Una acusación constitucional que avanza en el Congreso, un nuevo ministro censurado y una rotura fulminante con el partido que lo llevó al poder. Este es el saldo de una semana que dejó al presidente peruano, Pedro Castillo, con menos oxígeno para subsistir a la cada vez más asfixiante maquinaria opositora.

El desgaste legislativo a una gestión que se sabía débil desde un comienzo, y que ha cometido numerosos errores en poco menos de un año, tocó techo el jueves pasado, cuando las iniciativas que llevaban días preparándose tomaron forma en el Congreso. Ese día, la Comisión de Fiscalización aprobó, en una votación tan veloz como caótica, un informe que acusa a Castillo de dirigir una presunta red criminal enquistada en el Ejecutivo, en la que también se ha implicado a otros personajes vinculados con su gestión, que están prófugos de la Justicia.

El expediente, que plantea acusar constitucionalmente al jefe de Estado por los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, será votado en los próximos días por el pleno del Legislativo y, con los votos a favor de la oposición, todo apunta a que se aprobará.

Entre sus más de 360 páginas, el informe sugiere derivarlo al Ministerio Público, que ya abrió una investigación preliminar contra Castillo, y también a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, que tiene entre sus manos otra denuncia por juicio político contra la vicepresidenta, Dina Boluarte. De sumarse el caso de Castillo, la subcomisión podría proponer su inhabilitación por infracción constitucional, así como la de Boluarte que, en el pleno, solo requerirían 66 votos, un horizonte que se percibe cada vez más factible y puede llevar al final de la actual gestión.

Censuras a ministros

Exactamente el mismo día, y a la misma hora en la que se debatía ese informe en la Comisión de Fiscalización, el Congreso censuró al ministro del Interior, Dimitri Senmache, poco más de un mes después de haber asumido esta cartera, que ya suma seis titulares distintos en los once meses de gestión de Castillo.

Un panorama que, para un gran sector de la población, ratifica la incapacidad del mandatario de elegir a funcionarios aptos en medio de su bamboleo de escándalo a escándalo, que lo ha llevado a nombrar cuatro gabinetes en menos de un año.

Otros destacan el papel hostil de un Congreso, de mayoría conservadora y con intereses políticos particulares, que ya suma dos intentos fallidos para sacar a Castillo del poder, mientras trata, con discreción, de ir modificando la Constitución.

La censura de Senmache se justificó, entre otros reclamos, por su presunta responsabilidad en la fuga del exministro de Transporte Juan Silva, buscado por la Justicia por su presunta participación en la supuesta red de corrupción en el actual Ejecutivo. Con esta salida, impulsada por el partido fujimorista Fuerza Popular, el actual periodo legislativo ya suma cuatro ministros removidos en menos de un año, superando así la cifra de funcionarios censurados en las últimas dos décadas.

A favor de la censura del ministro del Interior votaron once integrantes de Perú Libre, el partido marxista que llevó a Castillo al poder en julio del año pasado y del que el mandatario salió oficialmente el mismo jueves, a solicitud de esta organización política que encabeza el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón.

Los dirigentes del partido pidieron al gobernante renunciar de manera irrevocable a su militancia tras acusarlo de implantar un "programa neoliberal perdedor" y promover la fractura interna de su bancada, que en las elecciones de 2021 resultó la más votada con 37 legisladores, de los que hoy solo quedan 16.

Dirigentes del principal frente de oposición en Argentina reclamaron este domingo responsabilidad al Gobierno de Alberto Fernández para zanjar las fuertes divisiones internas que derivaron en la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Las peleas eternas y públicas del presidente (Alberto Fernández) y de la vicepresidenta (Cristina Fernández) están rompiendo todo. Hay que exigirles que terminen con esta pelea", dijo aye Jorge Macri, ministro de Gobierno del Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires y dirigente del Propuesta Republicana (Pro), uno de los partidos que integran el frente opositor Juntos por el Cambio.

En dichos a Radio Con Vos, Macri sostuvo que el país necesita de "responsabilidad" del jefe de Estado y de la vicepresidenta y consideró que quién asuma al frente del Ministerio de Economía debe ser "un representante de ambos porque sino continuará la pelea eterna". Mientras, el alcalde capitalino, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que Juntos por el Cambio está "comprometido" con "la estabilidad institucional" para que los argentinos no estén "sometidos a la improvisación permanente".

"Argentina está por encima de cualquier persona o interna. Presidente Fernández, tome medidas inmediatas para reducir la incertidumbre que generan los enfrentamientos dentro del propio Gobierno y la ausencia de un plan", dijo el alcalde a través de Twitter.

En tanto, el gobernador de la norteña provincia de Jujuy, Gerardo Morales, quien preside la Unión Cívica Radical (UCR), centenario partido que también integra Juntos por el Cambio, advirtió que el presidente y la vicepresidenta "siguen empujando al país al abismo".

"La renuncia del ministro Guzmán tiene que ver con las internas que destrozan la esperanza del pueblo argentino. Busquen el rumbo, entiendan que hay un pueblo que no da más. Todo un país les exige responsabilidad", dijo el gobernador a través de Twitter.

Guzmán renunció a su cargo en la tarde del sábado, mientras Cristina Fernández renovaba en un acto sus críticas a la gestión económica del Gobierno de Alberto Fernández.

La vicepresidenta cuestionaba desde el año pasado aspectos de la gestión de Guzmán, en especial el ajuste fiscal, con un progresivo recorte del déficit que quedó plasmado como meta de cumplimiento obligatorio en el acuerdo sellado en marzo pasado entre Argentina y FMI.

El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, se reunió ayer domingo en Sao Paulo con el exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva e ignoró así el enojo que el aviso de ese encuentro le causó al gobernante Jair Bolsonaro.

La entrevista con Lula, favorito para ganar las elecciones de octubre próximo en Brasil frente a Bolsonaro, llevó al líder de la ultraderecha a "cancelar" una audiencia oficial que tendría este lunes con Rebelo de Sousa en Brasilia. Aún así, el líder portugués mantuvo su agenda y recibió a Lula en la sede del Consulado portugués en Sao Paulo, adonde el expresidente brasileño acudió junto con su excanciller Celso Amorim, uno de los responsables de la redacción del capítulo de relaciones exteriores del programa de Gobierno que presentará al electorado.

Tras el encuentro con Lula, Rebelo de Sousa tenía previsto hacer otra visita a la Bienal del Libro de Sao Paulo, en cuya inauguración participó la noche del sábado y que este año está dedicada a Portugal, con motivo del bicentenario de la independencia de Brasil de ese país, que se celebrará el 7 de septiembre.

Luego tendrá una cita con el también expresidente brasileño Michel Temer y participará en una recepción ofrecida en el Consulado de Portugal a miembros de la colectividad lusa que reside en Sao Paulo.

La Presidencia portuguesa aún no ha precisado si, después de esos compromisos, Rebelo de Sousa tiene previsto regresar a Lisboa, pues su agenda antes de llegar al país incluía un viaje a Brasilia este lunes, que finalmente no se concretará.

El mandatario portugués llegó a Brasil el sábado e hizo una primera escala en Río de Janeiro.

También aprovechó para zambullirse en las aguas del Atlántico en la playa de Copabacana, por donde dio un paseo antes de iniciar su agenda oficial.

Allí conversó con algunos periodistas y le restó importancia a la decisión de Bolsonaro de cancelar la reunión prevista para el lunes y garantizó que ese hecho no afecta la relación entre ambos países.