Agencias

La violencia, los saqueos y las manifestaciones para forzar la dimisión del primer ministro de Haití, Ariel Henry, volvieron a marcar ayer la vida en un país en el que la situación se agravó a tal punto que varias embajadas cerraron su puertas y República Dominicana, país con el que comparten la misma isla, construye una cerca de separación en la frontera.

La capital haitiana y varias ciudades del país vivieron una nueva jornada de multitudinarias manifestaciones, cada vez más violentas y acompañadas de saqueos. Tanto empresas públicas como negocios privados fueron objeto de estos actos de pillaje.

Todas las actividades seguían paralizadas al cierre de esta edición, incluido el comercio, organismos públicos, bancos y transporte, y los actos de vandalismo se multiplicaban con barricadas ardiendo y locales y calles en llamas.

Legaciones como las de España, Francia, República Dominicana o Canadá, entre otras, permanecieron cerradas, aunque mantienen operativos los teléfonos de emergencia.

Incluso República Dominicana, cuya frontera con Haití afirma que "está asegurada", evacuó al personal civil de su embajada y consulados para proteger "la integridad física del personal", según un comunicado del Gobierno.

En Haití la situación se deteriora por momentos y amenaza con sumir al país más pobre de América en un caos, en especial desde que a principios de semana Henry anunciara el alza de los precios de los combustibles.

Las protestas antigubernamentales se multiplican con saqueos, lanzamiento de piedras, incendios y barricadas. Se debe sumar los recientes crímenes de dos periodistas que estaban reporteando las manifestaciones y de tres policías.

Las bandas armadas han causado ya la muerte de al menos 300 personas y la huida de la zona capitalina de unas 3.000.

Este jueves, una de las marchas en la capital estuvo encabezada por Jimmy Cherizier, alias Barbecue, jefe de la banda G-9 y uno de los criminales más temidos de Haití.

En las distintas manifestaciones en Puerto Príncipe se escucharon gritos como "Vamos al supermercado, Ariel Henry pagará", a modo de anuncio de los saqueos.

El principal botín es la comida, en un país donde más del 40% de la población sufre inseguridad alimentaria.

Se sumaron los incendios de instituciones como Cáritas o del Programa Mundial de Alimentos, organismos y oficinas públicas en Puerto Príncipe y algunas ciudades como Gonaïves.

Así, en la capital las dependencias de la televisión pública de Haití fueron saqueadas, los manifestantes se llevaron equipos y prendieron fuego al menos a tres vehículos.

A pesar de la intervención de la Policía Nacional, que lanzó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, el caos y la violencia eran incontenibles.

También establecimientos en la carretera de la zona capitalina de Delmas fueron objeto del vandalismo de unos manifestantes, furiosos, que amenazan con poner al país bajo fuego y sangre para obligar al Gobierno a dar marcha atrás en su decisión de aumentar el precio de los derivados del petróleo.

La anunciada subida agravará aún más la situación económica de una población que ya vive en extrema precariedad, lejos de servicios básicos como el agua, la electricidad y la salud.

El Gobierno de Ariel Henry ya ha aumentado dos veces en menos de un año el precio del combustible.

Haití atraviesa desde hace años una crisis sociopolítica y económica sin precedentes, marcada por el aumento de guerras entre bandas, ataques armados, asesinatos, robos, violaciones y secuestros.

La situación se agravó tras el magnicidio el año pasado del presidente Jovenel Moïse.

Todo ello ha incrementado aún más la miseria entre los habitantes de Haití, donde 4,9 millones de personas, el 43% de la población, necesitan ayuda humanitaria para poder vivir.

El "muro"

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, defendió ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la construcción de una cerca en la frontera con Haití, porque la crisis que sufre ese país es "una amenaza para la seguridad nacional" de los dominicanos.

"Nuestro Gobierno hará todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar la paz de nuestros ciudadanos. Por ello, hemos iniciado la construcción de una verja perimetral en las áreas más sensibles", dijo Abinader.

Además de la construcción de la cerca, iniciada en febrero, Abinader aseguró que prohibió la entrada a República Dominicana de individuos de grupos que "de manera deliberada" alteran la seguridad.

"Haití no puede esperar más, la situación actual se puede definir como una guerra de baja intensidad. Debemos actuar ya, miles de personas están muriendo", pidió.

El mismo día en que los republicanos recrudecieron su ofensiva migratoria con el envío de inmigrantes indocumentados a territorio demócrata, el presidente estadounidense, Joe Biden, contraatacó subrayando ante una audiencia eminentemente latina que esa estrategia "temeraria" los usa "como accesorios".

"Están jugando a la política con seres humanos, utilizándolos como accesorios. Lo que están haciendo simplemente está mal, no es estadounidense, es temerario. Tenemos un proceso en marcha para gestionar a los inmigrantes en la frontera", declaró el mandatario.

Biden se pronunció en la gala anual del Instituto del Caucus Hispano en el Congreso (CHCI), con una audiencia integrada por legisladores demócratas de origen latino y miembros destacados de esa comunidad en el país.

La oposición, recalcó, no debería intervenir en materia migratoria organizando esas maniobras políticas.

"Es hora de que los senadores republicanos se sienten en la mesa para facilitar un camino hacia la ciudadanía a los soñadores, a aquellos con permiso temporal, agricultores y trabajadores esenciales", añadió con la intención de "modernizar las leyes" para que esas personas no tengan que esperar décadas para poder estar de nuevo junto a sus familias.

Por ello, recalcó, la victoria demócrata en las legislativas del 8 de noviembre es crucial.

Este miércoles habían llegado a la exclusiva isla de Martha's Vineyard, en el estado de Massachusetts, cerca de medio centenar de inmigrantes, la mayoría venezolanos, enviados por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en protesta por la a su juicio inacción del Gobierno de Biden a la hora de hacer segura la frontera con México.

La mañana del jueves, esta vez en Washington, frente a la residencia de la vicepresidenta, Kamala Harris, hicieron lo mismo dos autobuses arrendados por el gobernador de Texas, el también republicano Greg Abbott, haciendo creer a algunos de ellos que viajaban para encontrar trabajo.

Biden ha intensificado sus intervenciones a menos de dos meses de esos comicios de medio mandato, en los que los demócratas se juegan el control del Congreso.

El cuarto y hasta ahora último detenido por el atentado frustrado contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue trasladado ayer ante la jueza del caso para ser interrogado.

Según explicó Gastón Marano, abogado del detenido, Nicolás Carrizo, su defendido, a quien se atribuye como prueba en su contra mensajes sospechosos en su teléfono, "no es un asesino de ninguna manera, va a quedar claro que no solamente es un laburante, sino que es un laburante que le daba trabajo a otras personas. En el marco de ese dar trabajo lamentablemente se ha cruzado o rodeado tal vez de las personas menos idóneas para tenerles confianza".

Carrizo es conocido en los medios como jefe de la "banda de los copitos", como se denomina al grupo de vendedores de algodones de azúcar -al que también pertenecían los dos primeros detenidos- que se colocaban en medio de las manifestaciones en apoyo a Fernández a las puertas de su domicilio que se dieron desde que el 21 de agosto un fiscal pidió para ella 12 años de prisión por presunta corrupción.

Durante una de esas concentraciones, el primero de los detenidos, el brasileño Fernando Sabag Montiel, se acercó a Fernández y apretó el gatillo dos veces a pocos centímetros de su cara, sin que saliera el disparo.