"Preocupante". Así definen las autoridades locales respecto a las últimas cifras de seguridad públicas pertenecientes al sistema STOP, que dieron cuenta de un incremento sobre el 100% en muchos delitos como robo con violencia a las personas, homicidios, o delitos sexuales.

Al respecto, la delegada Karen Behrens dijo ayer que "la realidad es que, según el STOP de Carabineros, estamos dentro del promedio de aumento de delitos del nivel nacional, que es del 50% de aumento. Sin embargo, esto es preocupante. Y no solamente es necesario preocuparse, sino que ocuparse respecto de los problemas".

Sin embargo, Behrens indicó que "estamos tomando las medidas que corresponden a los planes respecto al crimen organizado, delitos comunes, que enfrentan a la población al temor de ser víctima de los delitos. Y por eso estamos realizando, y estaremos realizando, las acciones pertinentes". Y aseguró que se han realizado operativos y patrullajes en distintas poblaciones de la comuna y la región.

Pero más allá de las cifras, los últimos días se han registrado graves delitos y situaciones que solo remarcan el sensible contexto que se vive en la Región de Antofagasta y también en el país. Es así, por ejemplo, que la pauta ha sido tomada por noticias de portonazos, encerronas, e incluso amenazas y extorsiones a una familia antofagastina de supuestos miembros del grupo delictivo venezolano "Tren de Aragua", denunciado el martes por el diputado Sebastián Videla (IND-PL).

"Tardía reacción"

La escalada sostenida de los crímenes de mayor connotación social no es algo nuevo. La exministra de Interior, Izkia Siches, comprometió en julio de este año la inyección de más de $2 mil millones destinados a robustecer las policías en la región para combatir el crimen organizado, además de un incremento de 12 profesionales para fortalecer al Ministerio Público de la macrozona norte.

Para el consejero de la provincia de Antofagasta, Fabián Ossandón (IND- P. Radical), quien además preside la comisión de Seguridad Ciudadana y Pública del Consejo Regional, declara que "es tremendamente lamentable que la delincuencia siga ganando terreno en la provincia y en la región completa. Se requieren estrategias y medidas efectivas de corto y mediano plazo para frenar la comisión de delitos. Nuestra gente merece vivir segura y con calidad de vida".

Además, señala que "lo que constatamos por nuestro trabajo en terreno dan cuenta que los anuncios y los recursos comprometidos por la exministra no han tenido los efectos que la comunidad espera".

"Evidentemente hay un problema grave de seguridad pública que afecta al país y a nuestra región. Lamentablemente las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior y sus respectivas delegaciones no han sido del todo eficaces", comenta Ossandón.

"Al observar la gravedad actual de nuestra región en tema de seguridad ciudadana, pública y aumento de hechos de connotación social, es imposible que como Gobierno Regional se nos limite solo a ser una entidad financiera de las políticas entorno a seguridad", acota la consejera Carolina Moscoso (PDG), resaltando que "como GORE se ha tomado la iniciativa un organizar un trabajo coordinado con las policías y DPR para dar respuestas a los sectores más vulnerables".

Para la consejera de El Loa, Sandra Berna (DC), quien también forma parte de la comisión, la situación de inseguridad y violencia "se salió de los casilleros".

En la misma línea, el consejero Dagoberto Tillería (UDI), también representante de Antofagasta, critica que "todavía no se ven resultados concretos en seguridad, debido a la tardía reacción de la Delegación y el Gobierno Regional. Recién se pronunciaron previo al plebiscito de septiembre, coordinando y creando instancia con las instituciones correspondientes".

El gremialista recalca que "lamentablemente este Gobierno siempre se opuso a los proyectos de seguridad en apoyo a Carabineros, y recién hoy han tenido una reacción en favor a este tema prioritario".

Optimización

Con todo, el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, explica que "la tasa de aumento de delitos es regional, y en este momento es superior a la nacional. Eso hay que señalarlo con creces. Sigue siendo tan preocupante y angustiante que las tasas que se han experimentado en las regiones de Tarapacá y Arica. No olvidemos que esta última tuvieron que hacer una optimización de las fuerzas policiales -tanto Carabineros como PDI- para ir a apoyar a la persecución del delito".

Pero, con respecto a lo anterior, el jefe comunal recalca que en Antofagasta "no se ha tomado ninguna decisión de optimización. Ninguna. Entonces, cuando uno ve este tipo de datos, por supuesto que preocupa. Como Municipalidad -y también los alcaldes a nivel nacional-, estamos bastante angustiados, porque de acuerdo a nuestras facultades, nuestra función es colaborar y apoyar en prevención, pero no en la persecución del delito. Eso está en las delegaciones presidenciales y provinciales".

Su par de María Elena, y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta (AMRA), Omar Norambuena, complementa que "se anunciaron una gran cantidad de recursos, pero los cuales no hemos visto ningún peso. Ni en proyectos, ni en programas, ni nada que vaya a resolver el tema que no solo está ocurriendo en la región, sino que en Chile".

Del mismo modo, el alcalde afirma que "los temas que pusimos en la última reunión sostenida, en la cual estuvieron todos los actores (PDI, Carabineros, Gobierno Regional y seremis), quedamos en acuerdo en que, si no había una mejora o un avance con respecto a la entrega de esos recursos, pedíamos para la Región de Antofagasta es un estado de excepción. No para prohibir los horarios de atención en los sectores públicos, sino que hubiera un mayor control en los puntos estratégicos como son ingresos a la región a través de El Loa, y también por el lado sur de Taltal", además de controlar la situación de "migrantes que están en la calle, y aquellas personas que desarrollan delitos menores".

Los problemas tanto dentro como fuera de la cancha no están ni cerca de terminar para Club de Deportes Antofagasta. Ayer mediante un oficio, la Municipalidad de Antofagasta dio un plazo de dos días a la dirigencia del club para que abandone las instalaciones del estadio Calvo y Bascuñán.

Esto, por la deuda vigente entre la institución y el municipio que data desde el 2015 a la fecha, por motivo de consumo de agua potable, electricidad, uso de la cancha de entrenamiento n°2 y sus respectivas instalaciones.

"Por tal motivo se solicita a ustedes hacer abandono de las instalaciones antes detalladas en un plazo máximo de dos días hábiles una vez recepcionado el presente documento", indica el texto.

En el oficio con fecha 28 de septiembre de 2022, agregan que "de igual manera se requiere que los encargados del club se acerquen al municipio a regularizar la deuda existente ya que mientras esta situación se mantenga, la municipalidad se reservará el derecho a otorgar la autorización para el arriendo del recinto".

Recordemos que durante esta semana el propio alcalde Jonathan Velásquez señaló a un medio online (Timeline.cl) que el municipio iniciaría acciones legales en contra del club antofagastino por los montos adeudados.