Redacción

La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que el Gobierno presentará un proyecto para crear el "Estado de Resguardo y Protección", iniciativa que busca reemplazar las solicitudes de estado de excepción constitucional de emergencia en la Macrozona Sur.

La propuesta buscará entregar mayores aportes a las policías para el trabajo de seguridad y también dar impulso al desarrollo social, con foco en las comunidades rurales e indígenas.

En su exposición, la jefa de gabinete afirmó que "el estado de excepción es una herramienta puntual, pero si no está inserta en una estrategia mayor va a ser solo un alivio transitorio y superficial a los problemas que tenemos en la zona. Enfrentar y aislar la violencia, ambas cosas".

La secretaria de Estado explicó que "enfrentarla es desactivar las acciones violentas, pero aislarla es tomar medidas también para prevenir que se extiendan o que se sigan multiplicando los grupos que tienen agenda violenta, sea con propósitos políticos o sea con propósitos de delincuencia común".

Tohá añadió que el Ejecutivo entregará esta propuesta a cada uno de los parlamentarios para lograr el apoyo político y poder aprobarlo a la brevedad.

El proyecto debe traducirse en una reforma a la Constitución que se refiere a "un nuevo formato de estado de excepción", dijo la ministra, quien añadió que se buscará que "vengamos a esta sala en periodos más distantes, en principio 60 días" ya que actualmente se debe renovar la autorización del Congreso cada dos semanas.

Esto no quiere decir que el Gobierno deje de rendir cuenta al Parlamento, aclaró, sino que "entremedio tengamos informes a comisiones que definamos, que podrían ser Defensa y Seguridad, donde se les entregue información completa de lo que se ha hecho".

Oposición abierta

Tras el anuncio de esta iniciativa, el diputado Miguel Mellado (RN) adelantó que hay disposición a conocer la fórmula, pese a que asegura que todo se debe a que el Gobierno quiere evitar seguir pidiendo votos a su coalición.

"El Gobierno ha deslizado que esta es la última extensión del estado de excepción. Cada vez que hay una extensión tiene que ir de rodillas ante la izquierda extrema, rogarle por sus votos para hacer la extensión", criticó en radio Biobío.

"Hay otro estado de excepción que está pensando el subsecretario, donde no tenga las restricciones de movilidad que estamos dispuestos a conversarlo, parecido al proyecto de Infraestructura Crítica", adelantó el parlamentario, en referencia al proyecto que se cayó en su último trámite y buscaba algo similar a lo anunciado ayer por la ministra Tohá.

Autoridades de Gobierno anunciaron ayer la creación de un "plan especial" para fiscalizar las carreras clandestinas. La noticia se da tras la agresión que sufrió el domingo el sargento Carlos Retamal -quien se encuentra en "extrema gravedad" y con lesión neurológica "muy compleja"- en medio de un control a una de estas competencias ilegales en San Antonio.

Al respecto el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, expresó que "actos como este son absolutamente intolerables e impresentables en cualquier democracia. Nuestro apoyo no solamente se basa en palabras, tal como nuestra ministra del Interior lo ha destacado estando presente, acompañando no solo a la familia, sino que también a Carabineros".

El representante del Gobierno recordó que "lanzamos un plan especial en ocho comunas de la zona oriente para fiscalizar motocicletas y semanas antes en la zona sur de la RM para vehículos, calles y autopistas. Ahora iniciaremos un plan especial para la fiscalización de carreras clandestinas".

Vergara añadió que "tenemos identificados más de 100 puntos a lo largo y ancho de todo este país donde hay denuncias, donde tenemos información que estos hechos ocurren y partiremos por ahí usando la información disponible, multiplicando los recursos que muchas veces son escasos, pero maximizando lo que tenemos".

En el anuncio también participó el titular de Obras Públicas, Juan Carlos García, quien sostuvo que "como Gobierno condenamos la violenta agresión al sargento Retamal, que estaba trabajando para resguardar la seguridad de chilenos y chilenos".

Por lo mismo agregó que "las medidas legislativas como Gobierno también se traducen en acciones concretas. Así como celebramos el respaldo de la ley para condenar las carreras clandestinas, como Gobierno pondremos a disposición toda la fuerza de tarea que ya tenemos para que la infraestructura que hoy tenemos en el país también esté al servicio para atrapar a aquellos que infrinjan en este delito".

¿A qué se deberá que la aprobación del presidente Boric vaya a la baja, según lo acaba de poner de manifiesto la última encuesta Cadem? Esa disminución, en números que ya eran malos, merece algún análisis porque el presidente es un político con carisma, con cercanía, atributos que, en otros momentos, es cosa de recordar a Bachelet, eran más que suficientes para concitar el apoyo o al menos para evitar una baja que amenaza ser estrepitosa.

Pero ahora parece que eso no basta.

¿Qué puede ocurrir entonces?

La respuesta se encuentra en alguna de las varias dimensiones -se pueden mencionar al menos tres- que constituyen a esta actividad humana que se llama política.

La política es, por una parte, una forma de ejercer el poder. Y cuando se alcanza la cúspide, que no es otra cosa que el control del aparato estatal, ella supone saber usar del medio específico del estado -la fuerza- para impedir que esta última se enseñoree en las relaciones entre los particulares. Junto con ello, y a veces al mismo tiempo, la política es una forma de proveer beneficios. La gente que es gobernada espera que quien gobierna provea bienes que de otra manera no podrían alcanzar. Esto, por supuesto, nunca se espera que sea logrado de inmediato, pero al menos ha de haber planes y proyectos que permitan avizorar que en algún momento se logrará. Planes y programas que hagan plausibles las promesas, las frases. Y, en fin, la política es una actividad de reconocimiento. La gente espera del político que reconozca las diversas trayectorias vitales. Es esta la más vieja pulsión de los seres humanos: que el valor que cada uno atribuye a su trayectoria, sea reconocido por los demás.

Pues bien, ocurre que en ninguna de esas dimensiones el gobierno del presidente Boric lo está haciendo muy bien. Hay matices, desde luego; pero el desempeño hasta ahora no resulta auspicioso.

Desde luego, en el plano de la seguridad, o, dicho de otro modo, en lo que concierne a manejar y preservar el monopolio de la fuerza en manos del estado, no cabe ninguna duda que el gobierno es moroso y lento, y lo que es peor: algunos de quienes hoy gobiernan fueron alguna vez complacientes con quienes disputan la fuerza al estado o comprensivos, con variados argumentos sociológicos o morales, con aquellos que delinquen. Incluso hoy día esa complacencia conceptual con la violencia (étnica y delictual, por llamarla así) se mantiene y ello impide que sus esfuerzos en esta materia sean creíbles para la ciudadanía.

En el plano de la provisión de bienes la situación tampoco es muy distinta. Hay frases y declaraciones más o menos genéricas propias del debate parlamentario; pero, salvo la reforma tributaria que para la mayor parte de la gente es incomprensible, no hay proyectos de ley o de políticas públicas que sean tangibles para la ciudadanía. La gente no espera frases ni condenas, espera acciones y programas precisos.

Y, en fin, se encuentra la cuestión del reconocimiento. Este plano es quizá el mayor causante de las dificultades que experimenta la aprobación presidencial. Brindar reconocimiento exige conferir validez a las trayectorias vitales de la gente; pero el gobierno, y el presidente insisten en presentar a las grandes mayorías como abusadas, timadas, defraudadas por las élites en los últimos treinta años (el revés de eso es presentarse ellos mismos como sus redentores). Es muy difícil que la ciudadanía juzgue bien a quien deroga el valor de un tiempo en el que la mayoría abandonó un pasado proletario y se incorporó a la adquisición de bienes y la expansión del consumo. Las mayorías se sienten orgullosas de esa experiencia. No se sienten víctimas.

El presidente puede criticar una modernización incompleta, pero sin lesionar el valor que las personas asignan a su trayectoria vital durante los años en que ella se desplegó. Quizá aquí está la clave para ganarse de vuelta el apoyo de la ciudadanía.