Hoy, se plantea la necesidad de avanzar hacia una nueva gobernanza territorial, para lograr la equidad, la sustentabilidad y el desarrollo de los territorios. Esto, requiere una acción concreta, el proceso de descentralización ya comenzó, es parte de nuestra realidad, lo que implica un empoderamiento de actores sociales de los territorios, para hacernos cargo de una co-construcción entre las autoridades electas democráticamente y el estado nacional, así como un desafío para los trabajadores públicos, al sector productivo-empresarial y al ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación (CTCI) de las regiones.

Es claro que el conocimiento es poder, y la descentralización como expresión de un proceso democratizador, requiere de poder para lograr las equidades territoriales y su desarrollo, para ello se necesita de capital humano calificado en las esferas del servicio público y privado, al interior de los círculos tomadores de decisiones, en el ecosistema de CTCI.

La pregunta es, ¿cómo los territorios podrán desarrollar esas capacidades?, si no poseen elementos articuladores de las políticas públicas, que les permita ir reduciendo las desigualdades entre los territorios subnacionales, con una metrópolis que abarca y devora y que se nutre de esas desigualdades.

¿Tendrán los gobiernos regionales y comunales la capacidad de crear condiciones objetivas que les permitan atraer, retener y poder formar ese conocimiento? y que lo expresemos en términos del capital humano calificado para nuestros territorios, para generar un desarrollo armónico con un cambio de paradigma focalizado en la CTCI, que se haga cargos de los desafíos y sea capaz de dar las respuestas y soluciones a esas demandas territoriales para lograr mayores niveles de desarrollo, con un incipiente proceso de descentralización en curso.

Nuestro país tiene una asimetría profunda en la presencia de masa crítica en las regiones, que se traduce en el punto diferenciador en la existencia de regiones ricas y regiones pobres; Santiago, nuestra capital concentra la mayor cantidad de capital humano calificado a nivel nacional. En efecto, si el capital humano es la fuerza que moviliza a las sociedades, en el contexto de la globalización es ese capital humano calificado que resulta fundamental para permitir que la sociedad avance hacia su desarrollo.

Para ello, se requiere una política pública que apueste por el desarrollo armonioso entre el crecimiento económico, la equidad social y la sustentabilidad ambiental, en el marco de un nuevo modelo de desarrollo económico, donde los territorios y el capital humano serán artífices de la implementación de un proceso de descentralización que requiere participación, perfeccionamiento de la democracia, la CTCI será un factor fundamental en el impulso e implementación del nuevo modelo que considere las singularidades de nuestras regiones y territorios.

Nuestras instituciones de educación superior deben integrarse al proceso de descentralización y hacerse cargo de esos desafíos, deben ser actores relevantes para generar ese capital humano calificado, para que los territorios y sus gobiernos estén en condiciones de definir por sí mismas sus cambios estructurales, es decir que las regiones se piensen desde las regiones y no desde una visión e imposición de un estado centrista.

Tradicionalmente se ha buscado enfrentar los problemas de seguridad pública desde perspectivas que ponen en contradicción la libertad y el respeto a los derechos fundamentales con el combate frontal a la delincuencia, como si una cosa fuese en oposición a la otra.

La falta de espacios públicos tranquilos, sumado al grave problema del narcotráfico, y el aumento en el uso de armas y su poder de fuego, pusieron en números rojos la seguridad de todo el país. Fue en este escenario en que debimos asumir como Gobierno la compleja tarea de devolverles a las y los habitantes, la confianza en las instituciones, el Estado y las Policías.

Ha sido en medio de este convulsionado contexto, en donde nuestra comunidad reclama acciones concretas que como Gobierno hemos ido resolviendo a través de la recuperación de espacios públicos, la prevención del delito y el combate al crimen organizado, que constituyen los principales ejes de nuestra política de seguridad pública.

Uno de los sellos de esta política es la participación ciudadana, ésta se expresa en iniciativas como "Gobierno, Policía y Comunidad". Espacio de diálogo en terreno, donde las y los vecinos presentan sus inquietudes, dan a conocer sus principales problemas y se establecen compromisos por parte de las autoridades policiales y los servicios, cuyo cumplimiento es coordinado y fiscalizado por la Delegación Presidencial Regional.

Por medio de este trabajo, hemos logrado desarrollar mejores operativos policiales, mucho más efectivos. Al respecto quiero destacar que Carabineros y PDI en nuestra región, muestran gran eficiencia y eficacia en la resolución de denuncias y la detención de quienes son descubiertos en flagrancia.

Por otra parte, el Consejo Regional Contra el Crimen Organizado cuenta con una mesa técnica que trabaja semana a semana en el desarrollo de acciones concretas.

Todas y todos queremos devolver a la ciudadanía el derecho a la Seguridad, es decir, a caminar sin miedo a ser víctimas de un delito, a desenvolverse en sociedad de forma plena, donde niñas y niños puedan jugar sin temor, donde se pueda ir al trabajo tranquilamente.

Con firmeza y decisión seguiremos trabajando como Gobierno para frenar el avance de la delincuencia y no cederemos ni un solo centímetro de nuestro territorio para que el crimen organizado se enquiste, pues sabemos que eso destruye las democracias.

En los últimos días -y a propósito de la franja televisiva- ha tomado fuerza el apellido para las opciones del plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Ya existe prácticamente un consenso que en caso de ganar el Apruebo se deberán definir algunos cambios, el proyecto es perfectible como lo dijeron los en su momento convencionales y que a poco andar fue aceptado por el Gobierno, que en este momento impulsa acuerdos para aplicar pos referéndum.

Es el mismo predicamento que hoy tienen sectores conservadores y la centroderecha. Conscientes que no se puede vulnerar la voluntad ciudadana que en un 80% votaron por una nueva constitución, ya apuran reformas en las leyes para propiciar cambios en la actual carta magna. El principal reducir el quorum para las modificaciones constitucionales de 2/3 a 4/7.

Ahora la discusión es cuál es el mejor punto de partida, porque el plebiscito permite elegir sobre aprobar o rechazar el proyecto constitucional entregado por los convencionales. Si gana el Apruebo, lo que se sugiere es incluir cambios a lo entregado y de allí que se estén reuniendo los miembros del oficialismo para generar los acuerdos que sean necesarios.

Pero la convicción es clara en el sentido que el Apruebo es el mejor punto de inicio. A juicio de ellos están garantizados todos los derechos fundamentales y los temas en controversia tienen fácil resolución.

"Tenemos una estructura armada, solo faltan los detalles", se ha escuchado a un amplio sector que propone aprobar para reformar.

Desde la otra vereda aseguran que el nuevo texto tiene articulados que no son convenientes para el desarrollo del país. No lo ven como un tema de maquillaje y están dispuestos a aplicar los cambios que espera la ciudadanía pero sobre otra base, que en este caso no es otra que la de 1980 con las reformas aplicadas en 2006.

Por ello, sectores antiguamente intransigentes a cambios constitucionales hoy se abren y aprueban rebajar los quorums y abrirse a los cambios manifestados por la mayoría de la población.

Lo que está meridianamente claro es que en cualquier escenario, tras el 4 de septiembre se hablará de reformas. Ese será el concepto predominante y el detalle de estos tendrá que verse con la altura de mira que apunte al desarrollo armónico del país y a avanzar sobre la unidad como base del desarrollo nacional.