Redacción

En una ceremonia de Carabineros a la que asistió la ministra del Interior, Carolina Tohá, la representante del Gobierno confirmó que presentarán una querella por el artefacto explosivo colocado en las dependencias del Grupo Angelini en Las Condes, pero que no detonó.

"Como Ministerio del Interior tomamos contacto desde el primer día con la Fiscalía elaborando una querella", afirmó la titular de la cartera.

Luego dijo que "el análisis preliminar indica que va a ser por control de armas y artefactos explosivos que es el tipo de querella que nos ha dado más resultados en casos similares".

Sobre el grupo que manifestó ser el artífice de este artefacto, apuntó que "ahora en relación a grupos que se adjudican estos hechos eso es parte de la investigación, que es secreta, por lo tanto no hay antecedentes comprobables en la materia ni se pueden comentar".

Armas automáticas

Por otro lado, Tohá fue consultada por sus palabras sobre las armas automáticas y que eventualmente Carabineros las utilice: "Arranca de una polémica bastante falsa porque Carabineros dispone de distintos tipos de armas definidas según procedimientos que les toca hacer y las armas automáticas se ocupan para ciertos procedimientos".

"No tenemos una temática o problemática respecto a las armas de las que disponen Carabineros. Sí tenemos otras necesidades, más protección para las policías, más tecnologías que apoyen en la investigación, mejores vehículos, más colaboración de otros organismos para que en conjunto seamos más efectivos en la prevención y persecución de los delitos. Ahí están las solicitudes de los Carabineros", explicó.

Para sellar el tema, sentenció que "no ha estado en la agenda un cambio en esa materia".

Supuestos artífices

Luego de que el jueves fuera encontrado el artefacto explosivo en las dependencias del Grupo Angelini en Las Condes, un grupo autodenominado "Fracción Autonómica Cristian Valdebenito - Nueva Subversión", se adjudicó el suceso mediante un comunicado.

"La noche del 19 de octubre, a tres años de la revuelta atacamos con dinamita la empresa SerCor ubicada en la comuna de Las Condes, específicamente en el edificio 150 de Av. El Golf", comenzaron señalando.

Luego explicaron que "SerCor S.A es una empresa del centro corporativo del Grupo Angelini que ofrece asesorías y apoyo a directorios de empresas para el desarrollo administrativo de sus negocios capitalistas. SerCor está bajo el control de AntarChile que es una sociedad mayor de inversionistas, también perteneciente al Grupo Angelini, y que gestiona activos por más de 20.000 millones de dólares".

Apuntaron a empresas forestales y salmoneras que "tienen un piso en particular en el edificio que hemos atacado. Representan agencias claves para la consolidación del sistema neoliberal y extractivista, desde antes de dictadura hasta la actualidad".

Por otro lado, le dejaron un mensaje al Ejecutivo: "Vemos cómo el Gobierno de Boric está siendo cómplice de la ratificación del TPP-11, que sin duda les entrega mayores atribuciones legales a las empresas de AntarChile. Este Gobierno es parte de alianzas establecidas por FA, PS, PPD, PC, quienes, en su momento en conjunto con la derecha, le hicieron un cortafuegos a la revuelta de octubre con la apertura a un pacto constitucional, y que ahora está volviendo al mismo curso, con un nuevo proceso constituyente entre los grupos dominantes concertacionistas".

"Negamos de este proceso que partió y culminó siendo un fracaso, centralizando las luchas a niveles de discusión burocratizantes en el que la espera y el reacomodo económico es el dulce más sabroso", complementaron.

Por último, negaron un posible vínculo con el sujeto que envió artefactos explosivos a Óscar Landerretche y Louis De Grange, Camilo Gajardo, que fue condenado a 45 años de prisión el miércoles.

A pesar del fracaso constitucional reciente y un cierto retraso en las negociaciones para el nuevo proceso, las puertas para la construcción de un necesario orden sociopolítico con legitimidad de origen siguen abiertas. En la historia chilena del siglo XX, dicha legitimidad fue esquiva. La Crisis del Centenario, con un país que iniciaba su proceso de modernización y urbanización, ocasionó poderosas movilizaciones que demandaban un orden institucional adecuado a los nuevos tiempos. El origen de la Constitución de 1925 estuvo, sin embargo, demasiado cubierto de facticidad: intervenciones militares, clausura del Congreso, plebiscito con opciones dirigidas y una dictadura militar que duró hasta 1931. La falta de legitimidad de origen de la Constitución de 1980 es aún más radical. Fue diseñada en interiores, sin participación, en un entorno de represión y ratificada por un plebiscito sin garantías electorales. De esta marca, la Constitución de 1980 nunca pudo liberarse, por mucha reforma y símbolo democrático que se le adosara durante su ejercicio.

El proceso iniciado por Bachelet en 2016 abrió un espacio histórico para diseñar un orden constitucional con legitimidad de origen. Ese proceso, la discusión pública que generó, el Acuerdo de noviembre de 2019, la elección de la Convención Constitucional, su trabajo y su fracaso, forman parte de esa misma apertura. Si bien hoy aparecen voces que sostienen que el 62% cerró la puerta del momento constitucional, lo cierto es que inauguró una fase de conversaciones para que una nueva instancia diseñe una propuesta no refundacional que se someta, tanto en su dinámica como en su contenido, a la deliberación pública y las urnas. El rechazo no fue un punto final, sino una coma en la historia de la legitimidad de origen de este proceso.

Previo al plebiscito de salida, un amplio espectro político, incluida buena parte de la derecha, concordó en el agotamiento del orden constitucional actual, sobre todo en lo que respecta a su legitimidad de ejercicio y de resultados. Seguramente para parte del 62%, la institucionalidad creada en 1980 entregó resultados valorables respecto de generaciones anteriores: acceso a bienes, educación profesional, trabajos independientes, expectativas de ascenso social. Pero la legitimidad de ejercicio siempre sembraba dudas. Las reformas a la Constitución de 1980 no lograron asegurar los avances de la población. La educación profesional corría con el peso de las deudas en un mercado laboral exhausto, el trabajo independiente cargaba con la competencia desleal y la tramitología, las expectativas de ascenso se encontraban con el trato desigual y la incertidumbre de la vejez. Hoy tenemos más conciencia de esto, pero para transformar esa conciencia en institucionalidad, se requiere un nuevo orden constitucional. Uno con legitimidad de origen y con una institucionalidad que promueva el ejercicio libre e igualitario de derechos, y que apoye de manera robusta los resultados que individuos y colectivos han alcanzado en las últimas décadas.

La dilación en las negociaciones por la nueva Constitución puede tener varias lecturas, entre ellas la resistencia de unos y la conveniencia de otros. Pero después de la tormenta invernal del rechazo no es posible permitir que una brisa primaveral cierre las puertas a una nueva constitución. Eso sería un fracaso mayor que el de la Convención Constitucional y una predicción de que en pocos años volveremos al mismo lugar de insatisfacción.

*Investigador Centro de Estudios Públicos.

Ayer sábado el Ministerio de Agricultura aceptó la renuncia de Rubén López, seremi de la cartera en la región de Tarapacá, y asumió como subrogante Natalia Ortega Osses, ingeniera forestal de la Universidad de Chile, que es la Directora Regional a nivel local. A través de un comunicado en la página oficial, en la cartera indicaron que "agradecemos su compromiso, valoramos y respetamos su decisión".

Aunque en el texto no señalan los motivos para la renuncia, la decisión llegó justo después de que se descubriera que un funcionario de la Seremi era líder de una banda de tráfico de drogas que se desbarató en Aysén.

La fiscalía de la región y la Policía de Investigaciones desbarataron una red de narcotráfico internacional que operaba en Chile y detuvieron a 9 personas, entre las que se encuentran un exmilitar, un ex PDI, tres extranjeros, tres ingenieros y Adolfo Sáez, de 44 años, nacido en Argentina y funcionario a honorario de la seremi de Agricultura de Tarapacá.

Según Transparencia, su función específica era "apoyar en calidad de experto en materias logísticas y de administración" y participar en reuniones con CONADI.

Su honorario total bruto era de $823.944 como "experto en Materias Logísticas y Administrativas", comenzando a prestar servicios el 8 de agosto de este año.

Pero además de su trabajo en la seremi de Agricultura de la región de Tarapacá, Sáez ya era conocido por su labor política en la zona.

En 2016 fue candidato a concejal por la comuna de Iquique, representando al en ese entonces existente partido Poder Ciudadano. En los comicios obtuvo 77 votos, con un 2,95% de preferencias.

Según informó el fiscal Carlos Palma, de Aysén, a la banda le decomisaron más de 19 kilos de cocaína en diferentes lugares, los que serían vendidos en Coyhaique, Puerto Aysén y otras zonas aledañas.

Aunque ayer fueron formalizados ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, la sesión se suspendió.