El conflicto que arrastran desde hace varios días Club Deportes Antofagasta y el alcalde la comuna Jonathan Velásquez escaló ayer a un nuevo nivel, el que puso en vilo la localía del equipo "Puma" para los partidos que le restan de cara a la recta final del Torneo Nacional.

Y es que tras la solicitud de desalojo (mediante un oficio con fecha 28 de septiembre) de las instalaciones que actualmente utiliza el equipo local en el Estadio Calvo y Bascuñán, esto por una supuesta deuda de más de 200 millones, la directiva "Puma" respondió a la autoridad comunal interponiendo en la Corte de Apelaciones un recurso de protección con el propósito de dejar sin efecto el requerimiento de abandono, además de un recurso de no innovar, este último ante la amenaza del edil de no arrendar la cancha principal en caso de no saldar lo adeudado.

Pese a ello, el tribunal rechazó la solicitud de no innovar presentada por el abogado de Club Deportes Antofagasta, Marco Antonio Díaz, lo que significa que los "Pumas" no podrán utilizar el Estadio Regional Calvo y Bascuñán para los próximos encuentros.

Debido a esta resolución, es que el cuadro antofagastino deberá buscar otro recinto deportivo para enfrentar a Palestino este sábado.

"No vamos a prestar el estadio este fin de semana, que busquen una cancha", declaró el edil tras enterarse de las acciones legales iniciadas por la directiva del club.

Pero sus declaraciones no se quedaron solo en palabras. Y es que en una inédita acción Velásquez ordenó a personal municipal cerrar con candados los accesos del recinto de calle Angamos. Sin embargo, lo que no contaban, es que al interior había personas que están trabajando para el club, por lo que la dirigencia tildó la maniobra como un supuesto "secuestro".

En declaraciones a medios nacionales, el alcalde de la comuna manifestó que "no van a poder utilizar ninguna dependencia más, acabamos de poner candado. No creo que la justicia nos obligue a tener que arrendar un lugar municipal que es nuestro".

El abogado de Club Deportes Antofagasta y exintendente, Marco Antonio Díaz, se refirió a la medida adoptada por el municipio señalando que "los contratos y relaciones no se acaban simplemente por alguien lo ordena por redes sociales. Creemos en la institucionalidad, las cosas se deben hacer como corresponde. Lo que nos parece más grave es que se condicione el uso para rematar lo que es el resto del campeonato Plan Vital (…) Además que se haga de manera extorsiva, con términos y condiciones y dicen que no se nos arrendará esa cancha, ante esas dos situaciones, realizamos un recurso de protección".

El representante legal del club también indicó que "se hacía absolutamente necesario recurrir a la Corte porque tenemos un compromiso el día sábado y con la orden de desalojo, necesitábamos a garantizar al club, a su hinchada que en momento deportivos tan complejos, puedan hacerse presentes".

Respecto a la deuda, el abogado explicó que "la idea es generar la cuota que efectivamente le corresponde al club. Hay una diferencia en el monto de la deuda, más allá de empezar a negociar a través de los medios, es que podamos sentarnos con un criterio técnico".

También se refirió al supuesto acuerdo que anunció el alcalde Velásquez por redes sociales el viernes pasado. "No hubo ningún acuerdo".

Anfp

Desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) cuestionaron el procedimiento adoptada por el jefe comunal "para evitar que el Club de Deportes Antofagasta (CDA) continúe utilizando el Estadio Regional Calvo y Bascuñán".

"La ANFP rechaza el actuar del edil de Antofagasta, quien instaló un candado en las puertas del recinto deportivo, encerrando a once funcionarios del club por más de una hora en el lugar, entre los que se encontraban miembros del Cuerpo Técnico, preparadores físicos y otros trabajadores", señalaron a través de un comunicado.

En esa línea, el ente rector del fútbol nacional manifestó su apoyo al club antofagastino y llamaron a las partes a "una pronta solución al problema, en beneficio de la ciudad y sus hinchas".

Respecto al recursos de protección presentado por la dirigencia "Puma", este fue aceptado por la Corte de Apelaciones y desde la municipalidad tendrán un plazo de 15 días para entregar los antecedentes justificativos de sus alegaciones.

El pasado 30 de agosto, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) informó la aprobación del nuevo Programa de Cumplimiento (PdC) presentado por SQM en septiembre de 2021 para subsanar las infracciones detectadas en sus operaciones en el Salar de Atacama. El programa, que incorpora todas las observaciones que levantó el Primer Tribunal de Antofagasta en su sentencia dictada en 2019, involucraría una inversión record de $46 mil millones.

Propuesta que tras un periodo de análisis fue rechazado por las comunidades atacameñas de Coyo y Peine que individualmente presentaron recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, argumentando que en el sector es necesario asegurar "la debida protección de la garantía constitucional consistente en la igualdad ante la ley, del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y del derecho de propiedad", lo que está consagrado en la Constitución.

Consejo de Pueblos

En paralelo, el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) ingresó una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental que fue declarada admisible el viernes recién pasado. Sobre la acción, el abogado Sergio Chamorro explicó que "evidentemente no compartimos el programa, en lo principal porque el Tribunal Ambiental observó, revisó y ponderó las metas y acciones propuestas por SQM y consideró este carácter de incerteza científica y de aplicar el principio preventivo ambiental".

"Por eso también concurrimos las 18 comunidades, deliberando en asamblea, deciden concurrir al Tribunal Ambiental para que vuelva a revisar este Programa de Cumplimiento y porque demás hemos observado, prácticamente, cada una de las metas y acciones propuestas que carecen de mucho análisis metodológico e incluso la misma resolución de la Superintendencia señala que las acciones carecen de una línea metodológica y de estructura del diseño", agregó.

El profesional del CPA, informó también que lo más probable es que durante esta semana el Consejo se haga parte, como tercero coadyuvante, de los recursos de protección presentados por las comunidades atacameñas de Coyo y Peine.

El Programa

El PdC de SQM Salar aprobado por contempla 52 acciones y medidas presentadas para subsanar las infracciones detectadas por la SMA, cuyo procedimiento sancionatorio se inició en noviembre de 2016, luego que la Superintendencia detectara seis infracciones en dicha operación de la minera, donde se constató la sobre extracción de salmuera; afectación de algarrobos; entrega de información incompleta a la autoridad; no contar con un Plan de Contingencia para el sistema Peine; la no realización de estudios de meteorología local y regional y monitoreo de variables hidrogeológicas; y la modificación de las variables consideradas en los Planes de Contingencia.

Entre las medidas propuestas está una reducción escalonada del límite máximo de extracción de salmuera hasta llegar a 822 l/s a partir de 2027, un poco menos del 50% de la extracción autorizada; y una reducción del caudal total de agua industrial a 120 l/s, equivalentes a una reducción del 50% del caudal autorizado.