Claudio Cerda Santander

El paso por la Región de Antofagasta del continuo flujo migratorio, tras haber ingresado en su mayoría al país por pasos no habilitados en la Región de Tarapacá, se refleja a diario en el alto número de denuncias por ingresos clandestinos reportadas en la Segunda Región.

Un panorama que evidencian datos de la Policía de Investigaciones (PDI), presentados en la comisión de seguridad ciudadana de la Cámara de Diputados que sesionó en la región el 25 de julio pasado.

De acuerdo a los datos de la institución, durante 2021 la Región registra 8.345 denuncias por ingresos clandestinos. Los casos corresponden a denunciados (7.600) y autodenunciados (745). El año pasado, en tanto, el registro de denuncias por ingreso clandestino lo encabezan los venezolanos (4.379), seguidos de bolivianos (3.242) y colombianos (370).

Desde el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) informaron que en los casos de ingresos clandestinos se cursa un parte policial con firma en dependencias de la Policía de Investigaciones, "pendiente de inicio de un procedimiento de expulsión". "De los antecedentes que dispone el SERMIG, se observa que la mayor parte del flujo migratorio que ingresa irregularmente al país, lo hace por la Región de Tarapacá, en particular por la localidad de Colchane. Asimismo, existen registros de ingreso irregular por la Región de Arica y Parinacota y, también, por la Región de Antofagasta. Sobre su origen, principalmente sudamericano, en particular personas que vienen desde Venezuela", comentaron.

Ingresos

Este año, entre los meses de enero y mayo, en la región de Antofagasta se registraron 2.502 denuncias por ingresos clandestinos. La mayor cantidad de casos corresponde a denunciados (2.371), seguidos de autodenunciados (131). Durante este período el catastro lo encabezan venezolanos (1.283), seguidos de bolivianos (883) y colombianos (178)

Según comenta Fernando Guzmán, director regional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), estos registros deberían considerarse como una aproximación debido a un subregistro de casos no advertidos o no fiscalizados. Guzmán además elabora un perfil del flujo migratorio que atraviesa por la ciudad del cual, coincide, proviene en su mayoría por Colchane. "Estamos viendo un flujo conformado por familias completas. En años anteriores, como antes del 2015, era muy frecuente que la jefa o jefe de hogar emigrara y eventualmente se instalara, enviara remesas, se regularizara y después venía la familia. Pero ahora, la crisis en la región sudamericana y en toda Latinoamérica es tan grave en términos económicos, de conflictos políticos y sociales, que las familias se están viendo imposibilitadas de seguir con sus vidas en los países de origen, entonces, terminan emigrando. Venden todas sus pertenencias y migran en grupos familiares, incluidas personas de la tercera edad. Hemos visto el lamentable fallecimiento de más de 20 personas en los últimos tiempos (…) tras haber intentado atravesar el desierto", dijo Guzmán, quien sostuvo que hoy, casi ocho de 10 personas que ingresan por pasos no habilitados corresponden a venezolanos, además en una condición de alta vulnerabilidad.

"En la comuna de Antofagasta vemos muchas personas en semáforos limpiando parabrisas o madres junto a menores de edad vendiendo dulces para generar algo de ingresos, con todo lo precario que implica vivir de esta manera. También con muchas dificultades para conseguir un arriendo donde vivir, lo que hace que estén habitando el borde costero, con carpas en espacios públicos y hemos visto también un incremento de tomas de terrenos en zonas urbanas. En los últimos años además se han incrementado los campamentos, donde más del 50% de la población que vive ahí corresponde a familias migrantes", agrega.

Respuesta del estado

Según el nuevo informe de Migración Internacional en Antofagasta, elaborado por el Instituto de Políticas Públicas (IPP) de la Universidad Católica del Norte (UCN), un 59% de los consultados expresa una evaluación mala o muy mala del impacto de la migración en la región. Para Guzmán, en su calidad de director del SJM en la región, en la agudización de los conflictos entre la población de acogida y la población migrante podría incidir la tensión por la ocupación de espacios públicos. "Eso ante una falta de respuesta del Estado que debe hacerse cargo de esta situación, las personas buscan como manifestar su malestar. Así hemos visto marchas anti migrantes, y en que se ha llegado a un extremo de violencia en donde se queman rucos o carpas, lo que únicamente demuestra la frustración de la población local, que ha visto afectada su vida cotidiana por causas de estos flujos".

"También hemos visto un mayor posicionamiento en que se vincula a la migración con la criminalidad. Sin embargo, todos los datos que entrega la Defensoría indican que menos del 3% de las personas imputadas en delitos, y que están procesadas cumpliendo penas efectivas, son personas migrantes. Es decir, tres de cada cien (…) Hemos visto la presencia de bandas de crimen organizado que aprovechándose de las circunstancias de estos altos flujos migratorios ven un nicho de negocio. El crimen organizado se aprovecha de la precariedad de estas familias, entonces, se dedican a la trata y tráfico de personas y a una serie de delitos; pero es un grupo muy acotado", añade Guzmán.

El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó una nueva ampliación del plazo de investigación del homicidio del camionero Byron Castillo, ocurrido el 10 de febrero de este año, en la ruta 1 que une a Mejillones con Antofagasta.

La solicitud fue realizada por la abogada defensora, Nolvia Collao, de los tres imputados venezolanos, Edgar Rafael Siso Mosquera, Víctor Alfredo Arcilla y el menor de edad J. R. S. quien indicó que la medida se fundamentaba en una serie de diligencias pendientes y la revisión de la reconstitución de escena.

En tanto, la fiscalía, representada por David Cortés Alfaro adhirió a la solicitud. "En cuanto al plazo, estamos de acuerdo. Se observa la necesidad de ampliar el plazo de investigación. El término de días nos parece razonable. En términos de las defensas, hay diligencias pendientes y pruebas biológicas que también son necesarios de allegar a la carpeta", sostuvo el fiscal. Los abogados querellantes (familiares y el Ministerio del Interior) también adhirieron a la solicitud, la que fue acogida por la magistrado.

Revisión de cautelares

En la misma audiencia, el tribunal mantuvo las medidas cautelares de prisión preventiva a los tres imputados ante la no presentación de nuevos antecedentes en la causa.

"Se mantiene la medida cautelar respecto a cada uno de los imputados, atendido que el tiempo transcurrido y la naturaleza del delito, que dice relación con un delito que merece pena de crimen, por lo tanto, el transcurso del tiempo no resulta suficiente para efectos de modificar la medida cautelar, por lo demás, están pendientes las cédulas de identidad de los imputados lo cual debe ser regularizado antes de revisar la medida de prisión preventiva en la presente causa", sostuvo el tribunal

Una de las solicitudes anexas de la defensa de los detenidos, apuntó a revisar la cautela de garantía ordenada por el tribunal respecto al traslado de dos de los imputados desde el penal de Santiago hacia el centro de detención de Antofagasta. Ante ello el juzgado ordenó un plazo de 24 horas para que Gendarmería informara respecto al cumplimiento de lo instruido.

La próxima fecha de la audiencia de apercibimiento de cierre de la investigación quedó fijada para el 29 de junio.