Jonathan Villella C.

En su visita a la región de Antofagasta, donde participó de la ceremonia de entrega de la planta fotovoltaica híbrida en la localidad de Quillagua, que dotará al poblado (a la comunidad aimara que reside ahí), de electricidad durante las 24 horas del día, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, conversó con El Mercurio de Antofagasta, para referirse al aumento de las ocupaciones ilegales en el país, donde la necesidad habitacional sigue siendo una de las razones principales de este tipo de ocupaciones. No obstante, comentó, también han comenzado a proliferar asentamientos irregulares que, como la Toma Vip, carecen de una real necesidad habitacional.

¿A qué atribuyen este aumento explosivo de la ocupación irregular de terrenos fiscales durante los últimos años? (Desde el 2019, las tomas crecieron un 73% en el país, según el catastro de campamentos 2020-2021).

-Hay una crisis habitacional que viene creciendo hace muchos años, se remonta también a la ausencia de una política del Estado, para abordar la necesidad habitacional y esto es un fenómeno que ha crecido particularmente del 2019, de manera más acelerada y que durante el tiempo de la pandemia, también aumentó, siendo una de las principales causas de las ocupaciones ilegales en terrenos fiscales, del último tiempo, aunque también hemos visto, a lo largo del país, que muchas de las ocupaciones ilegales, no tienen que ver con esa necesidad habitacional.

En la Región de Antofagasta existen más de 430 hectáreas de terrenos ocupados de manera irregular, el 75% terrenos fiscales. ¿Existe algún plan que busque subsanar esta situación, recuperar esos terrenos y cuánto podría tardar?

-Efectivamente, en la región tenemos amplios terrenos ocupados, estamos trabajando por un lado con la política más integral, más de fondo de abordar la crisis habitacional con el plan de emergencia del ministerio de Vivienda y para eso, como Bienes Nacionales, estamos colaborando con la búsqueda de terrenos, para construcción de viviendas sociales y también para campamentos de tránsito, también alinear nuestra política respecto de ocupaciones ilegales, con la política de campamentos del Minvu, obviamente eso es un desafío, de mediano plazo, el gobierno se ha puesto una meta bien ambiciosa, a nivel nacional que tiene que ver con la construcción de 260 mil viviendas sociales, pero sabemos que eso, si bien es ambicioso y muy significativo, sabemos que eso no es suficiente para la magnitud de la crisis, por lo tanto, la necesidad de una política más general, nos va a ir determinado algunas pautas.

Estamos desde el primer día, trabajando intensamente en colaborar con el plan de emergencia habitacional, y esto tiene que ver con apurar la transferencia de terrenos al Serviu, para la construcción de viviendas sociales, un llamado a las distintas instituciones que tienen terrenos que podrían servir para eso y por supuesto, alinear nuestras políticas, respecto de la ocupación ilegal, alineadas con las políticas de campamentos de Serviu. Y por el otro lado, tenemos ocupaciones que no responden a eso y por lo tanto tenemos que seguir avanzando con nuestro trabajo de fiscalización, de análisis territorial, que va a ser un desafío de mediano plazo y en los inmediato, tratando de actuar con inmediatez y urgencia, para evitar que sigan proliferando como es el caso de lo que hicimos aquí en el Huáscar, que es cuando las ocupaciones se están empezando a instalar, cuando aun son incipientes, poder actuar antes de que se consoliden.

¿Qué le pareció lo ocurrido con la Toma Vip? y ¿cómo poder acelerar los procesos de desalojo, considerando que esta toma comenzó a construirse en diciembre del 2021?

-Nos parece que es una situación lamentable, ya que tanto su ocupación y rápido crecimiento no tienen ninguna justificación, nos parece inaceptable y expresión de un privilegio que nosotros no vamos a tolerar, y por eso me parece muy bien el trabajo que se hizo desde el ministerio, con nuestra seremi y con la Delegación Presidencial Regional de poder desalojar y desarmar esa ocupación antes de que siguiera creciendo y siguiera consolidándose.

Intentamos intervenir lo antes posible, la primera notificación se hizo en diciembre del año pasado, había una solicitud de desalojo que no se ejecutó durante el gobierno anterior, y cuando nosotros asumimos y fuimos a fiscalizar en mayor, la ocupación ya había crecido a más del doble, entonces es muy importante actuar con celeridad, siempre estamos recibiendo denuncias y con las capacidades que tenemos, yendo a fiscalizar, y actuar de la manera más rápida, con las delegaciones presidenciales, que son las que tienen que ejecutar las órdenes de desalojo, pero vamos avanzando en la medida que podemos.

Juan López

Según diversos testimonios y catastros de los vecinos de Juan López, hay cerca de un 30% de las edificaciones en el Balneario, que serían de origen irregular, de personas que fueron de visita y nunca más se fueron o después volvieron para establecerse irregularmente ¿Qué se puede hacer en este caso, que habría que esperar?

-Juan López es un caso muy complejo, cuya problemática viene de muchos años. Desde el ministerio estamos trabajando, de hecho desde la semana pasada hicimos una fiscalización de ese sector, para revisar la situación, donde ministerio revisamos distintas situaciones y solicitudes que hay al respecto, pero hay un tema bien importante que tiene que ver con la actualización de plan regulador porque evidentemente nosotros como Bienes Nacionales, no podemos regularizar ni normalizar ninguna construcción que esté fuera de la normativa urbanística.

La falta de adecuación con la normativa urbanista y el plano regulador, excede las facultades del Ministerio de Bienes Nacionales y por eso es tan importante la coordinación con otras instituciones, en particular el municipio que tiene competencia sobre eso y luego nosotros, en la medida que haya urbanización o regulación de la normativa, poder llegar con las herramientas y los instrumentos del ministerio para efectuar distintos actos administrativos.

¿Qué tan factible es poder utilizar terrenos militares para la construcción de viviendas sociales?

-Es una conversación que estamos teniendo con distintas ramas de las Fuerzas Armadas, porque efectivamente hemos hecho un llamado a todas las instituciones del país, que tengan terrenos que sean buenos, que sean hartos, que estén bien ubicados y que no estén siendo utilizados, que sean puestos para disposición del plan de emergencia para la construcción de viviendas sociales. Un escenario donde en particular las fuerzas armadas pueden aportar bastante; es una conversación que estamos teniendo, en conjunto con el ministro de vivienda.

¿Existen terrenos dispuestos para proyectos de energía fotovoltaica o eólica en la región? ¿Cuántos recursos, podrían ingresar a la región por este sentido?

-Sí. En nuestro plan de licitaciones hay contemplados terrenos para licitaciones de energía renovable no convencional, actualmente tenemos varios procesos de licitación en revisión, pronto publicaremos el nuevo plan de licitaciones para el 2023, que contemplara también terrenos para proyectos de energía y tenemos en tramitación las solicitudes que fueron ingresadas para proyectos de hidrógenos verde en el marco del proyecto ventana futuro, donde la mayor cantidad de proyectos, son de esta región.