algunos llamaron "efecto cascada": en las votaciones siguientes se comenzaron a caer uno a uno la mayoría de los artículos.

Los intransables

El Bloque Popular se formó hace cerca de un mes, molestos principalmente por la "actitud que ha tenido el Frente Amplio", especialmente en la comisión de Normas transitorias. El pacto, finalmente, tomó mayor fuerza este domingo, ante la necesidad de tener mayor "capacidad de negociación" en la discusión de las segundas propuestas de normas transitorias.

Para el Bloque Popular, una prioridad es que las normas sobre agua entren en vigor lo antes posible y así lo explicitaron durante las negociaciones del lunes en la madrugada, cuando desde el Frente Amplio ingresaron una indicación que no les pareció. El problema, explican desde Pueblo Constituyente, es que a través de dicha transitoria se buscaba establecer tres reglas para la transferencia de los derechos de aprovechamiento de agua mientras no se dicte la normativa pertinente, lo que a juicio de algunos podría crear un "mercado negro".

Finalmente, esa disposición fue rechazada en la comisión al no alcanzar los tres quintos de los votos necesarios, aunque podría tener una segunda oportunidad en el pleno del martes si es que es renovada como indicación con 38 patrocinios.

Donde sí lograron acuerdo ambos grupos es en el artículo transitorio 36, que precisa que el Presidente debe enviar un proyecto de ley en máximo 12 meses "para la creación de la Agencia Nacional de Aguas y la adecuación normativa relativa a las autorizaciones de uso de aguas", y en el 38, que busca que se realice un proceso de "redistribución de los caudales de las cuencas".

Desde el Bloque Popular advierten que si estos son rechazados en el pleno del martes, las consecuencias se podrían ver en las sesiones plenarias de fin de mes, cuando sea el turno de Armonización.

El quorum de las reformas constitucionales que pueda llevar a cabo el actual Congreso y el calendario electoral también generaron enfrentamientos, oficialistas e INN buscaban un quorum de cuatro séptimos y que el Senado finalice sus funciones en 2026, mientras el Bloque Popular impulsaba que el nuevo Parlamento comenzara a funcionar lo antes posible y que el quorum de reforma fuera de tres quintos.

Finalmente, la idea del bando oficialista primó, pero el Bloque Popular logró incluir que para reformas sobre materias referidas al capítulo de "Naturaleza y medio ambiente", si estas se aprueban por menos de dos tercios de los votos en el Parlamento, se requiera de un referéndum revocatorio.

Entre los convencionales, igualmente, permanecen las dudas de si esta fórmula logrará los dos tercios en el pleno del martes. De no alcanzarse, podría quedar en jaque la aprobación de cambios propuestos por la comisión de Armonización.

En esta última comisión debieron extender el plazo de indicaciones en tres días por la falta de acuerdos entre ambos grupos. Allí buscarán llenar el vacío que quedó en los artículos permanentes del quorum para reformas constitucionales con el nuevo Parlamento: el Bloque Popular buscará replicar la fórmula que lograron instalar en las transitorias o fijar los tres quintos, sin embargo, esto no fue apoyado por los oficialistas y finalmente ingresaron una indicación conjunta para que el quorum sea de cuatro séptimos.

Patricia Politzer (INN) señala que "estamos llegando al final del proceso y, por tanto, es un momento más tenso, en el que cada bloque aspira a establecer sus últimas propuestas. Pero confío que en los plenos finales se aprobarán por amplias mayorías las normas necesarias".

"Salvo ciertas excepciones como el quorum de los cuatro séptimos versus los tres quintos para reformar la Constitución, y salvo algunos detalles con pueblos originarios, en general es muy buena la comisión, es tranquila y se llega a acuerdos, que yo creo que es fundamental a estas alturas del partido", asegura Bessy Gallardo (Chile Digno).

Acusación constitucional

Desde los escaños reservados comentan que aunque antes habían sido apoyados por Chile Digno y a veces del Frente Amplio, en esta etapa son "adversarios".

Según Adolfo Millabur (mapuche), para los convencionales indígenas era importante "asegurar los escaños reservados en el próximo calendario electoral en todos los órganos colegiados de elección popular, (la creación de una) comisión de catastro y regularización de tierras indígenas, y las definiciones de las autonomías territoriales indígenas", lo que lograron en la comisión de Normas transitorias.

En lo que también tuvieron éxito fue en la comisión de Armonización. Ahí, solicitaron eliminar la referencia a que las autoridades de territorios indígenas pueden ser acusadas constitucionalmente por el Poder Legislativo, lo que fue concedido por los oficialistas.

Otras diferencias habían tenido con Chile Digno y socialistas, desde donde habían impulsado eliminar el artículo que habla del "consentimiento" de los pueblos indígenas y dejar solo la consulta para materias que les atañan. Al cierre de esta edición, sin embargo, la idea de borrar esa norma no tendría los votos suficientes porque el Frente Amplio estaría por mantenerla.

Frente paralelo

Una situación muy distinta ha experimentado la derecha. Durante buena parte del proceso se habían dividido en dos bloques -por un lado la UDI, cercanos al Partido Republicano e independientes afines, y por el otro Evópoli, RN e independientes-, pero ahora han reforzado un trabajo conjunto, al menos en la comisión de Armonización y con miras a la campaña del Rechazo que estará a cargo de los partidos políticos.

"Desde el día uno hemos trabajado coordinadamente y en la última etapa de definiciones con mayor razón. Más aún desde que la izquierda de la Convención se cerró a acuerdos amplios", sostiene Cristián Monckeberg (Ind.-RN-Evópoli). Desde el sector apuntan a que la izquierda desaprovechó la oportunidad de "dividir a la derecha por más años" y que, al no concederle algunas normas, se restaron apoyos.