Redacción

El Presidente Gabriel Boric defendió ayer la importancia de aprobar la reforma tributaria que ingresó su Gobierno al Congreso Nacional, destacando que la iniciativa permitirá combatir la desigualdad que el Gobierno esgrime como uno de los motivos que originaron el estallido social de 2019.

Durante la inauguración de la feria Edifica, organizada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el Mandatario abordó el tema tras escuchar las preocupaciones que planteó el líder de ese gremio, Antonio Errázuriz, sobre la iniciativa.

Durante su exposición, el presidente de la CChC afirmó que reconoce el compromiso de La Moneda con superar el déficit habitacional, pero afirmó que ha caído la inversión y planteó temores respecto de lo que pueda ocurrir al respecto con la reforma tributaria.

En su discurso, el jefe de Estado indicó que "me tomo la referencia indirecta que se hace a la reforma tributaria. Nosotros tenemos la convicción de que para que Chile pueda crecer es necesario que tengamos una sociedad más cohesionada".

"Para eso, en la medida en que avanzamos en crecimiento económico, paralelamente tenemos que avanzar también en mayor equidad en la distribución del ingreso", agregó y recalcó que "la reforma que hemos planteado, como ha sido ratificado también por la OCDE, está justamente en esa línea. Es una reforma ambiciosa, pero que está siendo trabajada con conjunto con diversos sectores".

En ese contexto, sostuvo que "no nos olvidemos de lo que nos pasó en Chile hace tan poco, es un malestar que sigue aún latente, en donde como usted bien decía, Antonio, se requieren cambios estructurales, pero serios. Hemos escuchado de manera clara el mensaje de nuestro pueblo. Estamos trabajando fuertemente en la reactivación económica del país y parte importante de la Ley del Presupuesto va justamente en esa dirección".

Boric apuntó igualmente que esos cambios que plantea parte de la base de "que no sean dogmáticos, cambios estructurales que se hagan cargo de enfrentar las profundas desigualdades que tiene Chile con la vista puesta en el empleo, en el crecimiento y también en mayor igualdad para nuestro país".

El Presidente añadió que "yo creo que podemos combinar ambas cosas y si lo trabajamos en conjunto, sin dogmas entre el sector público y el privado, no me cabe duda que lo vamos a lograr sacar adelante".

En lo que se refiere directamente al tema que lo convocó a esa cita en compañía de los ministros de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y de Obras Públicas, Juan Carlos García, reafirmó, en relación a materias de vivienda, el compromiso por cumplir la meta de 260 mil viviendas durante su periodo: "Sabemos que es una meta ambiciosa, pero con la colaboración del sector público y privado, lo vamos a lograr".

Haciendo un enlace entre ambos temas, la vivienda y el fin de las desigualdades, el Mandatario valoró que el foco de la Feria Edifica "sea abordar esta brutal crisis habitacional y, también, la voluntad que veo en el gremio se ha demostrado no solamente en esta instancia y no solamente en Santiago, sino también, y principalmente, en regiones".

Cuatro militares resultaron heridos ayer luego de que desconocidos atacaron con piedras y otros proyectiles la División de Ingenieros del Ejército, cuya ubicación cercana al Internado Nacional Barros Arana (INBA) lo ha convertido en permanente objeto de este tipo de agresiones cuando se desarrollan desórdenes en las afueras del liceo santiaguino.

Tras ello la ministra de Defensa, Maya Fernández, anunció que el Gobierno, a través del ministerio del Interior, interpondrá una querella por el ataque.

La secretaria de Estado llegó hasta el edificio atacado para entregar su respaldo y conocer in situ lo ocurrido. Tras la visita, declaró que la situación "es inaceptable, en nuestra democracia no pueden ocurrir estos hechos. Son muchos los ataques durante este año".

La visita fue valorada por el general Jean Pierre Iribarra, comandante de la División de Ingenieros del Ejército, donde principalmente trabajan civiles, que señaló desde marzo de 2022 han sufrido 67 ataques.

"Lo de hoy fue una violencia que no veía hace mucho tiempo. Llegó un momento en que pasaron la línea de lo común, eso yo lo encuentro de gravedad", dijo el coronel Juan Esteban Retamal, en cuya unidad hubo que responder a la violencia con chorros de agua, pero con una manguera, antes de que llegara Carabineros.

Uno de los acontecimientos de esta semana fue el que se desató a propósito del anuncio -no fue más que eso- que el gobierno iniciaría un debate a fin de permitir el aborto sin causales.

De inmediato se dijo que un propósito como ese, estando pendiente el debate sobre la cuestión constitucional, no era razonable: la obstaculizaba, la entorpecía. Insistió en ello un político habitualmente racional y equilibrado, Javier Macaya, quien llegó a decir que insistir en este momento en el tema del aborto era una provocación, sobre todo si se tenía en cuenta, agregó, que el Rechazo había sido motivado en muchos casos por la forma en que en la propuesta de consagraba el derecho a la vida.

¿Tendrán razón quienes así piensan?

Bien mirado, no la tienen.

Porque ocurre que el aborto sin indicaciones o causales (salvo, es de esperar, el plazo para practicarlo) forma parte del programa gubernamental que la mayoría aprobó al dar el triunfo al presidente Gabriel Boric. Y del hecho que hoy esté en debate la cuestión constitucional (como consecuencia del fracaso de la Convención) no se sigue que ese programa haya perdido validez, deba derogársele, que el gobierno deba cesar, o que el presidente deba abandonar los propósitos con los que, no hay que olvidarlo, concitó la adhesión de la ciudadanía. Por el contrario, lo razonable es esperar que el gobierno se esfuerce (otra cosa es que lo logre) por llevar adelante su programa a la vista del cual fue, después de todo, electo.

Pretender, en cambio, que porque la cuestión constitucional está en debate o porque se está deliberando acerca del mejor modo de resolverla, el gobierno deba paralizarse, dejar en suspenso sus propósitos, o privarse de someter al juicio de los órganos democráticos las ideas que juzga mejores, es simplemente absurdo.

Durante todo el transcurso de la fracasada Convención se insistió una y otra vez en que se incurría en un error cuando se confundía un texto constitucional con un programa de gobierno. Un texto constitucional, se dijo hasta el cansancio, debe expresar el consenso básico acerca de las reglas del juego político y los límites del poder; pero ser más bien magro, o incluso mudo, acerca de la agenda gubernamental. Se cometía entonces un error, se repitió varias veces, cuando se pretendía instalar un determinado programa en el texto constitucional o cuando se empleaba el debate constitucional para gobernar.

Pues bien. Hoy día -cuando se sostiene que someter a debate la cuestión del aborto obstaculiza el debate o la solución constitucional- se incurre en el mismo error, solo que al revés.

En efecto, si durante el último año quienes obtuvieron la mayoría en la Convención intentaron, mediante el debate constitucional, imponer una determinada orientación gubernamental arguyendo que habían triunfado, que el pueblo les había conferido ese poder, hoy día los sectores de derecha arguyen que porque triunfó el Rechazo al que ellos adhirieron, el gobierno no puede llevar adelante las ideas por las que fue electo, como si el plebiscito de salida hubiera sido un mecanismo de recall, una forma de remover al gobierno, o de cancelar su programa. Se trata de otra forma (la forma inversa a la que hasta ayer se criticaba) de confundir la cuestión constitucional con la cuestión gubernamental.

El hecho que el propio gobierno haya incurrido en esa confusión por boca del Ministro Jackson, o del propio Presidente, no debe llevar a insistir en ella. Porque de ser así y de llevarla al extremo, se alteraría gravemente la distribución de competencias al interior del estado transfiriendo el poder gubernamental a las fuerzas políticas que en el Congreso disciernen hoy el proyecto constitucional.