Defensa descarta uso de credenciales en juicio del caso "Narcofuncionario"
TRIBUNAL. En la apertura de alegatos, Fiscalía indicó que las pruebas con que cuenta la investigación darán cuenta de la organización de la banda delictual.
Tras casi diez meses desde la prisión preventiva de los imputados y de la investigación relacionada al denominado caso "Narcofuncionario" ayer, se dio comienzo al juicio oral de los cuatro imputados acusados por el tráfico de 23 kilos de estupefacientes, armas, municiones y en el que se vio involucrado un funcionario de la subsecretaria de prevención del delito y ex militante de Renovación Nacional.
En el auto de apertura ante el Tribunal Penal Oral de Antofagasta, la magistrado, Marcela Mejías, expuso los hechos por los cuales el Ministerio Público acusa a los imputados W.P.B (45), P.G.P (31), B.R.R (43) y C.O.B (38) por los cargos de tráfico de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego, municiones y receptación de vehículo robado. Todos en calidad de autores y en grado consumado.
En su alegato de apertura, la fiscal Claudio Vega sostuvo que a lo largo del juicio las pruebas testimoniales de quienes estaban a cargo de la investigación (OS7 de Carabineros) explicarán cómo se obtuvo la información que indicaba que el día 24 de octubre del 2021, los cuatro imputados viajarían hasta Iquique a buscar una importante cantidad de droga para transportarla hasta Coquimbo Los teléfonos de dos de los imputados en el caso, aseveró, se encontraban intervenidos.
"Al momento de la fiscalización W.P.B. mantenía amarrada a su cuello una credencial identificatoria como funcionario de la Intendencia de Antofagasta y en el torpedo del vehículo venía un logo de la delegación presidencial de Antofagasta lo que daba cuenta su clara intención de evitar la fiscalización policial ostentando que pertenecía a un servicio público. La fiscalización del vehículo personal policial logró detectar que el acusado transportaba 21 paquetes de marihuana que pesaron aproximadamente 22 kilos, dos armas de fuego adaptadas, además de municiones de distinto calibre", indicó la fiscal.
Para la abogada del Consejo del Defensa del Estado (CDE), Rocío Rojas, las pruebas con las que cuenta la investigación permitirá acreditar que los cuatro acusados son responsables de los hechos, con la agravante especial (contemplada en el artículo 19 letra d de la ley 20.000) que a la fecha de los hechos W.P.B. tenía la calidad de servidor público de la delegación presidencial de Antofagasta, cuestión que, además, permitió al CDE incorporarse como querellante en la causa.
"El acusado era efectivamente supervisor del programa de televigilancia móvil, en el marco del programa Calle Seguro. Siendo funcionario público para efectos penales conforma reza nuestro código penal y que ha sido respaldado por la jurisprudencia. Ejercía una función pública desde diciembre del 2018 fecha en la cual fue contratado y entre las funciones con las que desempeñaba, se encontraba a la prevención del delito y la recuperación de espacios públicos. Este programa era financiado con recursos fiscales desde los cuales se pagaban los honorario del acusado y con ello también se afectó el patrimonio estatal", sostuvo Rojas.
Defensa
Cabe indicar que para la defensa de W.P.B. la abogada Sara Tapia, indicó que el acusado ha prestado colaboración en todo momento, autorizando incluso tras la detención, el allanamiento del domicilio donde se encontraron otros 2 kilos de estupefacientes.
La defensa, sin embargo, cuestionó los cargos asociados a la tenencia de armas, así como también, al uso de distintivos gubernamentales que permitieran evitar la fiscalización policial.
"Se demostrará que mi representado no portaba ni la credencial del programa, ni el logo de gobierno a la vista. Además cuestionamos la figura de funcionario público porque creemos que su relación contractual con el programa de drones no cumplía con las características asociadas al personal que trabaja para el Estado", sostuvo.