Instalar una nueva institucionalidad como el gobierno regional en un país que es extremadamente centralizado es una tarea titánica. Hay que ir ganándole al sentido común, logrando que las personas dejen de hablar de gobernaciones dependientes del poder central, e ir posicionando la idea de que hoy existe una institucionalidad autónoma independiente que puede tomar sus propias decisiones.

Desde esa perspectiva y ya con un año de trabajo en el cuerpo, nos hemos ido dando cuenta que existen tres conceptos claves que nos han guiado, que orientan nuestro actuar y que van marcando las diferencias entre un gobierno subnacional versus la antigua gobernación provincial.

Escuchar. Para nosotros gobernar significa escuchar. Significa lograr abrir las puertas del gobierno regional para que todas las personas se puedan sentir parte de los proyectos, y sientan que el dinero que llega a la región se puede distribuir de una manera distinta y más equilibrada.

Es lograr una participación ciudadana tal que la gente sienta que hay un relato, una visión que los acompaña y que releva los grandes anhelos ciudadanos. Creemos que gobernar es incentivar la participación ciudadana, por eso hemos impulsado la creación del COSOC Regional, y hemos hecho cuentas participativas para explicar a la ciudadanía nuestra hoja de ruta y todo lo que hemos hecho. Gobernar sin duda es escuchar.

Proteger. En nuestra región hay varios elementos respecto a derechos sociales que no están garantizados. Da vergüenza ver cómo comunidades de Alto El Loa o de Atacama La Grande aún no consiguen agua potable con resolución sanitaria. O cómo el tema de la vivienda aún no es considerado un derecho y tenemos más de 26 mil familias que todavía abogan por tener el sueño de la casa propia.

Nos damos cuenta cómo el derecho a vivir en un ambiente seguro y libre de delincuencia es sobrepasado y arrastrado por esta ola de delincuencia que nos aflige. Gobernar significa proteger, y eso es garantizar los derechos básicos que toda persona se merece para vivir con calidad y autonomía. Por eso es que creemos que la función del gobierno regional, aparte de escuchar y entender las problemáticas de la ciudadanía, es también proteger y trabajar por una región en donde los derechos sociales sean una realidad para todas y todos.

Planificar. No solo de problemas vive la región, no solo de los grandes vacíos y demandas. Tenemos que ir proyectando la riqueza del futuro, cómo lograr que nuestra riqueza de nuestros cielos oscuros fomenten un desarrollo astronómico en donde la ciudadanía pueda ser parte. Ir generando una estrategia regional minera que nos permita ir conversando con las distintas mineras de igual a igual, y que nos permita ir diseñando un plan de acción y desafíos comunes, en donde las compañías mineras agreguen valor a los territorios.

Soñemos con una región innovadora, que sea capaz de dar el salto hacia el futuro diversificando su matriz económica y productiva. Hablemos de una región que se caracteriza por producir energías limpias, pionera en la generación del combustible del futuro como lo es el hidrógeno verde, o que seamos protagonistas de la electromovilidad.

Esos son los sueños para nuestra región. Una región distinta y diversa que no solamente se lamenta con lo que no tiene, sino que sea un territorio en donde nuestras niñas, niños y nietos puedan vivir felizmente. Tenemos un bonito y enorme desafío, y sepan que el gobierno regional está dispuesto a encararlo para generar una región en donde todos nos sintamos parte.

Nuevamente el tema migratorio se pone en la agenda noticiosa nacional. Esta vez son las expulsiones judiciales, las que buscan ser agilizadas con anuncios de modificaciones a la ley.

Es importante aclarar que el mecanismo ya ha sido utilizado, sobre todo en delitos relacionados a la ley 20.000 de drogas y todos los años se registran como una medida sustitutiva a las penas.

Si bien se trata de un beneficio para los condenados, es también uno para el Estado, debido a que muchas veces estos internos representan una gran carga para el sistema carcelario, sobre todo en las regiones del norte, donde el 45% de los internos son extranjeros y la mayoría de ellos está asociado a delitos de droga.

Pese a todas estas virtudes, en el contexto actual este tipo de medidas también son complejas, pues en muchos casos quienes son expulsados y pese a la prohibición de reingresar al territorio nacional durante un extenso periodo de tiempo, vuelven a traspasar la frontera de forma irregular. En ese sentido, la sola expulsión parece no ser suficiente y se deben ajustar acciones con otros países, de modo que el procedimiento no se traduzca en una especie de impunidad.

Pero independiente de los pro y los contra, es necesario enfrentar la temática y perfeccionarla, no desde el punto de vista de la mera coyuntura, sino como una modalidad que permita fortalecer y aprovechar de mejor manera los recursos en un sistema donde por lo demás nunca sobran.

Del mismo modo, es importante no dar un mensaje equivocado en cuanto a establecer comunicacionalmente a que todo ciudadano extranjero sea asociado a la delincuencia, sobre todo en momentos donde se busca ganar popularidad en la ciudadanía, tanto de uno u otro sector, ad portas de un plebiscito.

Solo un mínimo porcentaje de la movilidad internacional de personas esta asociada al paso irregular y por lo mismo las políticas migratorias deben ser abordadas con altura de miras, yendo más allá del sentir reactivo del ciudadano, sino del bien público a mediano y largo plazo.

Nos encontramos a una semana del plebiscito constitucional de salida. Sea cual sea el resultado, al día siguiente de esta fecha será fundamental seguir trabajando con nuevos bríos en favor de la unidad y del crecimiento del país. Han sido tiempos demasiado muy difíciles, marcados por el estallido social, la pandemia y luego por las incertidumbres provocadas en el proceso convencional.

Como Asociación de Industriales de Antofagasta tenemos plena conciencia del rol que cumplirá nuestra región en la nueva etapa. Lo hemos dicho tantas veces: nuestra principal actividad, la minería, no es solo un rajo o una mina subterránea, es un clúster dinámico y en pleno desarrollo, una familia de encadenamientos productivos directos e indirectos.

En este marco, tenemos la convicción de que el país debe avanzar en mejoras sociales importantes. Salud, seguridad social, educación, vivienda, entre otros, son algunas de las materias donde hay que innovar para satisfacer las crecientes demandas de las y los chilenos. En este sentido, el conjunto de la minería se ha manifestado disponible a buscar mecanismos para aumentar su contribución. Pero como país debemos generar y asegurar que esta industria se fortalezca y siga creciendo competitivamente para así alentar la inversión.

Por esto, el proyecto de Royalty propuesto por el Gobierno, tal como lo conocemos hoy, expone tasas desproporcionadas que impactarán duramente a la minería y terminará afectando el objetivo final de recaudar más. Tal como lo ha señalado el propio Ministerio de Hacienda, estarían dispuestos a hacer algunos ajustes, vía indicaciones. El desafío entonces para el Gobierno en este proyecto será buscar la compatibilidad entre la recaudación tributaria y la competitividad del negocio, manteniendo así el dinamismo e inversión en las regiones mineras, particularmente en la nuestra.

En Antofagasta un 61% de la fuerza laboral se desempeña directa o indirectamente en actividades de la minería, sector que constituye en torno a un 52% del PIB regional. Asimismo, el 54% de la producción de cobre chileno tiene lugar en nuestro territorio, junto con la mayor parte de la cartera de inversión minera para la próxima década: un 33% de los US$69.000 millones proyectados. Nuestra región es la principal productora de cobre del mundo y la segunda productora mundial de litio entre otras fortalezas de clase mundial.

Desde esta realidad, planteamos con conocimiento que el futuro crecimiento y desarrollo del país -empujado por la minería- requerirá un adecuado equilibrio entre los roles que juegan los privados y el Estado, ambos son muy necesarios y han construido una ruta de desarrollo conjunta que debe profundizarse desde el 5 de septiembre hacia las próximas décadas.

Marko Razmilic

Presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta