Redacción

El Presidente Gabriel Boric anunció ayer que el Gobierno ingresó un veto sustitivo a la reforma constitucional, despachada la semana pasada por el Congreso, que faculta a las Fuerzas Armadas a resguardar la infraestructura crítica cuando exista peligro grave o inminente sobre esta sin necesidad de decretar un estado de excepción constitucional.

El Mandatario explicó que la medida busca corregir solo un aspecto de la iniciativa, relacionada a la cadena de mando de las instituciones castrenses durante su eventual aplicación: "Hay una discusión respecto de los términos. No significa que se vete el proyecto, sino que el proyecto tal como fue aprobado se le hacen algunas modificaciones para mejorarlo".

El proyecto, presentado en noviembre del 2019 tras el estallido social por los senadores de Chile Vamos Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena, facilita el despliegue militar para colaborar en tareas de orden público y seguridad interna, sin necesidad de un estado de excepción que restringe derechos y libertades.

Algunas dudas

Según afirmó Boric, "había algunas dudas que conversamos con las Fuerzas Armadas para la implementación, en caso de que sea necesario, del proyecto de infraestructura crítica, respecto a la cadena de mando. Esas cosas es importante que queden claras para el esclarecimiento de las responsabilidades que corresponden en cuestiones tan sensibles como esa".

El Jefe de Estado puntualizó que "tiene que ver principalmente con el establecimiento más claro de la cadena de mando. Esa es la principal modificación que se hace. Lo revisamos con la división jurídica ayer y lo conversamos con los fiscales de las Fuerzas Armadas".

Por su parte, la ministra del Interior, Izkia Siches, comentó que "en caso de ser acogida, vamos a evaluar el uso de este instrumento. De no ser así, tendríamos que evaluar una nueva extensión de un estado de excepción constitucional (en la Macrozona Sur) cuya votación en este caso lamentablemente debería recaer en Semana Distrital".

Como contraparte, el diputado de Renovación Nacional Jorge Rathgeb dijo que "una cosa no quita a la otra. El estado de excepción, la infraestructura crítica, son cosas que pueden convivir en forma paralela. No son excluyentes una de otra".

"A la luz de los hechos, puede ser insuficiente, porque hay sectores que podríamos considerar que no son infraestructura crítica y que podrían quedar hoy día sin el resguardo de lo que significa la seguridad. Me refiero a actividades artesanales o de turismo", añadió.

El Gobierno dio a conocer los resultados de su primer informe sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE) y la situación socioeconómica de sus deudores, levantado por el ministerio de Educación con datos de la Comisión Ingresa y el Servicio de Impuestos Internos.

La cartera calculó que el 38% de los deudores en proceso de pago cuenta con ingresos promedio bajo $250 mil mensuales. Además, el 69% de los deudores tiene un ingreso inferior a los $750 mil mensuales.

El estudio también arrojó que muchos estudiantes "bajaron" de quintil tras terminar sus estudios: hoy el 59% de quienes estaban inicialmente en el quintil más alto aparecen percibiendo ingresos bajo $750 mil mensuales y solo 14% alcanza tramos por sobre $1,5 millones al mes.

El ministro Marco Antonio Ávila indicó que "este primer informe nos señala que la mayoría de ellos no son personas millonarias como se ha querido instalar muchas veces, como que los deudores casi por voluntad no quisieran cumplir con sus responsabilidades".

Estas cifras fueron cuestionadas por el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez: "Es raro que en el intervalo de $0 a $250 mil de ingresos el promedio sea $48 mil. Es muy bajo para ese rango y probablemente el ministerio asumió que quienes no aparecen en sus registros tienen ingreso cero y eso no necesariamente es así".

Al margen, el diario La Segunda publicó que cuatro diputados mantienen deuda CAE: Héctor Barría (DC), Catalina Pérez (RD), Juan Irarrázaval (Republicanos) y Diego Ibáñez (CS).

La Cámara de Diputados aprobó pedirle al Presidente Gabriel Boric declarar como feriado el próximo viernes 16 de septiembre, con el fin de extender las celebraciones de Fiestas Patrias.

El texto que tuvo 108 votos a favor, 21 en contra y 14 abstenciones apela a la paralización de actividades provocada por la pandemia, aseverando que "los países necesitan particularmente de una vida social que los una".

Además de fomentar el turismo, los parlamentarios apuntan al beneficio para los comerciantes y al encuentro de familias.

Sin responsables concluirá la investigación penal de las masivas fiestas clandestinas llevadas a cabo en enero de 2021 en Cachagua, Región de Valparaíso. Las celebraciones fueron realizadas en plena pandemia por covid-19, sin ninguna medida de protección y poniendo en riesgo la salud pública.

En un escrito, el Ministerio Público anunció su decisión de no perseverar, porque "no se reunieron pruebas suficientes para fundar una acusación", lo que fue criticado por la ministra del Interior, Izkia Siches, pues había incluso videos de las fiestas.

El presidente Boric eligió un matinal para hacer un anuncio que ha despertado una viva polémica. De ganar el rechazo, dijo, habrá que repetir el proceso constituyente.

Las palabras del presidente no fueron dichas en el aire puesto que poseen sustento jurídico. Después de todo, la decisión de contar con una nueva constitución y hacerlo mediante una Convención fue lo que la ciudadanía decidió en el llamado plebiscito de entrada. Y si gana el rechazo es obvio que esa decisión, y las reglas dispuestas para cumplirla, no quedan sin efecto.

Pero al margen de la cuestión jurídica, quizá sea de interés examinar la dimensión política del problema.

Porque lo que está en disputa estos días es si -en la hipótesis que gane el rechazo- habrá reglas o en cambio habrá contingencia.

Me explico.

Las reglas (según enseña una amplia literatura) tienen por objeto suprimir la contingencia, disminuir la sombra del futuro. Un contrato, una ley, dibujan el futuro y suprimen la contingencia. Si usted celebra un contrato sabe que hay dos alternativas: o le pagan o podrá forzar al deudor. Por eso se dice que las reglas permiten saber a qué atenerse. La mera contingencia en cambio es la situación en que cualquier cosa, o casi, podría ocurrir. En una situación contingente la última palabra la tiene la política; cuando hay reglas en cambio, se puede apelar al derecho.

Ahora bien, si miramos hacia atrás y preguntamos cuál fue el significado de los acuerdos que se alcanzaron en la reforma constitucional de diciembre del año 2019, la respuesta es obvia y compartida por todos quienes concurrieron a ellos: el acuerdo consistió en transitar desde la mera política donde cualquier cosa podía ocurrir, al derecho donde lo que ocurriría sería previsible.

Si se tiene en cuenta lo anterior, se comprende fácilmente lo que aquí (cuando se lo mira con imparcialidad) está en juego para el evento que gane el rechazo: nada menos que o volver a la política desnuda o continuar aferrados al derecho.

La primera alternativa (volver a la política desnuda porque no existirían reglas para cambiar la constitución) parece ser la alternativa que prefiere la derecha. Y la prefiere porque ha de pensar que si gana el Rechazo estará fortalecida y podrá imponer sus términos, por ejemplo, entregando la reforma al Congreso o a una comisión designada con la colaboración de los partidos (una fórmula análoga a la que empleó Alessandri para la constitución del 25).

Al gobierno y a la izquierda, en cambio, le conviene, y ha de preferir, aferrarse al derecho porque de esa forma puede tener la conducción del proceso y si fuere necesario negociar de mejor forma. Si el presidente mantiene la tesis que relató en el matinal (conforme a la cual hay un procedimiento ya acordado por la ciudadanía) podrá negociar, incluso en medio del triunfo hipotético del Rechazo, con las reglas de su lado y de esa forma morigerar el entusiasmo que invadiría a la derecha.

En suma, si el presidente cede a la tesis de que en el evento de triunfar el Rechazo no hay reglas y todo está sometido a negociación, se habrá condenado a la futilidad, o casi, porque entonces todo estará entregado a los partidos, especialmente a los que, en esa hipótesis, celebrarán el resultado como suyo.