Millonarios fondos que se registran manualmente en planillas excel, baja supervisión en terreno de las iniciativas y gastos no acreditados de recursos traspasados por casi 40 millones de pesos, fueron parte de los principales hallazgos de la auditoría que realizó la Contraloría Regional de Antofagasta a los fondos del 6% que, anualmente, dispone el Gobierno Regional.

El informe final del órgano contralor expone una serie de vulnerabilidades a los sistemas de control, supervisión y procedimiento de asignación de los recursos asignados directamente y que corresponden a fondos de interés regional para el ámbito de la cultura, deportes, seguridad y medioambiente del FNDR.

Asignaciones directas

La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los proyectos financiados con recursos del 6%, específicamente, a las asignaciones directas otorgadas por el Gore en los años 2020 y 2021, y cuyas rendiciones se encontraban ya aprobadas y tramitadas.

Cabe indicar que la materia analizada identificó que la asignación de recursos entregados en el año 2020 y 2021, y cuyos proyectos se encuentran cerrados, ascendió a $519.960.814 y $147.286.446, equivalentes a 17 y 2 proyectos, respectivamente. En atención a lo anterior, la CRR realizó un muestreo que determinó revisar 11 proyectos (9 del año 2020 y 2 del año 2021), por la suma total de $601.161.281, es decir, el 90% del universo de los recursos auditados.

Falta de procedimientos

A nivel de control interno, la auditoría subrayó las debilidades del control de los recursos. Así por ejemplo, de los más de 660 millones destinados entre el 2020 y 2021 para iniciativas de este tipo, el avance de cada uno de los proyectos se realizaba a través de una planilla Excel de acceso compartido entre los funcionarios de la división a cargo.

"El Gore no dispone de un sistema informático para el registro, control y seguimiento de los proyectos financiados con los fondos en análisis, situación que fue ratificada por medio de correo electrónico de 6 de mayo de 2022, donde se manifestó que utilizan una planilla Excel, donde manualmente se ingresa la información de los proyectos, que se encuentran en ejecución", sostiene el informe. La CRR instruyó un plazo de 60 días hábiles para arbitrar medidas que permitan disponer de un sistema informático de registro, control y seguimiento de los proyectos que se desarrollen con cargo a los recursos FNDR.

Al respecto Lizza Aravena, jefa de la división de desarrollo social del Gore, indicó que se encuentran trabajando en una propuesta para el 2023 que considera una plataforma virtual de trabajo para el seguimiento de los proyectos financiados con el FNDR, para las etapas de preinversión e inversión , "y así dar un mejor seguimiento a cada una de las iniciativas adjudicadas y sumarnos en este aspecto a la transformación digital que el Estado se encuentra realizando. Pero no solo estamos pensando hacia adelante sino que nos hemos cargo de apoyar a las organizaciones en el proceso previo y posterior a la adjudicación de fondos, mediante capacitaciones presenciales y telemáticas", sostuvo.

Reintegro de recursos

Sin embargo, una de las observaciones de mayor complejidad a la ejecución de los recursos, dice relación con la restitución de $39 millones de pesos cuyos gastos no fueron acreditados. La situación se deriva de la revisión de los antecedentes en al menos siete proyectos, la mayoría de ellos presentados por dos organizaciones no gubernamentales; Fundación Manos de Fátima (FMF) y Fundación Rerum Novarum (FRN).

En el caso de FMF, por ejemplo, el Gore otorgó la suma de $134.027.450 por el proyecto denominado "Gas y alimento para las familias de Calama, Taltal y caletas de Tocopilla". En la revisión efectuada por la entidad de control se evidenció que fueron rendidos como gastos por conceptos de "colación diaria", "transportes", "buzos desechables" y "guantes desechables" por la suma total de $8.504.769, asociados a 7 facturas, sin embargo, "no se aportaron antecedentes que permitieran acreditar la efectiva recepción de los servicios o bienes que habrían sido adquiridos, limitándose la entidad a adjuntar una planilla denominada "detalle parcial de gasto por ítem" y la factura asociada al gasto" detalla el informe.

Por lo anterior, la CRR instruyó un plazo de 30 días para remitir documentación que permita acreditar los gastos imputados, de lo contrario, iniciaría un proceso de juicio de cuentas al interior del Gore.

Cabe indicar que la adjudicación a las organizaciones Rerum Novarum y Manos de Fátima estuvo marcada por la crítica de parte del Consejo Regional del año 2021, por cuanto ambas instituciones no tenían presencia en la región, y FRN estuvo envuelta en un juicio por fraude al fisco por la falsificación de documentación ante el Gore de la Región de O'Higgins, el año 2014.

Al respecto, Aravena sostuvo que la actual administración debió asumir las iniciativas financiadas y ejecutadas en el periodo anterior. "De seguro pudo haber servido para una mejor supervisión, pero en lo que respecta a la administración del gobernador Díaz, el proceso de pre inversión considera la revisión de antecedentes de organizaciones y fundaciones que buscan adjudicarse recursos. El gobernador ha trabajado en transparentar estos procesos y en evitar que se vuelvan a repetir", sostuvo.

Falta de supervisión

De los 11 proyectos muestreados, se evidenció que el Gore no efectuó inspecciones en terreno para 6 proyectos, los que sumados alcanzan a $269.007.231, equivalentes al 44,7% del total de los recursos entregados. Cabe señalar que, para los restantes 5 programas, la repartición pública desarrolló sólo una fiscalización en terreno, según consta en las actas presentadas.

Ante ello, la CRR levantó una observación de mediana complejidad a fin de mejorar el sistema de control en terreno de los proyecto. Algo que para el consejero regional, Dagoberto Tillería, debería considerar el contexto en que se desarrollaron las iniciativas.

"Nos parece correcto que el informe apunte a la mejora continua del uso de los recursos públicos. Mientras más transparencia exista es mucho mejor para cualquier administración. Sin embargo, la Contraloría parece olvidar que esos proyectos se ejecutaron en pandemia y que los funcionarios del gobierno también tenían restricciones de movilidad y muchos se encontraban en teletrabajo. Me parece que hay que sopesar ese contexto porque afectó a toda la función del Gobierno Regional", precisó.

El senador de la Región de Antofagasta llamó a respetar el plebiscito de entrada y aseguró que los chilenos ya se pronunciaron que quieren una nueva constitución. Esto, tras el fuerte debate que se da por estos días, en torno a cómo continua el proceso constituyente.

"En lo personal, no creo que sea necesario un plebiscito de entrada, dado que mayoritariamente los chilenos ya se pronunciaron que quieren una nueva constitución, lo que se ha rechazado el 4 de septiembre es el texto que propuso la convención", afirmó el parlamentario.

Araya indicó que es partidario que la nueva propuesta constitucional sea redactada por ciudadanos electos, donde prime la paridad, presencia de independientes y escaños reservados para pueblos originarios, con fórmulas que se deben discutir y en las cuales exista una debida representación.

El diputado José Miguel Castro (RN), integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, presentó iniciativa legislativa que busca crear "un tipo penal específico para el robo de cobre" con el objetivo de "poner en marcha las medidas concretas que busquen detener este hecho delictual, el que no sólo conlleva violencia en las cosas, sino que además una violencia en las personas que trabajan y de alguna manera se vinculan en alguna parte de la cadena de transporte o guarda".

Castro recordó algunos de los últimos casos de asaltos en la zona producido en mayo a trenes del FCAB. "En lo que va del año, solo esta empresa ha sufrido 15 robos de cobre, lo que ha sido más de 50 toneladas sustraídas y cuyo avalúo supera los 500 mil dólares", señaló.