Redacción

El ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, será investigado por la Fiscalía Centro Norte luego de que el Séptimo Juzgado de garantía de Santiago acogiera una querella en su contra presentada por el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval.

La acción judicial acusa al secretario de Estado del presunto delito de malversación de caudales públicos en la impresión de más de 700 mil ejemplares de la propuesta de nueva Constitución para repartir, lo que habría tenido un costo cercano a los 400 millones de pesos.

Según la acusación, la Segpres "puede utilizar y disponer de recursos solo para la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional". Sin embargo, el gasto se hizo cuando este órgano "ya no existía y por ende no es un gasto para su funcionamiento".

Enterado de esta querella, el ministro Jackson afirmó que "no solo nos parece que es un show triste en términos políticos, sino que constituye una instrumentalización tanto de tribunales de Justicia como también del Ministerio Público, con evidentes fines electorales".

Posible acusación

Pero ese no es el único problema que enfrenta Jackson, quien la semana pasada fue cuestionado por Contraloría por no respetar la prescindencia frente al plebiscito al ofrecer su cartera para recibir un acuerdo de reformas del Apruebo, y ahora podría enfrentar una acusación constitucional.

Aunque el ministro dijo que no ha pensado renunciar y ayer reiteró que está "absolutamente tranquilo" tras ser acusado de intervencionismo electoral, desde Chile Vamos admitieron a La Tercera PM que en la Cámara "hemos conversado" la posibilidad de acusar constitucionalmente a Jackson, dijo el subjefe de la bancada de diputados UDI, Sergio Bobadilla.

Mientras enfrenta el temporal, el secretario de Estado recibirá hoy las propuestas de los parlamentarios de la Democracia Cristiana que están por el Rechazo para el escenario en que esta postura gane en el plebiscito del 4 de septiembre y se tenga que iniciar un nuevo proceso: Ximena Rincón, Matías Walker e Iván Flores.

El Presidente Gabriel Boric junto a los ministros de Hacienda, Economía y Trabajo se reunieron ayer con los máximos líderes del gran empresariado, representados por los presidentes de Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, y de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Richard von Appen, para tratar el proceso que vive el país ante el plebiscito constituyente y el impacto en la economía.

Tras la reunión, Von Appen comentó que se transmitió la preocupación del mundo empresarial por los desafíos que enfrenta el país y la necesidad de reactivar la inversión, fortalecer el empleo y aumentar la productividad. Para ello la Sofofa entregó 15 propuestas que apuntan hacia esa dirección.

"Hemos hablado de una serie de reformas que se tienen que hacer, pero bien hechas, como la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma de pensiones, que es un desafío que tenemos como sociedad", expuso el líder empresarial.

"Estos elementos no bastan si no logramos fortalecer la cooperación público-privada en aspectos como la seguridad que están afectado a varias regiones y está teniendo un impacto en proyectos de inversión", agregó.

También subrayó la importancia de fortalecer el comercio exterior y aseguró que para avanzar en esos aspectos "se va a establecer una mesa para poder cada uno de los puntos para ir avanzando con Hacienda, Economía y Trabajo".

Ante ello, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que "coincidimos en que Chile necesita generar mayor cohesión social y en que eso requiere mayores recursos. Esos recursos provienen en parte de la reforma tributaria y otra parte del crecimiento, y para ese crecimiento tenemos que generar espacios de desarrollo e inversión".

En esa misma línea, el ministro de Economía, Nicolás Grau, explicó que, "el nivel de sintonía que tenemos es alta y eso es una buena noticia para el país porque llevamos más de una década de estancamiento en la productividad, y tener alta sintonía nos va a permitir avanzar en la inversión y productividad".

Uno de los fenómenos que se extiende poco a poco, sin que se advierta nada específico para controlarlo, es el de la violencia rural. Las quemas de camiones y otros actos semejantes están ocurriendo cada vez con mayor frecuencia fuera de la macrozona sur. Ha ocurrido en la región de los Ríos, ahora en O´Higgins.

¿Qué puede significar eso?

Desde luego -no vale la pena echarse tierra a los ojos- el fenómeno no es un caso de delincuencia común o de simple vandalismo. Parece ser un incremento más o menos sistemático -si bien todavía restringido- para desafiar al estado. No se explican de otra forma estos actos incendiarios y destructivos. Ellos carecen de cualquier utilidad inmediata para quienes los cometen salvo la de desafiar al estado.

Y eso es lo que les confiere particular gravedad.

Un delito común lesiona bienes muy importantes de la víctima; pero no pretende desmedrar al estado, ni disputarle el monopolio de la fuerza, ni deslegitimarlo. Pero los actos a los que, cada vez con mayor frecuencia estamos asistiendo, parecen tener por objeto demostrar a la ciudadanía (a las forestales, a los propietarios rurales, a los camioneros, a la gente de los barrios, etcétera) que el estado es impotente para defenderlos. Y eso sí que es grave, porque ocurre que el estado se legitima no ideológica ni moralmente, sino ante todo prácticamente: por la capacidad que tenga de evitar (para repetir aquí la cita famosa) que el hombre sea un lobo para el hombre. Nunca se insistirá demasiado en que el estado se legitima (es decir, se vuelve digno de obediencia) cuando es capaz de espantar la fuerza de las relaciones sociales. Pero si el aparato estatal se muestra incapaz de contener la violencia, si las personas quedan expuestas a la voluntad del más fuerte, del más cruel, del más audaz, del más fanático, entonces ¿para qué sirve el estado?

Una de las cosas más enigmáticas del tiempo actual es que mientras se ensalza al estado como distribuidor de diversos bienes y se subraya cuán importante es él para asegurar que las personas sean tratadas con igualdad (todo lo que está muy bien) se olvida la tarea más fundamental de todas: la de conferir seguridad. Sin esta última, sin que los ciudadanos sepan a qué atenerse, el resto de las tareas del estado se transforma rápidamente en una quimera.

Lo anterior es lo que los juristas quieren decir cuando afirman (pero en Chile esto parece de pronto haberse olvidado) que el derecho (para estos efectos es un sinónimo del estado) persigue un valor que le es propio y sin el cual deja de ser tal: la seguridad jurídica consistente en un esquema de relaciones sociales previsible y pacífico que permite que cada uno planifique su vida, salga a la calle, invierta o gaste o lo que fuera, con la certeza o la alta probabilidad que su plan de vida no será truncado por la violencia, ni su inversión o su esfuerzo reducido a cenizas.

Por eso Jeremías Bentham llegó a decir que la seguridad jurídica era la característica definitoria de la civilización, la diferencia entre la vida humana y la animal, puesto que ella es la única, dijo, que hace posible que la vida no sea la suma de instantes aislados en que cualquier cosa puede pasar, sino un decurso permanente que invita a trabajar y ahorrar, a planificar el futuro.

La justicia, la igualdad, la autonomía, son también valores muy importantes y es fundamental que la sociedad se esmere en alcanzarlos (y es lo que se ha estado discutiendo este año a propósito de la cuestión constitucional); pero todos ellos se transforman en embelecos o pompas de jabón si antes el estado no es capaz de asegurar el valor más básico de todos y el que es su tarea más específica: espantar el miedo al otro, excluir la violencia y brindar seguridad.