Alejandro Ahumada R.

Un nuevo vuelco y, de paso, un fuerte revés a la decisión de la administración municipal, desató la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, al acoger el recurso de reposición que interpuso la sociedad anónima deportiva controladora de Club de Deportes Antofagasta y que en la práctica, ordenó dejar sin efecto el decreto de desalojo de las instalaciones del Estadio Regional Calvo y Bascuñán que dictó la Municipalidad de Antofagasta, el 28 de septiembre pasado.

"Atendido los nuevos antecedentes que se acompañan a la presentación, que por lo demás son de conocimiento público y notorio, considerando que el fondo de la discusión planteada dice relación con eventuales vías de hecho que se pretenden evitar, que el rechazo inicial de la orden de no innovar primitiva no justifica la adopción de otras vías de hecho y, en ese contexto, los nuevos antecedentes permiten concluir de que no accederse a la reposición pudiese dificultarse en su momento el cumplimiento de lo que se resuelva (…)", consignó el fallo de la segunda sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Juan Opazo, Eric Sepúlveda y el abogado (i) Gabriel Sánchez.

Recuperar localía

Con ello, el complejo panorama deportivo por el que atraviesa el club, parece, en parte despejado. Al menos en el corto plazo, sostienen, la institución podrá hacer de local en el Estadio Regional de Antofagasta. Para el abogado representante, el exintendente Marco Antonio Díaz, la resolución de la Corte permite allanar un camino de solución con la actual administración municipal.

"Lo importante es que la resolución hace referencia a lo que dice el recurso de reposición y es sobre el uso de la cancha N°2, de las instalaciones y de la cancha principal. La orden de no innovar solicitaba el permitirnos el libre tránsito en todas esas instalaciones. Jurídicamente no hay dudas al respecto. Quien quiera entenderlo de otra forma, se arriesga al desacato y a las sanciones que tiene el desatender las órdenes de un tribunal de la República", indicó Díaz.

La incertidumbre que planteaba el conflicto llevó a la ANFP a reprogramar el duelo de que los antofagastinos tenían previsto con Palestino para el próximo 15 de octubre. Para Díaz, otro de los aspectos que ayudó a despejar la resolución, es que la vista del fondo del recurso de protección, que dilucidará los alcances de la relación contractual entre la Municipalidad y el club deportivo, se realizará una vez terminado el torneo lo que asegurara la localía del CDA en el Calvo y Bascuñán en las últimas cuatro fechas del torneo.

"Para nosotros es de trascendental relevancia porque permite mientras se tramita el recurso de protección, proyectar el cierre del campeonato, donde quedando cuatro fechas, tres las jugamos como local. Este fallo nos permite planificar con mayor tranquilidad esos partidos decisivos. Y nos permite llevar tranquilidad a nuestro plantel profesional", sostuvo.

Concejo municipal

En paralelo al fallo de la Corte, la situación también fue abordada ayer en el pleno del Concejo Municipal donde diversos concejales solicitaron mayor información respecto a la denuncia realizada por el alcalde Jonathan Velásquez.

Uno de los aspectos, más discutidos en la sesión fue la forma en que la municipalidad cuantificó la deuda de arrastre por el pago de consumo de agua y luz (la que alcanzaría los $300 millones), uno de los aspectos más relevantes en el cuestionamiento a la gestión de la institución deportiva.

Sobre ello el director jurídico, Marcelo Pizarro, defendió la reserva sobre aquellos antecedentes que resultarían claves en la estrategia judicial.

"Es importante señalar, que hay un juicio en curso. Tenemos 15 días para informar. Hay elementos técnicos que debemos salvaguardar por el bien de los intereses municipales. Empezar a señalar todas la aristas de este caso en esta audiencia pública, no me parece adecuado, como director jurídico", señaló.

Más allá de la controversia, al interior del concejo se evidenció una crítica transversal a a la escasa responsabilidad de la sociedad anónima deportiva en el cuidado y mantenimiento de las instalaciones del complejo deportivo.

Para la concejala Norma Leiva, la situación deja al descubierto además, la falta de supervisión y control público en el principal recinto deportivo del país.

"Denota una falta de fiscalización tremenda de todos los actores que eran responsable de este contrato y porque las instalaciones s del estadio se usen como corresponden. No me parece que una sociedad anónima quiera lucrar con bienes fiscales y no estemos atentos a las fiscalizaciones y que además provoquen una situación de abuso de confianza en el uso de estos bienes. ¿Qué beneficio entrega a la comunidad esta sociedad anónima?. Espero que ambas partes, por intermedio de buenos oficios, puedan solucionar el tema y logren un acuerdo beneficioso para la comunidad", indicó.

"Quien quiera entenderlo de otra forma, se arriesga al desacato y a las sanciones que tiene el desatender las órdenes de un tribunal de la República".

Marco Antonio Díaz, Abogado CDA