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ContradiccionesConversando con vecinos sobre la propuesta de nueva Constitución, surgió una pregunta que me quedó dando vueltas, ¿Cómo pueden pretender garantizar tantos derechos sociales si el Estado hoy ni siquiera es capaz de garantizar nuestra seguridad?
Todos los días hay un delito que nos conmueve en nuestra región: encerronas, asaltos, disparos, balas, heridos y fallecidos. La seguridad se ha transformado en la mayor preocupación de las chilenas y chilenos, y no solo eso, sino también la violencia y agresividad de quienes cometen los delitos.
Es paradójico: la propuesta constitucional consagra el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia y, al mismo, tiempo elimina el estado de emergencia, debilita las policías, se consagran una serie de derechos en favor de los presos, como el derecho a que mantengan comunicación con sus redes fuera de la cárcel y que no puedan ser sometidos a sanción de aislamiento o incomunicación (permitiendo que el crimen organizado siga operando dentro de las cárceles), y sin embargo, respecto a las personas que sufren delitos ni siquiera se aprobó la creación de una defensoría de las víctimas.
Lamentablemente, esta propuesta consagra los derechos en papel sin entregar las herramientas que permitan, realmente, garantizarlos.
Samira Chahuán Akle Fundación Pacto Social
Adultos mayores
Por todos es sabido que el rol del Gobierno es netamente informativo en lo que a plebiscito se refiere. No me voy a referir a lo que está haciendo todo el aparato público del Estado en este momento, si no que me voy a referir a lo que no está haciendo. Con preocupación veo que no están enfatizando en la obligatoriedad del voto y con aún más preocupación veo que no está el Gobierno en terreno, en las poblaciones, en los hospitales, en los centros urbanos, en centros comerciales, en juntas de vecinos y en clubes de la tercera edad haciendo algo tan sencillo como ingresar el rut de un adulto mayor para decirle y confirmarle dónde vota. Esto va a traer un problema tremendo, ya que muchos adultos mayores van a ir a su lugar histórico de votación y se van a dar cuenta que fueron cambiados.
Si bien es nuestra obligación saber dónde votamos, ¿le podemos exigir a un adulto mayor eso siendo que quizás no cuenta con la tecnología para ello? Después esa persona no va a ir a votar y le va a llegar una citación a su casa para comparecer ante un juez y va a recibir una multa. ¿No será mejor anteponernos a eso y exigirle al Gobierno que simplemente cumpla con su rol informativo?
Francisco Javier Lizana Aylwin
Inflación
Nuestro país registró la inflación más alta en 28 años, con 13,1% a doce meses. El índice de precios al consumidor, que logró mantenerse controlado por varias décadas, comenzó a subir debido a un panorama internacional recesivo y convulsionado, incertidumbre política interna y un alto gasto fiscal en periodo de pandemia.
El índice sigue la trayectoria de los últimos meses. Solo este año se ha registrado un incremento del 8,5% en los precios. Así, los precios de algunos servicios, en especial transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas, han aumentado considerablemente. En resumen, 10 de las 12 divisiones de la canasta básica subieron sus precios, exceptuando Vestuario y Calzado, además de Educación.
Según algunos expertos, el aumento del IPC es generalizado: 63% del total de productos en la canasta del IPC subieron de precio, destacando bienes transables, como alimentos y energía, acentuando el alza de sus precios respecto al mes anterior. Por otro lado, se señala que esta no es una crisis financiera, es una crisis productiva, es decir, que hay una desaceleración de la economía que golpea a la productividad, empleo e inversión, lo que genera una crisis inflacionaria.
El efecto más directo es que los precios de los bienes que consumimos los hogares están experimentando alzas que no veíamos desde hace casi tres décadas, afectando el consumo y a la inversión de los hogares.
Junto con lo anterior, estamos viendo una caída en los salarios reales, esto significa que el Banco Central seguirá subiendo la tasa de interés y, se esperaría, que el Estado gaste menos, afectando el crecimiento económico y la generación de empleos como consecuencia.
Manuel Cea Director Ingeniería en Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la UNAB