En los últimos meses, hemos presenciado una grave crisis de seguridad por la cual atraviesa gran parte de nuestro país y que ha mantenido en alerta a todos los ciudadanos. Pese a los esfuerzos realizados, pareciera que nada cambia, por lo contrario, la situación se agudiza en lo negativo, al menos para nuestra región de Antofagasta. Al comienzo de este nuevo periodo electoral en el cual asumí como Diputado, hemos logrado instaurar un Estado de Excepción en la Macrozona Norte tras la lamentable y trágica muerte del camionero, Byron Castillo (QEPD). Desafortunadamente y sin conocer la realidad en la que todos vivimos, rápidamente la medida desapareció y dejó de ser aplicada. Una vez más, como tantas veces, el centro y sur del país son el foco de atención de las principales medidas drásticas que toma el gobierno.

Hoy, la constatación del vínculo de llegada de la peligrosa banda delictual "Tren de Aragua" con la migración irregular venezolana o el tráfico de armas de alto calibre en un vuelo comercial desde Miami hasta Antofagasta y entre numerosos otros hechos, debería incitar imperativamente al gobierno a poner punto final y rápido a toda esta situación.

Cuando era comunicador, las denuncias de robos y tráfico de vehículos eran a diario. Actualmente, apoyándonos en las cifras entregadas por Carabineros, podemos decir con certeza que este tipo de delitos ha tenido un aumento de un 130% en seis meses en comparación a cifras del año pasado. Son por esas sencillas razones que me pregunto ¿qué más debe pasar para que el norte sea escuchado? Crecen los delitos y la delincuencia y cada vez menos somos visibilizados. Es una paradoja.

Pese a todos los intentos que hasta hoy he realizado, siento que en Santiago no logran a darse cuenta de lo que es vivir en el norte. No saben lo que es estar a tres mil metros de altura en Ollagüe, no dimensionan el esfuerzo que cada día hacen nuestros agricultores para sacar adelante sus productos en el desierto más árido del mundo y no se reconoce una real importancia de nuestra región para el país. Para darle relevancia, se debe vivir en carne propia todos los hechos y es sin duda por eso que, en términos de seguridad en la región de Antofagasta seguimos esperando la tan ansiada planificación en terreno de autoridades centrales para el desarrollo de planes en esa área.

En el norte hay gente de trabajo, que vive en condiciones extremas como Ollagüe o Colchane, en situaciones de urgencia. Nuestra franja de tierra tiene necesidades diferentes y específicas. Nosotros hemos impulsado importantes iniciativas como la ley anti coyotes, la ley GPS y hemos trabajado férreamente en dar más herramientas y tecnologías a nuestras policías. Sin embargo, no podemos vivir con balaceras semanales, como en Calama, entre asaltos y robos como en Antofagasta o con tráfico de migrantes como en Tocopilla. En ninguna región debería ser así pero aún menos en la que aporta más al país. En ese sentido, es necesario tener una acción clara y decisiva en contra de la delincuencia y terminar con esa paradoja en la cual vivimos nosotros los nortinos.

La problemática de la eficacia del derecho y de los sistemas jurídicos estuvo en el centro de las reflexiones de los "fundadores" del análisis económico del derecho (R. Coase). Sin embargo, los economistas no abordan realmente el tema de la eficacia económica de las constituciones. Esto puede explicarse, al menos en parte, por el hecho de que, por razones históricas, el derecho constitucional ocupa un lugar especial en el análisis económico del derecho. En efecto, los primeros trabajos de análisis de esa índole, a fines de la década de los 50 y 60, se centraron en asuntos de derecho privado; se aplicaba por ejemplo en el caso de la responsabilidad en caso de accidente, o viendo los tipos de delito y luego, lógicamente, en relación con los asuntos de derecho de la competencia y regulación del mercado.

Por lo tanto, si se ha abordado la cuestión de la eficacia económica de las constituciones, eso ha sido esencialmente a través del enfoque del Política Económica Constitucional, es decir a lo que se relaciona con el análisis económico de los fenómenos políticos.

SI analizamos la Constitución de 1980 como un fenómeno político, nadie puede negar que Chile pasó de ser un país pobre a un país que presentó, a un momento dado, cifras macroeconómicas estelares. La aplicación de la política del "regionalismo abierto", proveniente de la CEPAL, el boom del cobre, la concreción inexorable de la mundialización, el hecho que después de la transición había un país que tenía que ser construido en varias aéreas, una sociedad que descubría el consumismo de masa, todos esos elementos ayudan a analizar el boom de Chile, a partir de 1990. La Constitución de 1980 jugó un rol clave en aquello, disponiendo una economía de mercado del "laissez faire" que obedecía a una "impronta neoliberal". Ese principio de subsidiariedad, en Chile, fue producto de una alianza entre conservadores de inspiración cristiana y liberales económicos. Hoy, con la adopción de una nueva Constitución, ese principio ya no será y por ende muchos piensan que en términos de eficacia económica; elemento clave en la sostenibilidad de un país; vienen tiempos terribles en caso de victoria del "Apruebo".

Sepan que, hoy, el 70% de lo que Chile vende afuera lo produce el 0,1% de las empresas, un 0,1% desconectado de la matriz productiva nacional. En efecto, hoy en Chile, no hay un encadenamiento productivo, con Pymes integradas de modo que el beneficio de la exportación se irradie hacia otras empresas. Todo está concentrado en torno a materias primas. El "capitalismo popular" nunca fue. Mientras las grandes empresas se benefician con los tratados de libre comercio (TLC), las pequeñas y medianas tienen que competir con las importaciones que entran sin barreras arancelarias. ¿Y quienes han empujado los gobiernos a negociar los TLC? Los grupos Matte, Angelini, Luksic etc., básicamente porque esos tratados benefician el crecimiento rentista. Así, todos los últimos gobiernos han renunciado a hacer política industrial. ¿Y quienes apoyan hoy el rechazo hablando de "anti patriotismo"? … El debate en torno a la Constitución no es solo un debate sobre un texto. Innegablemente, embarca temas económicos. Y debe imperativamente referirse a las voluntades políticas de los que manejan la economía nacional. Lo que deciden de modernizar o no la matriz económica.

Cristian Zamorano Guzmán

Doctor en Ciencias Políticas

En medio de tanta incertidumbre, de vaivenes económicos y del plebiscito de salida por la propuesta constitucional, es imprescindible no desenfocarnos y hacernos cargo de un futuro para la zona y el país. Desde Europa tienen los ojos puestos en la Región de Antofagasta, más que en alguna otra, porque existe el conocimiento acabado respecto a que se conjugan todos los elementos para que desde aquí surjan las respuestas que el desarrollo mundial necesita.

Hoy más que nunca existe claridad que el planeta necesita marchar hacia sistemas menos contaminantes y para ello se requiere de dos minerales que están en abundancia en esta parte del país: litio y cobre. Por ello ya han llegado avanzadas desde la Comunidad Europea y de Francia en particular, interesados en participar de este tipo de negocios en sociedad con capitales chilenos.

No temen a los cambios, porque entienden que siempre habrá espacios más o menos amplios pero igualmente útiles para sus fines. Y por eso desde ya se están preparando y avanzando según sus intereses.

Y el deseo de actuar decididamente no sólo se ampara en el crecimiento de la industria minera especialmente del litio y otros, también porque tienen conciencia que se acercan tiempos difíciles y deben estar con múltiples opciones en marcha para resolver posibles estrecheces económicas o alguna crisis.

Chile y nuestra región deben estar preparados. Ya no estamos en los tiempos de aportes a modo de mitigación o por responsabilidad social. Hoy se requiere un directo involucramiento en el desarrollo de las ciudades donde están sus operaciones y lograr una transferencia de los avances de la industria a las comunidades.

Lo que no puede ocurrir es que nuevamente, como ocurrió con el salitre y con el cobre, nos sentemos a esperar que nos pueden entregar los inversionistas y no participar del crecimiento que se pueda generar.

La sociedad civil, sus instituciones y organizaciones deben empoderarse y estar presentes para generar un modelo económico sustentable y que sea beneficioso para las distintas comunas de la región.

A no desesperarse y a estar preparados para ser actores principales del prometedor futuro que se avecina para la región y del que no debemos estar ausentes.