Un respaldo transversal generó entre autoridades políticas la información de la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por fraude al fisco en contra de los funcionarios públicos que resulten responsables de las diversas irregularidades cometidas en las distintas adquisiciones que se hicieron a las denominadas "empresas exprés".

Para la mayoría de los parlamentarios de la región la acción legal constituye el primer paso para el esclarecimiento de hechos que se remontan a la primera etapa de la emergencia sanitaria, en mayo del 2020.

El senador Pedro Araya (Ind-PPD) valoró la decisión del CDE y señaló que esperan la investigación avance rápidamente a fin de determinar los responsables de los supuestos delitos.

"Advertí, públicamente, y en más de una ocasión, durante el último gobierno del Presidente Piñera, lo irregular de constituir estas denominadas empresas exprés, mientras ocurría la pandemia. Estos hechos son de la mayor gravedad, ya que recordemos que mientras muchas pymes quebraban, producto de la pandemia, se favoreció por parte de algunos integrantes del Gobierno Regional a ciertas personas para que constituyeran estás empresas exprés o ampliaran su giro para adjudicar licitaciones", indicó el parlamentario, quién subrayó el rol del intendente de la época, Edgar Blanco, en los casos denunciados. "A la fecha, nuestra región aún espera las explicaciones del ex Intendente Edgar Blanco por estos hechos", indicó.

Diputados

La diputada Jovana Ahumada (PDG) en tanto, subrayó el panorama en que se realizaron las contrataciones, en mayo del 2020, cuando las restricciones sanitarias comenzaron a golpear fuertemente al comercio y las pequeñas empresas de la región. "Se dio en un contexto de necesidad y de sufrimiento, por una pandemia que azotó al país, donde para algunos la salud se convirtió en un negocio y se vio lo peor del ser humano "hacer negocios con una necesidad". Valoro que esto se haya realizado y esperemos, que en el caso de ser culpables se les aplique todo el rigor de la ley. Esto no puede quedar en nada y en lo personal me preocuparé de que sea así", señaló.

La querella presentada por el CDE, representado por el procurador regional Carlos Bonilla, y que fue acogida a trámite esta semana por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, conjugó los antecedentes recopilados en las investigaciones sumarias realizadas por la Contraloría Regional y del propio CDE. En ella se solicita a Fiscalía una serie de diligencias, entre ellas, la indagación al equipo responsable en la Intendencia Regional de la tramitación, contratación y supervisión de las cuestionadas empresas.

Al respecto, Catalina Pérez, diputada RD, sostuvo que "es impresentable que la anterior administración regional se haya aprovechado de la pandemia y las necesidades de las familias antofagastinas. Esperamos que la investigación correspondiente rinda frutos y que esta clase de actos, corruptos y contrarios al bien común, no queden en la impunidad", sostuvo.

En similar tono, Sebastián Videla (Ind-PL), condenó la contratación de empresas que se crearon poco antes de las adjudicaciones, o bien, cambiaron de giro poco antes de entregar las cotizaciones a la Intendencia Regional.

"Como diputado estaremos atentos a los avances de la investigación, y condenamos ampliamente que se mal utilice la política en utilizar recursos que beneficien cercanos y además que involucren el dinero que va en beneficio de las y los ciudadanos. Estos actos no se pueden tolerar", sostuvo.

Salud

Cabe señalar que la acción legal del CDE no solo involucra a las contrataciones en la Intendencia Regional, sino además, a las adjudicaciones que se realizaron en reparticiones públicas como el Servicio de Salud, que el 6 de abril del 2020, adjudicó vía trato directo a Limpieza Industrial SpA la compra de mascarillas por $1.648 millones. Una de las adquisiciones más cuantiosas durante la emergencia por la pandemia.

Ante los antecedentes, el diputado Jaime Araya, indicó que, espera que la Fiscalía actúe con celeridad para esclarecer estos hechos. "Valoro muchísimo lo que ha hecho el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía, y tengo plena confianza en que la institucionalidad va a funcionar como ocurrió en el caso de la alcaldesa Karen Rojo", indicó Araya.

Cabe indicar que, consultado por el caso, el diputado José Miguel Castro (RN) se abstuvo de emitir declaraciones al respecto.

En su primera visita oficial a Antofagasta, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Jeannete Vega Morales, inauguró el primer albergue (de un total de cinco) del Plan Protege Calle 2022 en la región, que también considera rutas sociales y residencias familiares.

Ubicado en la avenida Grecia Nº 1236, el recinto tiene un cupo para 20 personas en situación de calle, funcionará durante 150 días corridos y es ejecutado por la Fundación "En los ojos de mi madre" de lunes a domingo, entregando alimentos calientes, terapias y un lugar digno donde dormir a los usuarios.

A este albergue, se sumarán otros cuatro en las ciudades de Antofagasta (1), Calama (2) y Tocopilla (1), que están insertos en el programa anunciado por el Gobierno y cuya entrega de recursos en la región supera en forma global los mil millones de pesos, lo que representa un aumento de 50% con respecto al año anterior.

Sobre la apertura del centro, la ministra Jeannete Vega manifestó su satisfacción porque "estamos generando condiciones para que la gente no vuelva a la calle a través de estos dispositivos y diferentes instancias. También tenemos una coordinación con el Ministerio del Trabajo, para así transformar a estas personas".

La secretaria de Estado agregó que este recinto marca una señal de los 13 dispositivos que para este año considera el programa en la región, tres de los cuales son residencias para albergar a familias.

"Hay alrededor de un 5% de niños que están en las calles y por ello necesitamos hacernos cargos de esa situación. Pensamos en un plan muy agresivo para ir generando más de estos lugares", explicó.

Rutas

En el caso de las rutas sociales (cinco en total y que entregan alimentos en la mañana y en la tarde), hay una que está operativa en Antofagasta, dos en Calama y una en Tocopilla. Sólo resta un dispositivo en la capital regional (Ruta Médica), cuya fase está en trato directo. En total, las cuatro rutas implementadas tienen una cobertura diaria de 135 personas.

Respecto a las tres Residencias Familiares, funcionarán durante un año corrido y atenderán a adultos, adolescentes, niños y niñas en situación de calle, con la intención de promover la unificación familiar. Esta es la primera vez que se cuenta con un dispositivo de estas características en la región.

La seremi de Desarrollo Social y Familia, Berta Torrejón Gallo, destacó esta histórica inyección de recursos en los dispositivos de este año por parte del ministerio, marcando un hito en la protección y cuidado de este segmento vulnerable de la población.

"Como gobierno y ministerio llevamos adelante una tarea de apoyar a la población más vulnerable de la región, sobre todo en estos fríos días. Esta entrega de recursos aumentó en 50% en relación al año pasado y deja bien en claro esta nueva mirada que queremos tener como país", manifestó.

Según el Registro Social de Hogares Anexo Calle (con corte al 30 de mayo), en la región hay 935 personas en situación de calle, de las cuales 427 corresponden a Antofagasta, 392 están en Calama y 85 en Tocopilla.