El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó ayer su norma estrella, la Ley para la Reducción de la Inflación, que calificó como "una de las más importantes de la historia" del país y con la que busca salir reforzado de cara a las legislativas de noviembre de mitad de mandato.

"Los demócratas votaron a favor de reducir el déficit para combatir la inflación haciendo que los ricos y las grandes corporaciones paguen una parte más justa, mientras que todos los republicanos se opusieron a exigir que las grandes corporaciones paguen un impuesto mínimo del 15 %", apuntó en un acto en la Casa Blanca.

Este es uno de sus proyectos estrella y para dejarlo claro realizará durante las próximas semanas una gira por el país para explicar las ventajas de la ley, que aspira a reducir la inflación, en plena escalada de precios por la pandemia y la guerra de Ucrania.

Además, el 6 de septiembre organizará un evento para celebrar la promulgación del paquete fiscal, sanitario y ambiental, aprobado el pasado viernes por el Congreso y que tiene numerosas inversiones a largo plazo.

"No se trata solo del hoy, se trata del mañana. Se trata de brindar progreso y prosperidad a las familias, de mostrar a los estadounidenses que la democracia todavía funciona en Estados Unidos, a pesar de todo lo que se habla de su desaparición", apuntó Biden.

La ley contempla más de 400.000 millones de dólares en nuevas inversiones, casi todas centradas en dar un impulso a la industria de la energía verde en el país y en reducir las emisiones de gases contaminantes.

Significará la mayor inversión pública contra la crisis climática en la historia de Estados Unidos. Sus partidarios estiman que servirá para reducir en 40% las emisiones contaminantes del país de aquí a 2030 respecto a los niveles de 2005.

"Es la ley más ambiciosa en cuanto a inversión en la transición a una economía de energía limpia que enfrente el problema del cambio climático", dijo a Efe Frances Colon, miembro del Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca.

IMPUESTOS a los más ricos

La ley busca crear normas tributarias más justas para evitar, por ejemplo, que se repita lo sucedido en 2020, cuando 55 de las corporaciones más grandes y ricas de Estados Unidos no pagaron impuestos federales sobre la renta.

Así, habrá un impuesto mínimo del 15% a las compañías con beneficios superiores a los 1.000 millones de dólares, mientras que se reforzará también la agencia de recaudación de impuestos para hacer más difícil evadir el pago de impuestos. Hoy se dejan de cobrar unos 160.000 millones, según cálculos del Ejecutivo.

La norma también busca impactar en la inflación reduciendo el gasto en sanidad de los ciudadanos, que pagan entre dos y tres veces más que los ciudadanos de otros países por los medicamentos recetados.

De la reducción en los precios se beneficiarán entre 5 y 7 millones de personas cubiertas por el plan sanitario Medicare, mientras que el límite de 2.000 dólares anuales en los gastos de los medicamentos recetados favorecerá a unos 1,4 millones.

Una economía limpia

Aunque la inflación ha robado el protagonismo al resto de aspectos de la ley, la norma es fuertemente ambiciosa en términos medioambientales y pretende, entre otras cosas, construir una economía de energía limpia para 2030 que incluye 950 millones de paneles solares, 120.000 aerogeneradores y 2.300 plantas de baterías.

También se busca que este cambio genere un impacto en la economía doméstica con una bajada de unos 500 dólares por año en los costes de la energía y numerosos incentivos para transformar los hogares.

Habrá reembolsos directos de unos 14.000 dólares por consumidor para cambiar los sistemas de calefacción o los electrodomésticos por unos más eficientes y también créditos fiscales para instalar energía solar en los hogares y fomentar el uso de vehículos eléctricos.

Con todas estas medidas se busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente 1 gigatonelada en 2030, o 1.000 millones de toneladas métricas.

Por primera vez Crimea se convierte en objetivo enemigo tras cerca de seis meses de combates en Ucrania, luego que Rusia admitiera que la explosión que tuvo lugar ayer en un depósito provisional de municiones del Ejército ruso en la anexionada península, se debió a un posible sabotaje de Kiev.

"En la mañana del 16 de agosto a consecuencia de un sabotaje fue destruido un depósito militar en la localidad de Dzhankoe", la capital del distrito homónimo, informó el ministerio de Defensa ruso.

El ataque se produjo una semana después de las sospechosas explosiones ocurridas en un aeródromo ruso en el oeste de Crimea y que las autoridades locales atribuyeron a un accidente, pero que la prensa occidental describió como un exitosa operación subversiva ucraniana, que destruyó nueve aviones, según las imágenes de satélite.

Respecto a la explosiones de ayer en su arsenal, el mando ruso señaló que destruyeron infraestructura civil, como por ejemplo una línea de alto voltaje, subestaciones eléctricas, un tramo de línea férrea y varias viviendas, pese a que en ningún momento llegó a acusar directamente a Kiev, de los hechos.

"No hay heridos graves. Se toman las medidas necesarias para subsanar las consecuencias del sabotaje", añadió Defensa.

Las autoridades no informaron de víctimas en el siniestro, que según la administración local obligó a evacuar a cerca a más de 3.000 personas de Maiskoe, localidad aledaña al lugar donde se ubica el arsenal.

Kiev, al igual que hace una semana, tampoco reivindicó el ataque, pero dio a entender que el de ayer no será el último.

"Recordaré otra vez que, en un país normal, Crimea se resume en mar Negro, montañas, descanso y turismo. Pero en la Crimea ocupada por los militares rusos, la cosa va de explosiones de arsenales y un aumento del peligro mortal para los ocupantes y los ladrones. La desmilitarización en acción", afirmó Mykhailo Podoliak, asesor presidencial ucraniano.