Hoy no se puede negar que al gobierno le cuesta enfrentar los hechos delictuales con las herramientas del Estado de derecho que tiene a su disposición. Esto, ¿es solo debido al contexto que estamos viviendo o es fruto del balance del gobierno anterior? Cuando se menciona a este último, se olvida muchas veces el rol jugado por el actual oficialismo cuando era oposición. Se atacó, y a veces pudo ser de manera justificada, pero se cuestionó todo lo que se asimilaba a "autoridad". De lo más "micro" hasta lo más "macro". Y los chilenos saben perfectamente que, por múltiples factores que también tienen que ver con el sistema, esa autoridad ya se discutía a nivel parental para luego desplazarse a varios otros compartimientos de nuestra sociedad.

Si uno lee la columna y entrevista, de ayer, del gobernador Ricardo Díaz, nace la impresión que sus descargos tienen más que ver con alguien ubicado en la vereda de la construcción de las políticas públicas que con un político que sabe lo que debe realmente cumplir dentro de su mandato. Como gobernador regional parece estar atrapado, por un lado, en un cargo que no le da potestad alguna en materia de seguridad pública, y por otro, en un espectro político que le impide abogar por una visión autoritaria del tema. Y si se decide por ir claramente y con vigor hacia un Estado de Excepción, que no es la impresión que se desprende de sus declaraciones, debería ir, si o si, en contra de la delegada presidencial y de su superior jerárquica que es la ministra del interior. ¿Hay realmente voluntad política para aquello? ¿Querrá complicarse a dos semanas de un crucial plebiscito? Pero, ¿hay realmente un piloto en el avión?

De los tres senadores de la región; una ya no tiene peso mediático, ni tampoco en términos de "muñeca política"; otro no se ha pronunciado ni por si acaso acerca de lo que está pasando; y el último, que es un viejo lobo de mar de la política, sobreviviente de un mandato de 8 años sin mayor relevancia, hará política en función de lo que puede ganar y sobretodo no perder. De los 5 diputados, uno es hermano del último citado y fueron criados en la misma escuela de formación, obteniendo pocos resultados concretos pero electoralmente viables a todas luces; tenemos a Catalina Pérez que dirige ahora desde Santiago; una diputada PDG que marca en redes sociales; un diputado RN amigo de los anímales, de las posturas y del alcalde, y para terminar un ciudadano de nombre de "Videla", que trata de aparecer como diputado pero utilizando la misma metodología que utilizó como candidato … quizás ahí hay lo que se denomina como un "hiatus", es decir "un problema en la continuidad". Sin embargo, el hecho que haya iniciado y abrazado esta campaña para obtener un Estado de excepción, para la región, es quizás" LA" etapa que le permitirá cambiar de piel, de salir por fin de la mediática crisálida de la cual no se puede conformar si quiere seguir en política, la real, más que en los medios.

El Estado de Excepción no resolverá nada a mediano ni largo plazo, menos si no va acompañado de medidas serias a nivel de proyectos regionales financiados, de cambio legales y de colaboración entre políticos con voluntad de obtener logros sin calculadora en mano. La ciudadanía estimará quien tomó el liderazgo acá y quien lo hizo correctamente. Porque hasta ahora las semanas pasan y la inseguridad sigue aumentando. Hace varios siglos, en Inglaterra, el primer contrato social teorizado consagró el principio de seguridad por encima de cualquier otro, para que una sociedad humana pueda desarrollarse. Eso era una de la plusvalía esencial de Chile comparando a su entorno. Hoy, la perdimos. No estamos seguros que se podrá recuperar.

A mediados de la semana pasada dos soldados bolivianos traspasaron la frontera hacia Chile en el marco de una persecución a contrabandistas que pretendían ingresar a su país por pasos no habilitados.

A diferencia de otras ocasiones, esta vez, la fiscalía determinó que no existían otros delitos que perseguir como el de robo con intimidación en los que perseveró en casos anteriores y se definió la reconducción de los militares.

Independiente de los detalles del caso, el hecho es una prueba más de la fragilidad de la frontera y lo complejo que es su resguardo, sobre todo en Tarapacá, donde las condiciones son medianamente buenas para traspasar de un lado a otro sin mayor problema, sobre todo cuando se cuenta con los recursos necesarios.

Por lo anterior, es que las bandas de narcotráfico, tráfico de migrantes y contrabando se arriesgan a cometer estos ilícitos, que generan un gran lucro y cuya persecución es de gran complejidad ante el extenso territorio y la ruralidad en la que se encuentra.

Por tal motivo, es importante que se siga fortaleciendo la presencia del Estado en estos territorios, tanto desde el punto de vista policial y militar, como con tecnología y equipamiento para su trabajo. A la vez también se hace indispensable una mayor inversión en estas comunas fronterizas, que fomente su repoblamiento.

Pero además de lo anterior, se requiere una cooperación mucho más intensiva entre Bolivia y Chile en materias de seguridad. Históricamente hay delitos que afectan más a uno, como es el caso del contrabando de mercancías que dañan las arcas fiscales altiplánicas, como otros, como el narcotráfico o tráfico de migrantes, que terminan siendo un problema más para Chile como nación receptora.

Los delitos transnacionales deben ser abordados de manera conjunta entre los diferentes países, pues de lo contrario seguirá siendo una lucha difícil de ganar.

A las bandas internacionales les conviene que sigan existiendo estas trabas entre Chile y Bolivia, que han impedido abordar de manera conjunta esta problemática delictual. Sin duda es un desafío para este Gobierno, sobre todo, porque son años de distanciamiento entre ambas naciones.

Me molesta de sobremanera que se quiera vender la propuesta de Constitución como una "constitución regionalista", cuando en realidad atenta contra el desarrollo y bienestar de las regiones. Soy, he sido y seré regionalista siempre, y si hay algo que quedó postergado en esta propuesta somos nosotros.

El sistema político actual y propuesto se basa en entregar poder en base a cuántas personas viven en un territorio. En Santiago viven 8 millones de personas, lo que corresponde a un 40% de la población del país, es decir, bajo la lógica de concentrar el poder en base a la población, Santiago es Chile. La segunda región más poblada es nuestra Región de Valparaíso, que concentra un 10% de la población del país, seguida por la Región del Biobío, con un 8%.

La Cámara de las Regiones, que remplazará al Senado, es al final un estamento más de repartición política. El Senado cuenta con cincuenta senadores y solo cinco de ellos representan a la Región Metropolitana, pero quienes vivimos en regiones sabemos que en la mayoría de los casos los candidatos se designan en Santiago. ¿La propuesta de Constitución aborda el problema del cuoteo político? No, no lo hace, lo perpetua.

Al final, la representación y peso político de las regiones determinan su bienestar. Sin ir más lejos, el metro solo existe en Santiago por esa razón, es decir, el gasto fiscal se concentra donde está la población y esa lógica es la que nos mantiene en una rigidez centralista.

Si el 40% de la población está en Santiago, entonces el gasto fiscal debe estar en Santiago, suena lógico, pero ello es la génesis del retraso de las regiones, es decir, ¿cómo ser una opción competitiva sin los mismos recursos? Si se mira al futuro, ¿no sería mejor que tuviésemos la oportunidad de vivir bien en cualquier parte del país, sin necesidad de migrar o permanecer en Santiago por razones laborales? Mientras se mantenga la lógica actual, la población seguirá concentrándose en la capital y las regiones seguirán postergadas.

"No me ayude tanto compadre", que en la propuesta de Constitución las regiones podrán establecer impuestos regionales sobre los impuestos nacionales. El ingreso per cápita de la Región Metropolitana es 2,55 veces mayor al ingreso per cápita de La Araucanía, y en esta última deben pagar el mismo IVA que en la capital, es decir que, proporcional al ingreso, en La Araucanía destinan más recursos al pago de impuestos y menos al consumo.

El impuesto a los combustibles en regiones duele más. Este y otros impuestos deberían ser menores que en la capital, debido a que el desarrollo, ingresos y opciones laborales también lo son, pero en la propuesta podrá haber más impuestos en regiones, no menos.

"Una región, un voto presidencial", eso sería una solución simple y regionalista que obligaría a los partidos políticos, independiente del cuoteo, a poner sus esfuerzos en nosotros con el objetivo de no perder votos. ¿Logra algo así la propuesta de Constitución? No, no lo hace, aunque quieran venderla como tal.