Testigos del hecho relataron que al momento de detener a Wladimir Pizarro Baltras, en el peaje Baquedano de la autopista Antofagasta, se identificó casi instintivamente. "Soy el de los drones", gritó reiteradamente a los efectivos del 0S7 que lo redujeron, junto a su sobrina. Eran cerca de las 1:00 de la madrugada del 26 de octubre del 2021, y el supervisor del programa de televigilancia móvil "Calle Segura", iniciativa estrella de la administración del gobierno de Sebastián Piñera en la región para el combate al narcotráfico y delincuencia, era detenido junto a otros tres integrantes, en un procedimiento que halló 23 kilos de drogas, y que incluyó la incautación de armas, municiones y vehículos robados.

La investigación judicial que derivó de ello, que sacudió la administración regional del ex delegado presidencial Daniel Augusto, y de gran parte de la militancia de Renovación Nacional, llegó a su final ayer, luego que el Tribunal Oral de Antofagasta condenara a Wladimir Alexis Pizarro Baltras a la pena de 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de tráfico ilegal de estupefacientes, a los que se sumaron, otros 3 años y un día de presidio, como autor del delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida y municiones.

La sentencia, dictada por el tribunal -integrado por las magistradas Marcela Mesías Toro (presidenta), Paula Ortiz Saavedra y Marisol Melgarejo Altura (redactora)- aplicó, además, a Pizarro Baltras las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; más el pago de una multa a beneficio fiscal de 40 UTM.

Colaboración

En el transcurso del juicio realizado a los cuatro imputados, dos de los aspectos más ampliamente debatidos, y que incidieron en la alta pena otorgada, fue la colaboración que el ex funcionario público habría prestado para el esclarecimiento de los hechos y la utilización de logotipos y credenciales identificatorios de la Delegación Presidencial Regional que realizó el ex supervisor para eludir la fiscalización policial.

Sobre el punto, en sus alegatos de apertura y cierre la abogada defensora, Cinthia Tapia, resaltó la facilitación voluntaria que otorgó Pizarro tras su detención para el registro de su vivienda donde se encontró cerca de cerca de dos kilos de estupefacientes. La abogada además cuestionó la calidad contractual de funcionario público, por cuanto, afirmó, solo era un prestador de servicios, sin responsabilidades administrativas.

Ambos argumentos, sin embargo, fueron descartados por el tribunal ya que, por una parte, las distintas declaraciones prestadas por el ex supervisor, contradictorias en su gran mayoría, desacreditaron la solicitud de colaboración sustantiva que permitiera facilitar la acción de la justicia.

Sobre la función pública que desempeñaba en la Delegación Presidencial, el fallo del TOP de Antofagasta hizo especial énfasis, por cuanto, los testimonios del personal del OS7, las acciones de vigilancia, las escuchas telefónicas y los registros fotográficos presentados al tribunal, llevaron a acreditar que Wladimir Pizarro sí portaba, y hacía alarde, de las credenciales institucionales.

"Es un hecho de la causa que varios oficiales vieron que Wladimir Alexis Pizarro Baltras llevaba la credencial al cuello y el logo del Gobierno Regional en el parabrisas del Hyundai Accent patente HFJG-42, de hecho el sargento Muñoz incautó dichas especies y por cierto está la escucha telefónica del 25 de octubre de 2021 a las 22:06 horas donde el propio acusado dice "tengo el logo pegao en el vidrio y la credencial colgá al cogote". De tal forma se demuestra, una vez más, que Wladimir Pizarro miente cuando declara en juicio que mantenía el logo y la credencial en la guantera", indica el fallo.

Cabe indicar que dicha situación configuró así una agravante especial al artículo 19 de la ley de drogas y terminó sumando un grado a la condena por tráfico de drogas que recibió el ex funcionario.

Otros imputados

En la causa, el tribunal también impuso condenas al resto de imputados que coordinaron y organizaron el traslado de drogas desde Alto Hospicio a Antofagasta. Bernardo Rojas Reyes, Cristián Orellana Báez y Pablo García Pacheco recibieron condenas de 5 años y un día de presidio mayor, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas, como autores del delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes.

Finalmente, Cristián Orellana -ex carabinero- deberá purgar 3 años y un día de presidio, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena y el pago de una multa de 5 UTM, como autor del delito consumado de receptación de vehículo y 541 días de reclusión, multa de 50 UTM, suspensión de la licencia de conducir por el plazo de dos años como autor del delito consumado de uso de placas correspondiente a otro vehículo.