Después de las medidas llevadas a cabo por la toma ilegal de terrenos fiscales, sería oportuno observar el fenómeno, su extensión histórica y las causas que lo provocan, ya que es la única manera de generar hacia el futuro políticas públicas consistentes que destierren definitivamente la cultura de la irregularidad de las ocupaciones de terrenos de propiedad estatal.

En la región de Antofagasta, así como en todo el norte, el fenómeno de las tomas ha sido una conducta ampliamente extendida en el tiempo y en el territorio, que ha involucrado los suelos urbanos, los espacios industriales y balnearios. También, ha sido una conducta que ha permeado transversalmente a todas las capas sociales, una práctica que generó una acumulación de ocupaciones informales que posteriormente fueron regularizadas y urbanizadas por el Estado.

Como consecuencia de la Guerra del Pacifico, las enormes extensiones de territorios de la conquista del norte se transformaron en la más importante reserva fiscal en manos del Estado en todo el país. La necesidad de fortalecer el avance de la colonización, el desarrollo de la actividad salitrera, enfrentar los desplazamiento de población provocados por los ciclos de la minería, no siempre fueron procesos conducidos por una política del suelo consistente, que estuviera acompañada por capacidades regulatorias y burocráticas que permitieran encauzar por vías institucionales la colonización de los nuevos territorios, más bien lo que predominó fue la ocupación de hecho, informal y espontánea. El Estado vino después, un proceso histórico, económico y social de largo tiempo, que explica el origen y desarrollo de una extendida cultura de informalidad e irregularidad .

En época contemporánea, las políticas de gestión estatal del territorio regional han sido ambivalentes en sus enfoques, capacidades y principios según la época. Un aparato estatal, históricamente dotado de escasos recursos para administrar la reserva de suelo fiscal más importante del país. En unas épocas ha predominado la política del traspaso vía venta a particulares, como una manera de generar incentivos para el desarrollo de inversiones con diferente uso; en otras épocas, ha predominado el traspaso precario vía multiplicar los arriendos.

Esta última modalidad de ocupación, si bien destinada a resguardar el patrimonio fiscal de procesos de privatización irregulares, ha acumulado un stock de propiedad fiscal difícil de administrar, una figura que ha contribuido a la extendida fisonomía de precariedad.

Desplazar las tomas irregulares, requiere de una política del suelo fiscal integral, de acuerdo con objetivos sociales, económicos, urbanos y ambientales. Una política conocida por toda la comunidad, consistente en el tiempo, descentralizada, o sea decidida por los ciudadanos que habitan el territorio y no por Santiago.

Hace uno días, previo al inicio de la Cena de la Minería -actividad hito de cada año- se firmó un trascendental compromiso con la región. Se trata del acuerdo en que el sector político gobernante y el sector productivo se comprometen en desarrollar la estrategia minera regional con el apoyo de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), entidad internacional que ha trabajado con éxito similares desafíos en otras partes del orbe.

Este acuerdo tienen gran incidencia en lo que será el futuro de esta zona del país. Como es sabido la minería es el motor de la economía chilena y de la región que habitamos, por ende es posible imaginar o proyectar el futuro sin considerar ese aspecto productivo.

Nadie duda el gran aporte de la minería, pero también hay conciencia que en los procesos ocurren intervenciones que repercuten en las zonas donde están instaladas. Contaminación, uso de agua, daño a los territorios, alto costo de la vida, entre otras suelen aparecer cuando se habla de la extracción de minerales y todos sus procesos.

En ello, es fundamental buscar acercamientos entre la industria y las aspiraciones comunitarias para lograr un desarrollo sustentable. Y es allí que el apoyo de la OCDE será fundamental para que a través de su experiencia pueda guiar por los caminos por los que como sociedad transitemos y apostar por aprovechar todas las bondades que conocemos de ese sector productivo, minimizar su impacto y avanzar como una región sana, moderna y equitativa.

Están todas las herramientas para que así suceda y lo más importante están las voluntades de los involucrados lo que se vio plasmado en la firma del acuerdo que lo encabezó el Gobierno Regional y las mineras de la zona, junto a la Universidad Católica del Norte.

Se espera que en octubre llegue la primera delegación de la OCDE que trabajará en determinar las mejores fórmulas para poner en marcha la búsqueda de este plan que es un notable esfuerzo por lograr un desarrollo armónico en una región que tiene todos los potenciales para lograrlo.