El Congreso Nacional enfrentará hoy una jornada que se centrará en la discusión en torno a hechos de violencia, pues entre los temas que componen la tabla están la prórroga anticipada al Estado de Emergencia en la Macrozona Sur, que de ser aprobado regirá desde la próxima semana (que es distrital y por ello el adelanto de la discusión) y el proyecto de indulto a los presos por delitos vinculados al estallido social del 18 de octubre de 2019.

Especialmente sobre este último tema, que se da en medio del debate electoral previo al plebiscito del 4 de septiembre para resolver el futuro de la propuesta de nueva Constitución, la ministra del Interior, Izkia Siches, apuntó: "Espero que haya una discusión en todos los sectores transparentes, más que una utilización dentro del contexto electoral".

Ataques y monsalve

La jefa del gabinete también puntualizó en que las personas "esperan respuestas claras por parte del Parlamento y en eso siempre hemos estado disponibles como Ejecutivo para avanzar en estos acuerdos sociales, para ir cerrando heridas y encontrarnos como país".

Sin embargo, la violencia en la Macrozona Sur ha sido lo que ha generado más opiniones en las últimas horas, especialmente por la ola de atentados que se produjo ayer en las comunas de Arauco, donde casi una veintena de vehículos y máquinas fueron quemadas, ataque reivindicado por la organización Weichan Auka Mapu; y Angol, donde otras diez máquinas y cuatro camiones resultaron destruidos, lo que fue asumido por Resistencia Mapuche Malleco.

También hubo un ataque en Los Ríos, hacia donde no se ha extendido el estado de excepción, lo que generó un reclamo del Partido Socialista al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, militante de sus filas.

Contra Llaitul

Estos actos violentos coincidieron con el rechazo de la ministra Siches a las nuevas declaraciones del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien en un video reciente reconoció que roban madera, solo que en su organización lo llaman "recuperación de madera. No somos parte de las mafias del robo de madera, ese es otro tema".

Ante ello la secretaria de Estado aseguró que esta información está contemplada dentro de la ampliación de querella que hizo el gobierno ante Llaitul el 27 de julio.

En ella "no solo solicitamos especial énfasis en estas declaraciones, la revisión de estas declaraciones como también de las previas en donde están contenidas las que fueron acogidas por la prensa este fin de semana, pero no son informaciones nuevas", afirmó la ministra.

Agregó que "nosotros hicimos las acciones y esperamos que el Ministerio Público pueda investigar y hacer lo que corresponde para esto, pero creo que esta no es una información nueva para nadie, y creo que todos estábamos consientes que el robo de madera era una de las fuentes de financiamiento de las bandas organizadas que operan en la zona".

"Ladrón y terrorista"

Mucho más duro fue el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, quien dijo esperar que el Gobierno sí se querelle nuevamente contra el dirigente de la CAM.

Llaitul "es un ladrón, terrorista, un instigador a la violencia. Oprime a las personas de su propia etnia para someterla a esta tiranía", afirmó el dirigente gremial en entrevista con radio Pauta.

El empresario dijo que si el Gobierno no toma nuevas medidas "es aceptar la impunidad" y remarcó que Llaitul "incita al terrorismo" y que el Ejecutivo debe "hacerse cargo" de la situación" de la mano de la Ley de Seguridad del Estado.

Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), hizo un llamado a las autoridades de Gobierno a adoptar las medidas que sean necesarias para detener la escalada de delincuencia que está afectando a varias operaciones mineras en el norte del país.

"Resulta preocupante los hechos de delincuencia que están afectando a varias operaciones mineras y que, incluso, en el caso de uno de nuestros asociados implicó que los antisociales, en una acción temeraria y perfectamente coordinada, ingresaran a las instalaciones de la refinería para apoderarse de 100 bandejas con un contenido en oro de 500 onzas, equivalente a aproximadamente un millón de dólares", sostuvo el ejecutivo.

Hernández agregó que a ello se suman los intentos de robo a camiones cargados con cobre; el robo que afectó al tren de Antofagasta que transportaba cátodos y el robo a cables de cobre, "en que los antisociales han demostrado mucha violencia y alto grado de organización".

"Hoy la sensación de inseguridad es inquietante y exigimos medidas urgentes para dar la confianza a nuestros trabajadores que están laborando en un lugar seguro. Esperamos que los niveles de delincuencia, que han aumentado en el país en los últimos tiempos, no nos afecten directamente y puedan las distintas operaciones mantener su continuidad operacional sin poner en riesgo a sus trabajadores frente a un escenario de violencia y delincuencia desatada", añadió el líder de Sonami.

Hernández mencionó que, en este escenario, el Gobierno decidió crear una mesa de trabajo para abordar el incremento de las acciones de delincuencia que afectan a la industria: "Es clave que la autoridad adopte las medidas necesarias para cautelar la seguridad en las operaciones mineras y el trayecto de los cargamentos de cobre y otros minerales, porque además del daño que ello infringe a operaciones de gran y mediano tamaño, se traduce en una mala señal para los inversionistas que se suma al alto grado de incertidumbre política y económica que vive nuestro país".

Alcalde amenazado

Este llamado de las mineras coincidió con las amenazas que recibió durante el fin de semana el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, quien denunció que afuera de su casa desconocidos pusieron una bomba simulada que imitaba entre otras cosas cartuchos de dinamita.

"Estoy ciento por ciento seguro de que es una amenaza. Yo creo que es crimen organizado o política organizada, porque en la política también hay criminales", dijo el jefe municipal a radio Biobío.

Sobre el panorama de seguridad en su comuna, la autoridad señaló que "estoy viendo que la gente no puede salir, por ejemplo, al centro de la ciudad después de las siete de la tarde, porque el centro está tomado".

"Quiero como alcalde que la gente se sienta tranquila. La gente que no puede salir, los motochorros, esas cosas no pasaban. El tema de seguridad no le corresponde a un alcalde, le corresponde al Estado", sentenció Velásquez.