Región registra 174 expulsiones de extranjeros durante el primer semestre
MEDIDAS. Ayer en Colchane ministra del Interior, Izkia Siches, anunció proyecto de ley para simplificar procedimientos.
"Nuestro gobierno está comprometido en avanzar en una migración ordenada y regular", afirmó ayer en la localidad de Colchane la ministra del Interior, Izkia Siches, al anunciar un proyecto de ley para simplificar las expulsiones de extranjeros que hayan infringido la ley.
En medio de la creciente y violenta ola delincuencial que afecta a la macrozona norte Siches encabezó una comitiva que se trasladó a Colchane, en la Región de Tarapacá, mientras que durante la semana el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, visitó a la Región de Arica y Parinacota. Ambas autoridades abordaron agendas vinculadas al tema seguridad en estas regiones, las que junto a Antofagasta y otras zonas del país, enfrentan un nuevo tipo de criminalidad atribuida al intenso flujo migratorio.
Según datos de la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones (PDI), desde 2010 a 2021 la entidad reporta un total de 15.677 expulsiones en el país. La mayor cantidad de procedimientos se reportaron durante los años 2018 (2.052) y 2019 (2.232). En tanto, la menor cantidad de deportaciones ocurrió en 2010 (763), 2016 (917) y 2021 (913).
Desde enero a junio pasado, en tanto, se registra en el país un total de 598 expulsiones. Una cifra que sumada a los procedimientos de 2010 a 2021, acumula un total de 16.275 deportaciones. Del total de procedimientos de este año, en tanto, 174 corresponden a la Región de Antofagasta. Según la seremi de Gobierno regional, Elizabeth Bruna, estos procedimientos se insertan en la estrategia de gobierno destinada al cumplimiento de la ley.
"En la región, 123 de ellas (expulsiones) se han adoptado por decisión judicial. La cifra total corresponde al 30% de las expulsiones a nivel nacional, y si bien esto nos demuestra que las medidas se están realizando, también nos conmina a seguir trabajando con más fuerza. Estamos usando todas las herramientas de las que disponemos, humanas, técnicas e institucionales, para cumplir con la legislación vigente y asegurarle a la comunidad que ninguna persona que no cumpla con la normativa, permanecerá en el país", dijo.
"Efectivamente según PDI se han efectuado 174 expulsiones judiciales, siendo todos ellos extranjeros que estando recluidos hace años en centros penitenciarios y habiendo cumplido la mitad de su condena, optan al beneficio de la expulsión judicial. También se observa la expulsión administrativa de un extranjero por no cumplir con las normas y procesos administrativos migratorios", agrega el director del Servicio Regional de Migraciones, Richard Bórquez.
Durante el primer semestre de este año, en tanto, el registro de expulsiones a nivel nacional lo encabezan bolivianos (457), seguidos de colombianos (56), peruanos (48) y venezolanos (17). Del total, en este período, la mayor cantidad corresponden a expulsiones judiciales (587) y en menor medida a las administrativas (11).
Siches en Colchane informó que en agosto comenzará la tramitación del proyecto de ley que permitirá la simplificación de los procedimientos para realizar expulsiones administrativas de extranjeros que hayan cometido delitos en el país o ingresado de manera ilegal. La propuesta considera una modificación a la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería que hará más expedito el procedimiento administrativo de expulsiones. "Aquellas personas que pretendan ingresar a nuestro país por pasos irregulares o aquellos que vengan a delinquir a nuestro país, los vamos a perseguir, procesar y expulsar de Chile", expresó la Ministra de Interior. El registro de expulsiones durante el primer semestre en el país, lo encabeza la Región de Tarapacá (214), seguido de Antofagasta y Arica y Parinacota (108).
Agilizar proceso
Según un comunicado del Ministerio del Interior sobre la visita de Siches a Colchane, hoy resulta complicado ejecutar las expulsiones administrativas porque se debe comunicar personalmente el inicio del procedimiento.
Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, reconoce que el proyecto de ley busca agilizar estos procedimientos, que hoy requieren tres visitas al afectado para ejecutar esta medida, según dispone la Ley 21.325. "El objetivo de la modificación legal es facilitar el procedimiento de expulsión administrativa. Actualmente la ley establece que la Policía de Investigaciones debe notificar dos veces presencialmente a la persona expulsada, y tiene que ir por una tercera vez a buscarla presencialmente para materializar la expulsión".
"El proyecto propone facilitar eso, simplificarlo y desburocratizarlo, y permitir que la primera notificación al menos sea por carta certificada o correo electrónico: la notificación del inicio del procedimiento. Esto en ningún caso vulnera el debido proceso, porque se mantiene la posibilidad que la persona procesada presente descargos por 10 días luego de la primera notificación por carta certificada, y luego de que se le notifica de la expulsión a firme tiene también 10 días para presentar recursos en tribunales. Es decir, el debido proceso se mantiene pero el procedimiento de expulsiones se agiliza y facilita", precisó Thayer desde Colchane, donde integró la comitiva encabezada por la Ministra del Interior .
El mes pasado, en tanto, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado Thayer adelantó que se avanzaba en la continuidad de estos procedimientos. "Ya hemos oficiado al Ministerio de Defensa, con la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, para que haga las gestiones de facilitar el avión FACh, con financiamiento del servicio evidentemente, (para) la expulsión en el funcionamiento del servicio para 180 personas en los próximos meses". El informe presentado por el Director del Servicio Nacional de Migraciones detalló además en materia de expulsiones un contrato con dos agencias de viajes por $300 millones y $210 millones para la compra de pasajes.
"Efectivamente según PDI se han efectuado 174 expulsiones judiciales, siendo todos ellos extranjeros que estando recluidos hace años en centros penitenciarios y habiendo cumplido la mitad de su condena".
Richard Bórquez, director del Servicio Regional de Migraciones