Redacción

Después de un operativo de allanamiento a 18 cárceles de Chile, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, abordó el escenario delictual que existe dentro de recintos penitenciarios y defendió el trabajo de Gendarmería.

"Nosotros desde que asumimos el Gobierno hace cinco meses, constatamos que teníamos que abordar con mucha claridad el tema de la seguridad en los recintos penitenciarios", dijo en conversación con Meganoticias.

La secretaria de Estado resaltó que "lo hemos conversado extensamente con Gendarmería y este es el tercer operativo, y lo estamos haciendo con mucha convicción, porque entendemos que el problema es profundo y diverso, pero es una medida muy importante porque estamos haciendo esto de manera sistemática".

"Esto nos permite generar mayores condiciones de seguridad, no sólo para las personas que están privadas de libertades, pero también para el propio personal. Es muy importante para el personal de Gendarmería que nosotros aumentemos los niveles de seguridad", explicó.

"No tenemos ninguna situación donde exista un recinto penitenciario donde Gendarmería no pueda entrar, no pueda ejercer control. Eso es algo muy importante para darle seguridad a quienes nos escuchan: los recintos penitenciarios están en total control de Gendarmería y se están tomando decisiones de separar, aislar, la segregación de personas con distinto nivel de peligrosidad es algo en lo que está trabajando y facultado Gendarmería", dijo la ministra.

Medidas

Ríos expresó que, luego de que se conocieran irregularidades en centros penitenciarios con presencia de celulares, drogas y armas, tomaron medidas y que "respecto a la disposición de celulares que tienen, para nosotros es esencial trabajar en distintos ámbitos para frenar la utilización de telefonía móvil, porque sabemos que se están usando para cometer otros delitos".

La ministra destacó que están en coordinación para evitar que funcionarios de Gendarmería ingresen objetos prohibidos: "Nosotros firmamos un convenio en mayo con el Ministerio Público y Gendarmería, porque sabemos que es posible que tengamos algunos episodios de corrupción. Gendarmería está atacando muy fuertemente con una tolerancia cero a los episodios potenciales de corrupción (...) Es muy grave y por lo mismo Gendarmería está tomando medidas muy drásticas en este sentido, hay que sí reconocer que la inmensa mayoría de los gendarmes y los funcionarios son funcionarios públicos que hacen su trabajo con mucha abnegación".

El Ministerio de Salud informó en su último balance sobre la situación de la pandemia en Chile de 10.282 nuevos contagios, por lo que, por primera vez desde el 21 de marzo, los casos activos superaron los 50 mil.

En concreto, según el informe, existen 50.762 contagiados, aunque la cifra sigue lejos de los 55.103 que había hace casi cinco meses.

Se comunicaron 28 fallecidos en la última jornada, llegando 59.989 decesos por causas atribuibles a la enfermedad.

De los nuevos casos, 5.592 fueron sintomáticos, 1.979 asintomáticos y 2.711 positivos no fueron notificados. Con ellos, desde el inicio de la pandemia 4.380.148 personas tuvieron coronavirus.

Además se informó que se realizaron 78.196 exámenes entre PCR y test de antígenos, lo que se tradujo en una positividad de 13,34% a nivel nacional. En la región Metropolitana alcanzó el 11,86%.

Con estas últimas cifras, la variación de nuevos casos llegó a 12% en comparación a siete días y 34% para dos semanas. De todas formas, cuatro regiones disminuyeron sus contagiados en la última semana y dos respecto a 14 días.

Las regiones que tuvieron mayor positividad en la última semana fueron O'Higgins, Antofagasta, Coquimbo y Araucanía, mientras que la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes es en la región de Los Ríos, seguida de Arica, Tarapacá y Atacama.

En cuanto a la Red Integrada de Salud, aseguraron que 161 se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las que 108 tienen apoyo de ventilación mecánica. Además, existen 304 camas críticas disponibles para los pacientes que lo requieran.

Por último, se dispone de 31 Residencias Sanitarias en el país con un total de 2.122 camas, aunque existen 594 disponibles para ser usadas.

La propuesta de nueva Constitución contiene en su Capítulo IX la regulación de los "Sistemas de Justicia" que, de aprobarse, reemplazaría al actual Capítulo VI del texto constitucional vigente, denominado "Poder Judicial".

La regulación propuesta innova en varios ámbitos. Se consagran derechos fundamentales relacionados con el acceso a la justicia y el debido proceso, tales como el derecho de defensa, a un proceso razonable y justo, a ser oído, así como, el derecho a acceder a una justicia con perspectiva intercultural y a la asistencia especial por edad o discapacidad. Se crea el Servicio Integral de Acceso a la Justicia, para la asesoría, defensa y representación letrada. La función jurisdiccional es reconocida a los tribunales de justicia establecidos por ley, que integran el Sistema Nacional de Justicia y también a las autoridades de los pueblos y naciones indígenas que sean reconocidos por la Constitución o la ley y que constituyen una jurisdicción distinta. El Sistema Nacional de Justicia, se integra por la justicia vecinal, los tribunales de instancia, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, y se otorga regulación constitucional a ciertos tribunales de instancia, como los tribunales administrativos, ambientales, de ejecución de penas y vecinales.

Sin perjuicio del reconocimiento de algunos aspectos positivos, como la consagración del principio de la justicia abierta, el de autonomía presupuestaria y la exigencia de lenguaje claro, debemos considerar la introducción de normas que podrían atentar contra la igualdad ante la ley y la exigencia de certeza jurídica.

El primer aspecto controvertido se presenta con el cambio en la denominación del Poder Judicial, que va más allá de lo estético. Ello porque se pierde el efectivo equilibrio con los otros poderes del Estado y porque internamente desaparece la jerarquía entre los tribunales, lo que, por una parte, impide la determinación de criterios que justifiquen la revisión de las decisiones judiciales y por otro implica la pérdida de la dignidad del cargo y de la carrera judicial.

El segundo aspecto polémico es el reconocimiento que se hace a los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que deben coexistir en igualdad con el Sistema Nacional de Justicia, pero sin unidad de la jurisdicción. Con ello se introduce el ejercicio diferenciado de la función jurisdiccional al permitir jueces y procedimientos propios que dependerán de la raza o etnia y sin mayores limitaciones en cuanto a las materias, territorios o personas que podrían ser juzgadas por cada sistema.

El tercer aspecto problemático es la creación de un Consejo de la Justicia, con amplios poderes y una integración sin mayoría de jueces, que podría conllevar la politización del sistema judicial y poner en peligro la independencia de los tribunales, al facultar a este órgano para revisar y evaluar el fondo de las decisiones jurisdiccionales.

Preocupa también la introducción de criterios que deberán tener en cuenta los jueces al momento de dictar una resolución judicial, tales como la interculturalidad, la paridad, la perspectiva de género y la igualdad sustantiva. Ellos podrían transformarse en sesgos que de alguna manera atenten contra la igualdad de las partes en el proceso.

Como puede observarse, la propuesta de nueva Constitución introduce cambios radicales en el Poder Judicial que de alguna manera podría comprometer la independencia judicial y la igualdad de las personas ante la ley.

"La función jurisdiccional es reconocida a los tribunales de justicia establecidos por ley, que integran el Sistema Nacional de Justicia y también a las autoridades de los pueblos y naciones indígenas que sean reconocidos por la Constitución o la ley".

"La creación de un Consejo de la Justicia, con amplios poderes y una integración sin mayoría de jueces podría conllevar la politización del sistema judicial y poner en peligro la independencia de los tribunales".

*Profesora de Derecho Procesal, Universidad de los Andes