El Corredor Bioceánico Vial (CBV) que conectará a Brasil, desde el Estado de Mato Grosso do Sul, con los puertos del norte de Chile, pasando por Paraguay y las provincias de Salta y Jujuy, en Argentina, casi tímidamente vuelve a la actualidad en nuestra región, luego de un lapso en que parecía olvidado. Por ejemplo, el Gobernador Regional de Antofagasta lo analizó extensamente en un programa periodístico de medianoche, en un canal nacional, anunciando un gran evento en Antofagasta para noviembre próximo, donde se reunirán las mesas técnicas y posiblemente el grupo de trabajo cuatrinacional que ha estado a cargo de la gobernanza del CBV en su fase de construcción, además de los Gobernadores de los distintos estados subnacionales y municipios comprendidos en su recorrido. Incluso podría realizarse una rueda de negocios, para incentivar las ofertas y demandas entre los propios integrantes del Corredor y empezar a mostrar lo que pueden ofrecer a los mercados internacionales del Asia Pacífico.

Mientras tanto, sigue sin descanso la construcción de la ruta en el Chaco Paraguayo y se inicia el tendido del puente que unirá a Paraguay con Brasil, conectando a los puertos de Carmelo Peralta y Porto Murtinho, únicas obras importantes que falta terminar y que estarían listas a fines del 2023. Tanta es la importancia que el CBV tiene para el Paraguay que el Ministro de Obras Públicas, que ha liderado su construcción, recientemente fue designado candidato a la Presidencia de la República, para las próximas elecciones en ese país. En cambio, quizás porque en Chile no ha sido necesario realizar ninguna obra vial u otra infraestructura para este CBV, aquí pareciera que está paralizado y hasta había disminuido el interés por superar las brechas que tenemos, tanto para llegar a ser efectivamente el hub logístico de conexión con los mercados del Pacífico para todo el centro oeste sudamericano, como para sacar el mejor provecho regional de esta opción de diversificación y desarrollo.

Para lograr esto último falta una mayor coordinación de los sectores públicos con el privado, para llegar a poner al CBV en la agenda de producción, de innovación y de productividad, no sólo en el norte de Chile, sino también en el noroeste argentino y en el Chaco paraguayo, ya que el mayor interés -conocido hasta el momento- proviene de Brasil.

Parece necesario realizar en la región un proceso de análisis, del sector público con los empresarios, la comunidad organizada y el área universitaria, con diversas mesas de trabajo que analicen -actualizadamente- la realidad y las proyecciones de este Corredor Vial, según las expectativas, aspiraciones y proyecciones, considerando los resultados de los últimos estudios que se han realizado respecto a costos de transporte y factibilidad de participar en cadenas regionales de producción y de agregación de valor para materias primas agropecuarias de las regiones por donde pasa el Corredor.

La falta de educación cívica es una de las mayores críticas que hemos escuchado en el último tiempo, asociada precisamente a los bajos índices de participación electoral en Chile. El fenómeno vivido en el último plebiscito, donde sufragaron más de 13 millones de personas, nos demuestra la importancia e impacto que tiene en la democracia cuando la ciudadanía participa en masa y percibe que lo que está en juego es importante.

El voto voluntario debutó en Chile en el año 2012 (alcaldes y concejales), con una inmediata disminución en la participación de más de un millón de votos, versus el anterior proceso similar con voto obligatorio (2008), un efecto que se fue acrecentado cada vez más. Las presidenciales de 2009 contó con casi 7 millones de votos (sistema obligatorio), mientras en el 2013 dejaron de participar casi un millón de personas, pero con el atenuante que la cifra disminuye a pesar de que aumenta de forma permanente el padrón. O sea, por más gente que esté habilitada para participar, votaban siempre los mismos, con tendencia a la baja.

Votos más o menos, una máxima irrefutable indica que una menor participación afecta a la democracia y su representación. Por otro lado, una elección es la principal instancia en la que la ciudadanía puede hacer valer su opinión, con efectos que son fundamentales para su presente y futuro.

Muchos podrán decir que son las instituciones las que deben motivar e incentivar a que los ciudadanos participen y no imponerles involucrarse en su destino, pero ¿no es lo mínimo que se le puede exigir?, concurrir cada cuatro años a elegir a sus autoridades.

El volver a instaurar el voto obligatorio generará un efecto que buscará impulsar el hábito y compromiso, siempre y cuando se mantengan las sanciones para quienes incumplan con ello. El resultado del último plebiscito buscaba generar un cambio profundo en el país y nadie imaginó el resultado obtenido. Si bien las encuestas se inclinaron por una opción, ningún partido o sector imaginó un resultado tan contundente, que no dejó lugar a dudas sobre qué querían y que no querían los chilenos. La población habló y lo hizo fuerte, algo que tuvo efectos inmediatos en el ejecutivo, quizás ese efecto no se habría conseguido con un voto voluntario.

Pero lo anterior también presenta desafíos relevantes, principalmente para los partidos políticos. Primero, el voto obligatorio no es una medida que por arte de magia vaya a solucionar los problemas que tiene nuestro régimen político y por ello es fundamental que los partidos busquen conquistar a los electores y retomen su necesario lugar en la sociedad, como una institución primordial para el desarrollo de la democracia. Segundo, con un voto obligatorio automáticamente aumenta el padrón en 4 millones de personas aproximadamente, lo que lleva a los partidos a salir de su zona de confort, de contar siempre con un voto ideológicamente ya conquistado.

Esto requerirá que los partidos mejoren su 'oferta' programática y de candidatos para conectar de mejor forma con las necesidades y demandas de la gente, algo para lo que por cierto tendrán más recursos, pues un incremento de votos va de la mano de un alza de lo anterior.

De lo contrario, comenzaremos a ver un crecimiento de votos nulos o blancos y quizás lo que es peor, un aumento de votación para candidaturas populistas, que en su mayoría capitalizan la frustración de una población insatisfecha o bien prometen aquello que la gente necesita escuchar. sin ninguna responsabilidad.

Sergio Escobar Jofré

Académico escuela de Gobierno y Comunicaciones UCEN

Hace poco menos de una semana que se conoció la condena del funcionario de seguridad de la Delegación Presidencial Regional, en la administración pasada, y que formaba parte de una banda de narcotraficantes. La pena de 13 años fue ejemplarizadora y tuvo como agravante que se valió de su condición de servidor público para intentar eludir los controles policiales y cumplir con el traslado de estupefacientes.

Del fallo se puede desprender que la Justicia evaluó que quienes ostentan ese tipo de cargos deben responder a estándares distintos a los de un ciudadano común. Se entiende que deben ser probos y no aprovecharse de sus funciones para fines personales y menos delictivos.

Hasta hoy no se conoce pronunciamiento público de quienes lo presentaron y eligieron para ese cargo de alta sensibilidad ciudadana, sin tener la preparación y el expertiz necesario. En su momento se supo que ser parte de un partido político le sirvió para escalar hasta la supervisión del Programa de Televigilancia "Calle Segura" que utilizaba alta tecnología, como un sofisticado dron, para cumplir con sus misiones de seguridad.

Obviamente que nadie de antemano pudo pensar que al contratarlo tenía o que más adelante tuvo nexos con el narcotráfico. No obstante, hay ciertas condiciones, parámetros y especialidades que debieron ser analizadas antes de decidir su incorporación a dicho programa.

No bastaba su militancia, tenía que estar profesionalmente capacitado y pasar por un acucioso análisis para saber si estaba en condiciones para las funciones que debía cumplir.

No es el afán de seguir condenándolo o ahondar en su desgracia, pero aquí hay quienes deben reconocer errores y pedir disculpas a la comunidad, porque se estuvo a un punto de concretarse la comisión de uno de los delitos que más socavan a la sociedad.

Sin dudas, que este triste episodio tiene que servir de experiencia y de una vez por todas seleccionar de mejor modo a los servidores públicos. Puede estar bien que tengan afinidad política con el gobernante de turno, pero no es suficiente. Tienen que haber filtros distintos y profesionales idóneos para las distintas funciones.

Cuesta porque es una práctica instaurada en nuestro sistema y ni siquiera quienes dijeron que llegarían a limpiar la política la han podido cumplir a cabalidad. Ello no debe mellar en que quienes gobiernan se rodeen de los mejores, tal vez de su espectro, de su sector político, pero que no esa condición no sea la principal como sí las capacidades técnicas para hacerlo.