Los ministros de Medios del G7 advirtieron ayer de los riesgos de la desinformación y para combatirla abogaron por fortalecer a medios de comunicación y la libertad de prensa. "A nivel mundial estamos en una batalla entre la democracia y los regímenes autoritarios, las democracias se ven atacadas, también con el arma de la desinformación, las 'fake news', las mentiras y los odios," declaró al inicio del encuentro en Bonn, oeste de Alemania, la titular germana, Claudia Roth.

En relación a la guerra de Ucrania, los responsables de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Japón, Francia, Italia y Alemania -país que ejerce en estos momentos de anfitrión- afirmaron que Rusia busca diseminar desinformación en el extranjero y censurar a los medios independientes en el interior.

Además, señalaron en un comunicado difundido después de la reunión, que la manipulación de la información y los discursos de odio dificultan el diálogo democrático y promueven la polarización y la división social.

Para contravenir estos peligros, es necesario proteger a los periodistas y empleados de medios independientes de las amenazas a las que se enfrentan en diversos lugares del mundo, entre ellos Rusia, señalaron, y recordaron que desde el inicio de la guerra de Ucrania han muerto en ese país al menos 12 informadores.

El comunicado se refirió a los cambios que ha traído consigo la globalización y al papel de las redes sociales, fuente de muchas oportunidades, pero también de nuevos riesgos.

Entre ellos, mencionaron el acoso sufrido por colectivos especialmente discriminados, como ciertas minorías étnicas o las personas LGTB, que restringe su ejercicio del derecho a la libertad de expresión y lleva a que dominen el discurso público contenidos sesgados.

En este sentido, los ministros animaron a las plataformas a "actuar de forma responsable" y evitar situaciones en las que sus algoritmos amplifiquen llamadas a la violencia.

Confiar en que regímenes como Rusia o China no usarán sus bombas nucleares es un riesgo que Occidente debe enfrentar apostando por la prohibición total de esas armas, advierte Beatrice Fihn, secretaria ejecutiva de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, nobel de la Paz en 2017.

"Depende de Occidente ejercer esta presión sobre Rusia, negociar el desarme nuclear y presionar también a China para reunirse, dijo Fihn en una entrevista con Efe en Viena.

Fihn, junto a políticos, expertos y activistas, participa esta semana en el foro "Nuclear Ban Week", organizado en el marco de la primera conferencia del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPNW, por su siglas en inglés), que se celebrará mañana en la capital austríaca. El TPNW entró en vigor en 2021 y ha sido ratificado ya por unos 60 países, la mayoría de América Latina, Asia y África.

No lo han hecho los nueve Estados con armas atómicas, China, Corea del Norte, Estados Unidos, Francia, India, Israel, Pakistán, Reino Unido y Rusia, ni ningún miembro de la OTAN.

A diferencia del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que permite su tenencia a los cinco países en el Consejo de Seguridad de la ONU, el TPNW es el primer documento legal que prohíbe totalmente los arsenales nucleares.

Hacia la prohibición

Según la responsable de ICAN, movimiento que ganó el Nobel de la Paz en 2017, sin un completo desarme, la seguridad de la internacional depende de que las potencias nucleares hagan lo correcto, algo que Fihn considera una ingenuidad.

Así lo demuestra la creciente acumulación nuclear de China, la modernización del arsenal estadounidense, la ampliación del británico, la producción iraní de uranio y las pruebas de misiles intercontinentales de Corea del Norte. "Tenemos que preguntarnos si realmente nos sentimos cómodos poniendo nuestra seguridad en manos de personas como Vladimir Putin, Kim Jong-un o Xi Jinping", (presidentes de Rusia, Corea del Norte y China) remarca Fihn.

Las últimas amenazas de Moscú de usar la bomba atómica en la invasión de Ucrania, según la secretaria ejecutiva de ICAN, evidencian que esta confianza no es posible y bajan el umbral "de lo que es aceptable en este momento".

Seguridad

La simple posesión de este arsenal amenaza al resto del mundo, según Fihn, quien sentencia: "Nunca estaremos seguros en Europa mientras Rusia tenga armas nucleares".

"Si empezamos a tolerar este comportamiento, estamos diciendo a los países más pequeños que no podemos ayudarles, que no vamos a apoyarles y que vamos a dejar que el país más grande los invada", agrega.

En este sentido, advierte de que el rechazo de la OTAN al TPNW incrementa el riesgo de una guerra nuclear, pues incita a los países más vulnerables a apostar por este arsenal para así garantizar su seguridad.

El armamento nuclear es un componente esencial en la defensa de la OTAN, razón por la cual ninguno de sus miembros se ha adherido al Tratado.

"Los Estados que no participan están perdiendo la oportunidad de condenar realmente las amenazas nucleares de Rusia y lo que están haciendo es decir que esto es aceptable", subraya.

Advierte en especial que el boicot a la iniciativa "legitima el uso de las armas nucleares" en manos de regímenes como China, Rusia o Corea del Norte, lo que supone "una vulnerabilidad masiva para las democracias".

Fihn dice que muchos países ven la invasión rusa de Ucrania y preguntan a la OTAN si deberían adquirirlas, porque reciben el mensaje de que "eres estúpido" si no las tienes.

La Unión Europea (UE) aseguró ayer que el sistema judicial de Bolivia tiene "deficiencias estructurales", después de que la expresidenta transitoria Jeanine Áñez fuera condenada a 10 años de cárcel por el caso "golpe de Estado II".

Un portavoz del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, señaló en un comunicado que según las observaciones preliminares de la misión de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia el juicio "no respetó plenamente los derechos al debido proceso de la señora Áñez".

En ese sentido, subrayó que la OACNUDH indicó que la tipificación penal del "incumplimiento del deber", delito por el que se condenó a Áñez, es "excesivamente amplia y ambigua".

"También hubo problemas con el uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva, el acceso a pruebas testificales y el formato virtual e híbrido de las audiencias", recordó la UE. Asimismo, el portavoz precisó que la OACNUDH apuntó que se debe evitar mantener juicios en rebeldía y que la participación de "numerosas partes acusadoras" había afectado el equilibrio procesal.

"Estos hallazgos son sintomáticos de las deficiencias estructurales del sistema de Justicia boliviano, según lo informado por el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, en mayo de 2022, así como por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, cuyas recomendaciones el Gobierno se comprometió a implementar", declaró el portavoz de Borrell.

Áñez está detenida preventivamente hace más de un año y debe enfrentarse a otros procesos que cursan en su contra en la Justicia ordinaria.

Un tribunal leyó el miércoles la sentencia a diez años de reclusión contra Jeanine Áñez, por la crisis de 2019, en medio de una polémica en Bolivia por las observaciones de organismos como la ONU de que la expresidenta interina del país debió tener un juicio de responsabilidades en el Parlamento.

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz convocó la audiencia virtual para las 15.00 hora local (19.00 GMT), pero inició con más de una hora de retraso la lectura del fallo del caso conocido como "golpe de Estado II", en el que se le acusó a Áñez de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.